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Nuevo acto del drama venezolano

Luis C. Turiansky

02.04.2017

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha derogado sus dos sentencias anteriores por las cuales asumía arbitrariamente las atribuciones de la Asamblea Nacional, al tiempo que suprimía la inmunidad parlamentaria.

Una vergüenza menos para Venezuela. Pero tuvo que intervenir otra vez el Presidente por intermedio del Consejo de Defensa Nacional, así que en el fondo estamos en las mismas.

Puede parecer superfluo ocuparse de los aspectos jurídicos de la actual crisis venezolana, cuando son tan graves los problemas económicos y sociales, y el enfrentamiento entre los poderes públicos pone al país al borde de la guerra civil.

Cuando la desestabilización es fomentada desde el exterior y lamentablemente uno de sus puntales es un uruguayo, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Cuando la oposición, mayoritaria en la Asamblea Nacional, en lugar de cumplir sus funciones, como legislar o votar en contra de un proyecto del Ejecutivo, lo único que le importa es derrocar a Maduro.

Era fácil, en esas circunstancias, responder con la misma obcecación, retirar a los diputados chavistas del parlamento y buscar sucedáneos del poder en los órganos locales o en el Poder Judicial, donde el Gobierno aún tiene apoyo, procesar a dirigentes opositores, declarar a los diputados rebeldes "en desacato" por aceptar a algunos miembros suspendidos por presuntas irregularidades electorales, o utilizar la figura de "omisión legislativa" como pretexto para ordenar el cese de la actividad parlamentaria. Así se abre el camino a la instauración de una dictadura jacobina.

Era y es posible argumentar que los problemas de Venezuela no se solucionarán con la entrega del poder a una derecha traidora, como tampoco se solucionaron en el Brasil poco antes. Que es necesario defender los logros de la revolución bolivariana y que quienes agravan intencionadamente la crisis económica no son precisamente los indicados para sacar al país del caos.

Todo esto es verdad, pero sucede que, por lo visto, el pueblo o gran parte de él no piensa así. Un pequeño detalle. Este fue el factor que llevó a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a ganar, de lejos, las elecciones parlamentarias de 2015. Cuando se resalta el pluralismo y la limpieza de las prácticas electorales venezolanas, debería considerarse también la legitimidad de la composición del parlamento surgido del voto popular y la necesidad de protegerlo. Y tal vez criticar como un error grave el que los diputados oficialistas hayan abandonado el lugar que les correspondía por el voto popular.

La otra alternativa sería una revolución, en la que todo el aparato del Estado cae hecho pedazos y es sustituido por uno nuevo. Algo así no está a la orden del día hoy en Venezuela y, en todo caso, chocaría con la voluntad del pueblo.

Por lo tanto, no queda otra vía que el respeto de las instituciones. Y cuando se produce un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo, el tercero en juego, el poder judicial, que se supone es neutral en la pugna, tiene el papel de preservar las reglas constitucionales, sin intervenir en el fondo del diferendo. Son los poderes involucrados los que deben buscar la forma de entenderse y superar la crisis de poder mediante el diálogo, sin injerencias del exterior.

En Brasil una crisis similar terminó en la revocación de Dilma Rousseff. Muchos de nosotros hemos condenado ese desenlace como un "golpe de Estado constitucional". Habría ocurrido un golpe similar si, por el contrario, la presidente se hubiera apoyado en el Poder Judicial para disolver al Congreso que la estaba juzgando. Esto es lo que estuvo en juego en Venezuela y, por suerte, no se produjo.

Las dudas pueden retener la expresión de rechazo "para no hacerle el juego al enemigo". En el pasado siglo esto ocurrió más de una vez. Tal vez sea la razón de las actitudes contradictorias de nuestro Gobierno o su silencio frente a la crisis venezolana y el papel de la OEA. Como yo no me siento directamente comprometido, puedo en cambio permitirme decir lo que pienso. Es también el papel de la prensa independiente y el motivo de su defensa.

 

 

 



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