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Cuchillo de Palo: de una estafa, a la financiación de los partidos

Aureliano Rodríguez Larreta

17.03.2017

La estafa de Sanabria amenaza con instalar un circo mediático. Más le valdría ser el punto de partida de una nueva legislación sobre financiamiento de los partidos políticos.

Acaba de suceder en Uruguay un episodio delictivo común, tal cual lo es el descubrimiento y denuncia de una estafa perpetrada por un empresario del sector de cambios y servicios financieros en perjuicio de particulares. No obstante, hay escándalo político.

Lo hay, en primer lugar, porque este delincuente de cuello blanco ha huido del país con buena parte de su botín, dejando a su empresa en quiebra y clausurada, y sustrayéndose así a la acción de la justicia. Y en segundo lugar, porque se trata de un político del Partido Colorado en el Departamento de Maldonado, suplente del diputado Germán Cardoso.

Ni cortos ni perezosos, los dirigentes del Frente Amplio reclamaron que en el Parlamento se investigaran las contribuciones del empresario estafador al financiamiento de la última campaña electoral de los colorados en Maldonado.

Ni ebrios ni dormidos, los legisladores del Partido Colorados les ganaron de mano y presentaron en la Cámara Baja el pedido formal de que se instale una comisión investigadora parlamentaria con el cometido de escrutar el financiamiento irregular de todos los partidos políticos en sus campañas recientes.

El simple relato de estos hechos, encadenados en el término de pocos días a gran velocidad, vuelve a demostrar el grado de mezquindad que ha infectado el tejido de la actividad política en Uruguay. Si bien se mira, ninguna de las partes enfrentadas actúa de buena fe y a ninguna la guía el interés general.

Es evidente que el episodio significa un golpe duro para el Partido Colorado, a pesar de que la descentralización política territorial que es tradicional en los partidos tradicionales, y que el sistema electoral alienta, permitiría focalizar el mal.

También son claros los indicios de financiación irregular en beneficio de un sector del Frente Amplio en el oscuro esquema conocido como "los negocios con Venezuela", donde además del privilegio estipulado a favor de una sola empresa en la intermediación, se han denunciado los vínculos personales que demostrarían el ilícito.

Basten estos dos casos extremos como ejemplos de una lista -por suerte muy breve- de asuntos de la misma naturaleza que alcanzan a casi todos los partidos, y que según la iniciativa del Partido Colorado deberían ser investigados.

No obstante, caben enormes dudas en cuanto a la necesidad y utilidad de que el Parlamento se embarque en una ingente tarea investigativa para librar de su tradicional opacidad a una realidad que "todos en París conocen".

Esa realidad no es otra que la contribución financiera -por caja 1, o por caja 2- de personas y empresas privadas a las campañas de los partidos políticos, a los sectores que los componen y a las numerosas agrupaciones departamentales.

En cumplimiento de la legislación vigente, todos los partidos han presentado ya, ante la Corte Electoral, las respectivas declaraciones juradas que supuestamente deben contener la información más completa y veraz sobre su financiamiento. Pero también se ha señalado que el alto organismo carece de facultades para ir más allá en su contralor.

Parece muy probable que los partidos de mayor tamaño y más variada composición interna, como han sido habitualmente los dos ahora llamados  "fundacionales", así como también el Frente Amplio, encuentren mayor dificultad en sacar de la opacidad todas sus situaciones financieras, dada su pluralidad política y su descentralización.

Los partidos conocidos injustamente como "menores", en cambio, observan un comportamiento institucional y político más unitario, y suelen llevar sus finanzas con mayor transparencia. Tal es el caso -y valga sólo como ejemplo-, del Partido Independiente, cuyas finanzas son públicas y auto controladas.

En conclusión, parecería que sin perjuicio de que se puedan y deban investigar los dos casos extremos arriba señalados -el del ex dirigente colorado y los negocios con Venezuela-, a muy poco conduciría una labor parlamentaria empeñada en poner en claro unas costumbres políticas por todos conocidas.

Podría ser del mayor interés general, en cambio, una comisión parlamentaria con fines legislativos, que en un ambiente de colaboración y no de confrontación, revisara la legislación vigente y le hincara el diente, de una vez por todas, a este viejo problema de la financiación de los partidos políticos.

Aureliano Rodríguez Larreta



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