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Derecho a crear, derecho a estudiar

José Carlos Mahía

13.06.2016

En la esquina de mi casa hay una panadería, es de esas típicas de barrio, que todas las mañanas te tienta con sus aromas, cada vez que puedo compro una tarta de coco con dulce de leche, por lo bajo puedo decir que les queda espectacular.

Como yo, la gente pasa y compra el pan de cada día, a nadie se le ocurre no pagar por el pan, bizcochos, roscas o tartas de la panadería, por más que tenga necesidad o simplemente ganas de comerlas.

Por qué porque todos sabemos que ese pan que compramos tiene harina, sal, levadura, tiempo para que leude la masa, horno y sobre todo el trabajo del panadero que todas las madrugadas se levantan a laburar.

En todas las panaderías de barrio pasa lo mismo y a nadie se le pasa por la cabeza, ante la necesidad de pan, llevarse uno o cortar unas rodajas e irse.

Bueno, con el trabajo intelectual muchas veces cuesta entender que la labor del escritor, del músico,  también lleva muchísimo esfuerzo, que muchas veces se trata de una obra colectiva y que, a diferencia del pan, además, una obra puede demorar años en realizarse.

Simplemente, como el panadero tiene derecho a vender su pan y cobrar por él, el creador tiene el mismo derecho a hacerlo, porque se trata ni más ni menos que de su creación.

Bien vale recordar la frase de Imilce Viña: "no hay pan sin canto".

Hace pocas semanas la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que modifica las normativas vigentes sobre el Derecho de Autor, el objetivo del mismo es facilitar "el acceso de los estudiantes a los materiales de estudio".

Las intenciones del proyecto de ley las compartimos plenamente, pero no tal cual salió la redacción del proyecto de ley del Senado, ya que a nuestro vulnera gravemente los Derechos de Autor de los creadores,  contradice Tratados Internacionales suscritos por el país en la materia y desde el punto de vista político puso en contradicción los intereses de los estudiantes y el público en general con los creadores.

Que el acceso de los estudiantes al material de estudio debe ser una prioridad, no hay duda, pero que ese acceso lo deban pagar los creadores sin ninguna compensación, es otra muy diferente.

Lo que tenemos que tener claro, es el reconocimiento del derecho del creador a la propiedad de su obra, el derecho de obtener retribución de su trabajo intelectual y la contraprestación debida por el uso o la utilización de su aporte creativo.

Por esta razón entendemos que en la Cámara de Diputados, se debería tomar como criterio, el mantener un equilibrio apropiado entre los intereses de los titulares de derecho autoral y los usuarios de contenidos protegidos.

Si bien esta contradicción de intereses está hace largo tiempo presente, esta es cada vez más evidente por el avance de la tecnología y el alcance  generalizado de la población a plataformas de fácil acceso a bienes culturales.

Sin embargo, la polémica se desató en la denominada reproducción de la "copia privada para uso personal", así como con la ampliación de las excepciones a la ley vigente, ya que estas y otras innovaciones, de hecho pueden generar las condiciones para realizar infinidad de copias no autorizadas y no remuneradas al autor de la obra.

Este capítulo como es sabido tampoco es nuevo, pero es bueno repasar que no existe en la experiencia legislativa comparada una adopción generalizada de la copia privada para uso personal (las referencias a favor que se plantean en legislación comparada como Túnez, Sudáfrica o Emiratos Árabes, por ajenidad cultural aparecen muy lejanos) , por el contrario, ningún país integrante del Mercosur o de la región latinoamericana ha habilitado la copia privada para uso personal de manera irrestricta.

Cuando la reproducción sin autorización ni compensación del autor pasa a ser la regla y no la excepción, el camino se vuelve peligroso, porque afecta en primer lugar a los creadores nacionales, ya que desestimula a quien pone horas, días o meses de su vida dedicados a una obra. Y por otra parte cuando se trata de libros de alta especialización extranjeros, las Editoriales podrían desistir de traer a un mercado tan pequeño este tipo de ejemplares.

Debería llamarnos la atención, o por lo menos deberíamos detenernos a analizar toda la batería de medidas judiciales que nos damos para proteger bienes tangibles, muebles o inmuebles (casas, autos, ganado, entre otros), mientras que para la protección a bienes intangibles, producto de la creación intelectual, no nos planteamos lo mismo, sino muchas veces, lo contrario.

En lo que refiere a la industria audiovisual o la música a nivel internacional, también podemos detenernos a analizar cómo han cambiado  algunas cosas, a modo de ejemplo, todo lo que va desde Cuevana que es una plataforma ilegal a Netflix, que paga por sus contenidos o de Ares que hacía lo mismo a Spotify que también paga por sus contenidos.

Promover el acceso a un conocimiento cada vez más amplio es una muy buena cosa, pero no debemos dejar de ver los intereses que están detrás de algunas de estas causas, en particular una multinacional de Internet que baja contenidos de todo tamaño y color, tiene abierto a nivel universal millonarias demandas por la utilización de contenidos de terceros.

En Uruguay ya existen algunas experiencias muy positivas a la hora de hablar del acceso de los estudiantes al conocimiento: en el Plan Ceibal, en el Impo, la plataforma virtual de la Universidad de la República entre otras iniciativas, son muy buenos ejemplos de avances en la materia.

Es muy saludable trabajar para lograr en forma creciente, el mayor acceso a los materiales de estudio de nuestros estudiantes, pero el tema tiene múltiples complejidades que debemos tener en cuenta.

Si como Frente Amplio, teniendo mayoría en ambas Cámaras, impulsáramos el proyecto tal cual salió del Senado (cosa que descartamos), estaríamos metiendo la pata "hasta el cuadril", entre otras cosas porque nos pondríamos de poncho - justificadamente - a  sectores de la sociedad estratégicos para el desarrollo nacional como lo son los vinculados a la Cultura, que se sienten afectados directamente por la iniciativa.

Por suerte para todos el PIT-CNT promovió un ámbito de diálogo entre los actores involucrados, este proceso duró un mes y produjo un acuerdo en el que todos cedieron en sus posiciones originales y todos avanzaron.

El acuerdo alcanzado fue comunicado a la Opinión Pública en la sala Maggiolo de la Universidad de la República, con la bandera de la FEUU delante y la rúbrica de quienes participaron del acuerdo.

En la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados todas las organizaciones nacionales vinculadas a la Cultura y los estudiantes plantearon sin excepciones su opinión favorable a que el Parlamento ratificara  el acuerdo alcanzado.

Salvo la organización Creative Commons , todos tomaron este acuerdo como un punto de encuentro, que puede ser mejorado, sí, pero que es muy superior en contenido al proyecto que venía de la Cámara Alta.

En nuestra opinión, el Frente Amplio debe ratificar este acuerdo con sus votos en la Cámara de Diputados, no por hacer seguidismo de Corporación alguna ni por abdicar de la representación del interés general, sino porque el acuerdo auspiciado por el PIT-CNT es equilibrado, pone el interés colectivo por encima de los intereses sectoriales, además porque su contenido es altamente técnico y cambiar algo puede significar cambiar todo.

Por esta razón, cualquier modificación que altere el acuerdo auspiciado por el PIT-CNT puede significar un retroceso inútil y peligroso, por lo que si promovemos cambios debemos hacerlo con el apoyo expreso de los directamente involucrados.

No podemos cometer el error de transformar una victoria en una derrota.

Se nos abre una oportunidad de trabajar por un acceso más democrático al conocimiento y también a los bienes culturales, sin poner como contrapuestos a quienes son aliados estratégicos, sin lesionar derechos.

Avancemos.

 

José Carlos Mahía



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