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Según INDDHH, PJ e INAU no deben derivar jóvenes a Beraca “porque viola DDHH”

15.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- En febrero de este año la INDDHH recomendó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) “el cese inmediato de las derivaciones” a Beraca.

El pastor Márquez había entregado al INDDHH la información sobre el funcionamiento de Beraca en agosto del año pasado. El instituto revisó la información y contó 37 derivaciones dispuestas por el Poder Judicial (PJ), que, en vez de mandar a la gente a cumplir pena a la cárcel, la mandaba allí, y otras 15 por el INAU, que derivaba jóvenes por no poder brindarles amparo. También se verificaron otras tantas derivaciones provenientes de comisarías e, incluso, de escuelas.

Faroppa dijo a La Diaria que la INDDHH no investigó si hay más derivaciones de las que presentó Márquez, pero sí dejó en claro que el principal problema es que el Estado no controla qué tipo de "tratamiento" reciben las personas institucionalizadas en Beraca, porque no tiene ningún tipo de convenio.

En la resolución de la INDDHH se afirma que por eso mismo el Estado viola de forma "flagrante" su condición de garante de los derechos humanos "de las personas privadas de libertad en instituciones privadas por decisión de instituciones claves en el funcionamiento del aparato estatal".

En ese sentido, sostienen que "resulta evidente que no se realiza ningún tipo de control ni de las condiciones en que esas personas cumplen su privación de libertad; de las eventuales 'medidas terapéuticas' que se aplican en los 'hogares'; ni de la posible existencia de alguna forma de abuso o trato cruel, inhumano y degradante".

La INDDHH recomendó "iniciar investigaciones administrativas destinadas a determinar eventuales responsabilidades funcionales de quienes dispusieron las derivaciones de personas institucionalizadas por decisión del Estado" y, de ser necesario, "aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes".

A su vez, plantean que en caso de que se entienda "pertinente derivar a organizaciones privadas a personas que se encuentren en la misma situación [que las ya derivadas], se suscriban previamente los convenios que aseguren que el Estado cumplirá estrictamente su obligación de garante, definiendo con claridad las modalidades de intervención de la organización privada y los controles que tanto el PJ como el INAU deben cumplir periódicamente respecto a la protección de los derechos humanos de las personas institucionalizadas".

 



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