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Cuchillo de Palo: Majestad parlamentaria en Uruguay, dictadura en Venezuela

Aureliano Rodríguez Larreta

31.03.2017

Mientras esta nota terminaba de escribirse, en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia, dominado políticamente por el Poder Ejecutivo, ha despojado de sus facultades constitucionales a la Asamblea Nacional, delegándolas en el presidente Nicolás Maduro. Ha desaparecido en aquel país la independencia de los poderes. Sin violencia militar, esta vez por la meliflua mano de jueces sometidos, queda instalada una dictadura en Venezuela.

Fue como si se aprobara una declaración de independencia o el texto de una nueva constitución. La nación entera podría estar detrás de esa unanimidad total, 99 votos en 99 integrantes de la Cámara. Habría que ir muy atrás en el tiempo para hallar algo igual.

Quien reciba la noticia sin conocer los entretelones de tan notable acuerdo podrá ver en él un gran acto de patriotismo, con tal grado de desprendimiento personal y partidario que llama a la emoción y a la alabanza retórica de estilo romano.

No obstante, nada de eso hubo, noches pasadas, en la Cámara de Representantes del Uruguay, cuando todos los sectores políticos allí representados crearon, sin una sola discordancia, una comisión investigadora parlamentaria.

Grave luce en apariencia la decisión, a juzgar por su nombre. No todos los días se instala un cuerpo con tan alta ambición escrutadora.

Con el cometido de arrojar luz sobre una breve lista de situaciones empresariales que en los últimos tiempos no han olido nada bien, los partidos políticos han acordado investigarse a sí mismos. Es decir, se han resignado a que una comisión de la Cámara Baja integrada por sus representantes, ponga al desnudo las relaciones que puede o pudo haber entre sus finanzas electorales y las empresas sospechadas.

Lo primero que se debe resaltar es que el tejido del acuerdo lleva un zurcido tan tosco y precario que no resulta fácil saber si las potestades de la comisión se limitarán a investigar casos oscuros de financiación, o si se extenderán a una finalidad legislativa sobre un tema tan complejo como la financiación de los partidos políticos y sus campañas electorales.

También puede encontrarse una contradicción en esa forma de definir, por un lado, el cometido genérico de investigar las campañas electorales a partir del año  1999 y hasta el 2015, y por el otro hacer mención particular de una lista de seis situaciones que fueron motivo de acusaciones recíprocas entre los partidos opositores y el partido de gobierno.

La estafa financiera que se condensa en el nombre del  Cambio Nelson, acompañada de otros posibles delitos que están bajo estudio de la Justicia, encabeza esta lista de negocios oscuros que tienen vínculos directos con la financiación de los partidos.

El lector de este medio conoce ya los detalles de este sonado asunto, cuyas ramificaciones son impredecibles. En el plano político compromete al papel que juega el Partido Colorado en Maldonado.

En el extremo político opuesto se ubica esa empresa llamada Aire Fresco, indicada en un curioso contrato como intermediario privilegiado en los llamados "negocios con Venezuela".

Esta exclusividad viola los principios de la libre competencia y además está acusada de favorecer directamente a personas que integran el Movimiento de Participación Popular, sector del Frente Amplio que lidera el ex presidente José Mujica.

De una manera un tanto burocrática y sin acusación específica, como para balancear el paquete, aparece señalada la empresa Cutcsa de autobuses urbanos, cuyo presidente, el señor Salgado, mantiene amistad con el actual presidente Tabaré Vázquez, de quien es asesor honorario.

También deberá investigar la comisión parlamentaria las vinculaciones políticas de la clausurada empresa Fripur, que durante muchos años fue actor de primera línea en la industria pesquera uruguaya.

En relación directa con la publicidad electoral propiamente dicha, se incluye en el paquete a la agencia del ramo llamada La Diez, presuntamente allegada al Frente Amplio.

Y en sexto lugar la comisión investigará una denunciada discriminación en las tarifas de publicidad  que habrían practicado en las últimas campañas los medios electrónicos de comunicación, en perjuicio de la propaganda del Frente Amplio.

Queda, por tanto, un amplio margen de duda en cuanto a la actividad que desplegará esta comisión investigadora. ¿Se limitará a indagar en estas seis situaciones, en cuanto puedan afectar al financiamiento de los partidos? ¿O sin perjuicio de ello, extenderá su labor a todos los procesos electorales efectuados desde 1999, y escrutará las finanzas de todos los partidos y sus sectores, tanto en el plano nacional como en el departamental?

Por último, debe llamarse la atención sobre el hecho de que ya existe en el Senado de la República una comisión que trabaja en la revisión de la legislación vigente en materia de financiación de los partidos políticos. No tendría sentido que la Cámara Baja fuera más allá de su flamante inquietud investigativa, y se arrogara también una función legislativa.

La comisión investigadora que acaba de crear la Cámara de Representantes estará formada por 15 miembros, ocho de los cuales serán diputados de la oposición y siete del oficialismo. Esto es consecuencia de que el Frente Amplio perdió recientemente el diputado nº 50, o sea, la mayoría absoluta.

Esta simple variación aritmética es lo que dado vida en la Cámara Baja a una demostración de integralidad democrática tan excepcional como esa votación de 99 en 99 diputados. El gobierno tuvo que negociar, y tuvo que ceder. Sin mayoría absoluta, la vida del país es más democrática.

 

Aureliano Rodríguez Larreta



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