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Las vacantes en la Suprema Corte de Justicia

José W. Legaspi

20.01.2017

Hace pocos días, Uypress se hizo eco de una nota periodística que anunciaba la negociación a nivel parlamentario para acordar los nombres de los ministros que ingresarán a la Suprema Corte de Justicia, “por el resto del período”, es decir hasta el año 2019.

El cese del ministro Larrieux, por alcanzar los 70 años de edad, habría disparado los mencionados "engranajes" a los efectos de alcanzar un acuerdo parlamentario para su suplente.

"Según establece la Constitución", decía la nota, "los ministros se designan por los dos tercios de los votos de la Asamblea General y dentro de los 90 días de producida la vacante. Si vencido ese plazo no se realiza la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte, el juez, con mayor antigüedad en el cargo, de los Tribunales de Apelaciones".

Se aludía, en ese párrafo, al artículo 235 de la Constitución de la República, que establece, textualmente: "Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia se requiere: 1°) Cuarenta años cumplidos de edad. 2°) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y veinticinco años de residencia en el país. 3°) Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años".

También el artículo 236, de dicha carta magna, se refiere al tema. "Los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. La designación deberá efectuarse dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal. En los casos de vacancia y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento, para el cumplimiento de su función jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio en la forma que establezca la ley".

Pero el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado, citados en la nota como los únicos integrantes de las consultas, aunque, en realidad PI y UP también la integran, "tienen intenciones de llegar a un acuerdo para designar a los ministros que ingresarán a la Corte por el resto del período, tomando en cuenta que en mayo de 2017 se retirará el actual presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, y en 2018 lo hará Felipe Hounie", según dice la nota.

Agregamos que también abandonaría el ejercicio de la judicatura la magistrada Alicia Castro, hoy en el TCA, y propuesta hace tiempo como remplazo de Larrieux, lugar que no ocuparía por estar próxima también a cumplir los 70 años.

En el mismo artículo se advierte que la lista del Poder Judicial, por orden, incluiría los siguientes candidatos:  Eduardo Turell (presidente del Tribunal de Apelaciones en los Civil de 4º turno), Beatriz Fiorentino (ministra de TAC 5º turno, pero que se retira del Poder Judicial en marzo próximo al cumplir los 70 años), Selva Klett (ministra de TAC 6º turno por casi 20 años y directora del Centro de Estudios Judiciales), y Bernadette Minvielle (ministra del Tribunal de Apelaciones Penal de 3° turno).

Hasta aquí la información. Ahora bien, cabe, como siempre hacerse y hacer, algunas preguntas.

¿Por qué es "necesario" ocupar las vacantes "hasta el 2019"? ¿Qué pauta esa necesidad? ¿Por qué hasta el final del período legislativo y del gobierno en curso?  

No parece estar tal "necesidad" justificada en el mejor funcionamiento de la Suprema Corte, sino, más bien, en una coyuntura política donde el partido de gobierno perdió mayoría en una de las cámaras, situación que le genera, al que ha estado acostumbrado a gobernar con mayoría parlamentaria, una cierta fragilidad, pues debe salir a negociar mayorías.

Hoy le falta un diputado, tal vez en el futuro le falte alguno más. No lo sabemos, lo que sí parece estar claro es que algunos integrantes del partido gobernante se quieren asegurar una Suprema Corte desde ahora, sin sobresaltos a futuro.

También cabe cuestionarse si esa "necesidad" no estará signada por casos que están en el ámbito judicial y que involucran a figuras del gobierno, al menos en una manifiesta mala gestión, pero que la justicia podría determinar otra "caracterización". Si, amable lector, ambos estamos pensando en lo mismo, Ancap, y todos los negocios conexos con el ente, regasificadora, Alur, plantas de cemento, etc.

Y ante esto, no se entiende cómo la oposición se aviene a negociar de esa manera, por un plazo determinado, que, de alguna manera, protege al partido que desea sustituir en el ejercicio del gobierno.

Las sospechas del ciudadano común pueden ser muchas. Nada de esto ocurriría si se realizara de manera transparente, cristalina, dando a conocer las capacidades de los cuatro propuestos.

Ante un tema tan delicado manejado entre bambalinas, justo es decirlo, la senadora Mónica Xavier fue la que puso un poco de sentido común, cuando no un llamado de atención, dirigido a quién quisiera escucharlo. Manifestó que "el foco de la negociación" pasará por analizar las designaciones una a una y a su debido tiempo. Es decir, primero se designará al sucesor de Larrieux, y luego al de Pérez Manrique.

La senadora ve "inconveniente" trabajar ahora sobre los nombres de los otros ministros de la SCJ que ingresarán dentro de dos años. "Esta legislatura tiene la convicción de acordar y lograr las mayorías especiales que se necesitan para respaldar la candidatura de quien sustituirá a Larrieux", comentó.

Por otro lado, cabe preguntarse también, si los legisladores que negocian lo están haciendo sobre los cuatro nombres que propuso el Poder Judicial (recordemos: Turell, Fiorentino, Klett y Minvielle) o si, como ha ocurrido siempre, hay alguno que está haciendo lobby hace tiempo, y, "en la recta final", se cuela.

No es cualquier cosa nombrar los jueces que ocuparán la más alta magistratura de un país republicano. Debemos garantizar los procedimientos más transparentes posibles. El sistema, y la confianza de los ciudadanos en el mismo, dependen de ello.

 

 

 



José W. Legaspi


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