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Venezuela: una “Constituyente” para el partido único

Edgardo Carvalho

04.07.2017

La convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte del gobierno de Nicolás Maduro, saltándose todos los marcos de la Constitución vigente, no es más que una farsa, animada de la pretensión de cubrir púdicamente la decisión de instalar en Venezuela una dictadura de partido único.

No se trata de ninguna reforma. El propósito evidente es abolir el pluralismo y la democracia política real en Venezuela y en particular, impedir indefinidamente que mediante "votaciones libres, universales, directas y secretas" como exige el art. 63 de la Constitución, se garantice "la personalización del sufragio y la representación proporcional".   Sencillamente, el régimen no puede someterse ya a ningún tipo de consulta popular legítima. El repudio de la enorme mayoría de los venezolanos al gobierno de Maduro y al PSUV ha llegado a tal extremo, que le hace  absolutamente imposible conservar el poder como resultado de elecciones, sean éstas convocada  a nivel de municipios, estados o  (mucho menos) a nivel nacional. 

El objetivo: conservar el poder a cualquier precio,

Es probable que este tipo de solución desesperada, de huida hacia adelante en una situación política sin salida y que empeora día a día, comenzara   a maquinarse desde el mismo momento en que la oposición unida, a pesar de su total desventaja mediática y de recursos, con todo el peso del estado presionando abiertamente a favor de los candidatos oficiales, aplastó al PSUV y  conquistó los dos tercios de la Asamblea Nacional.  O tal vez incluso antes, tomando en cuenta la mínima mayoría con que se dijo que fue electo Maduro frente a Capriles (50.61%).  Porque en realidad, a la luz el comportamiento posterior del Consejo Nacional Electoral (una mera oficina de registro de resoluciones gubernamentales), es legítimo abrigar muchas dudas acerca de que Maduro haya ganado efectivamente esa elección.

Meses después, mientras la crisis económica, social, humanitaria y de seguridad pública alcanzaba niveles desconocidos en la historia de Venezuela, el PSUV sufrió otro durísimo golpe político: a pesar de todas las trabas inventadas por el Consejo Nacional Electoral, se consiguieron las firmas del 20% de electores inscritos en cada uno de los estados de la república, para convocar un referéndum revocatorio de Maduro.  Esto hizo necesario urdir toda clase de argucias y maniobras para ir postergando la convocatoria del referéndum hasta el momento en que (por faltar solo dos años para completar el período de gobierno) su único efecto práctico   hubiera sido que tomara posesión el Vice Presidente, sin realizarse una nueva elección presidencial.

Solo la absoluta convicción de una inevitable derrota pudo llevar a impedir, por cualquier medio, la aplicación efectiva de una de las grandes conquistas de democracia participativa incorporadas en la Constitución de Chávez:  la revocabilidad de todos los cargos y magistraturas de elección popular (artículo 72).  La diferencia con el comportamiento del mismo Chávez, que se sometió y ganó (con el 59% de los votos) un referéndum revocatorio promovido por la oposición en agosto de 2004, señala, simbólicamente, el profundo cambio político operado en el seno del pueblo venezolano en la medida que se ha profundizado, sin miras de tocar fondo, una crisis que el gobierno del llamado "socialismo del Siglo XXI" ha sido absolutamente incapaz de enfrentar.

Acto seguido, ya sin siquiera verse obligado a inventar excusas, el Consejo Nacional Electoral simplemente incumplió con su obligación constitucional y omitió indefinidamente la fijación del calendario para la realización de s elecciones de gobernadores, asambleas legislativas estadales y alcaldes, que debían haberse realizado hace muchos meses.  

Un gobierno al margen de la Constitución.

Pero Maduro y el PSUV no solamente controlan el Consejo Nacional Electoral.  El Tribunal Supremo de Justicia no es más que otra oficina dependiente del partido de gobierno.  Como tal, ha sido servil a todas las manipulaciones de Maduro para desconocer a la Asamblea Nacional y gobernar al margen del Parlamento electo. 

Fueron justamente sus  insólitas sentencias del 27 y el 29 de marzo pasados, atribuyendo primero al Presidente de la Republica las facultades de la Asamblea Nacional dejando luego sin efecto a las 48 horas esa decisión, para pasar a atribuirse a sí mismo las funciones constitucionales del Parlamento, las que encendieron una ola de resistencia popular  a través de manifestaciones multitudinarias, brutalmente reprimidas y, por primera vez,  provocaron la aparición de serias grietas dentro del chavismo. 

La Fiscal General impugnó las decisiones de la Corte por violatorias de la Constitución y la situación política amenazó volverse incontrolable. En 24 horas, el "máximo órgano judicial ", luego de recibir instrucciones del Presidente y demostrando una vez más su absoluta subordinación, dictó una sentencia "aclaratoria", dejando sin efecto las medidas que transferían las competencias de la Asamblea Nacional al Presidente o a sí misma. 

Esta decisión no calmó las aguas y las manifestaciones de resistencia popular se mantuvieron y se incrementaron, a pesar de la violencia de la represión. Y, lo peor para el gobierno, a pesar de la creciente lista de manifestantes muertos, heridos y presos, las manifestaciones no han cesado y por el contrario comienzan a extenderse a sectores de las ciudades considerados hasta ahora como baluartes del chavismo.

Una "Constituyente" a la medida

 Es en ese marco que Nicolás Maduro, por decreto del 1º de mayo, convoca a elecciones de miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, según un nuevo sistema.  Una ANC a la que llama "comunal" apartándose por completo de las  normas constitucionales y dejando claro,  en  las llamadas "bases comiciales", que las reglas de juego son completamente fraudulentas,  destinadas a asegurar  en cualquier caso la mayoría para el PSUV.  

El propio Maduro se ocupa de aclarar además que la Asamblea no solo será constituyente sino además legislativa. Es decir tendrá poderes no solo para reformar la Constitución, sino para dictar toda clase de leyes, destituir y nombrar funcionarios, en fin, para gobernar sin límite alguno. 

Así, Nicolás Maduro se saltea nada menos que la norma básica de la Constitución de Chávez: "art.147El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.  En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente."   

¿Quién puede convocar a una ANC?   Según la Constitución, el pueblo, y nadie más que el pueblo de Venezuela.

El artículo siguiente lo deja aún más claro: la "iniciativa de convocatoria" la pueden tomar tanto el Presidente de la República, como la Asamblea Nacional, las Consejos Municipales reunidos en Cabildo, en ambos casos por mayorías especiales, o incluso el 15 % de los electores inscritos en el Registro Electoral.

O sea que la iniciativa de reforma puede tener variados orígenes, pero la decisión de convocar una ANC depende pura y exclusivamente de una manifestación de voluntad del depositario del "poder constituyente originario" es decir, del pueblo de Venezuela.  Pueblo que se expresa, como hemos visto, y según la Constitución, mediante el sufragio, en "votaciones libres, universales, directas y secretas", garantizándose "la personalización del sufragio y la representación proporcional".

Es interesante recordar que así se entendió y así se practicó en todas las ocasiones anteriores en que se reformó la Constitución por iniciativa de Chávez.   La propuesta de convocar una ANC fue sometida a referéndum en abril de 1999 y aprobada con el 88% de los votantes.  La elección de asambleístas constituyentes se realizó el 25 de julio siguiente y los candidatos chavistas obtuvieron el 65% de los votos.  De las deliberaciones de esta ANC surgió la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela, en vigor desde el 24 de marzo del 2000. 

Las propuestas de reforma parciales y limitadas (que no requieren convocatoria de una ANC) deben siempre someterse a referéndum.  En uno de ellos, en diciembre de 2007, fue rechazada por estrecho margen la propuesta de Chávez para permitir la reelección presidencial indefinida, propuesta que finalmente, y extendida a todos los cargos electivos, obtuvo el 54% de los sufragios en el referéndum celebrado de febrero de 2009. 

El camino que intenta Maduro viola por completo la norma constitucional y las tradiciones democráticas y participativas del pueblo venezolano.  Se ha obviado el pronunciamiento popular indispensable para proceder a la convocatoria de una Asamblea Constituyente cuyo objeto según la Constitución puede ser nada menos que "transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".   Un objeto tan importante   que necesariamente supone un pronunciamiento de la soberanía popular, tanto para adoptar la decisión de convocarla, como para elegir luego democrática y proporcionalmente a quienes han de integrarla.

Nada de esto ocurre en el procedimiento que Nicolás Maduro pretende llevar adelante a sangre y fuego.  Es natural que la resistencia popular a aceptar el fraude se mantenga y se extienda. Es natural que incluso una altísima jerarca del estado, como la Fiscal General, Luisa Ortega, denuncie la ruptura constitucional. 

La arquitectura del fraude

La maniobra madurista es muy simple. Hasta un ciego puede ver que no tiene otro objeto que escamotear la voluntad real del pueblo venezolano y establecer un régimen que permita eternizar en el poder al Partido Socialista Unido de Venezuela, sin tener que volver a someterse a molestos trámites electorales.

Veamos: Maduro no solo convoca por sí y ante sí un proceso de reforma total de la Constitución y el Estado a través de una ANC, sino que determina mediante decreto como se elegirán sus integrantes, evitando todo principio de proporcionalidad y asegurándose el triunfo de antemano. 

Las "bases comiciales" determinan que los integrantes de la ANC se elegirán mediante dos modalidades:  unos serán electos mediante un ámbito territorial y otros mediante un ámbito sectorial.  Por supuesto, no hay en la Constitución vigente ninguna remota referencia que permita fundar semejante invento, discriminatorio y retorcido.

En el "ámbito territorial", el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral ha asignado el peso mayor a las circunscripciones rurales, en las que el chavismo mantiene el grueso de sus votantes.  Y los ciudadanos  elegirán tan solo un constituyente por municipio, sin relación alguna con el número de habitantes o electores.  ¿Proporcionalidad?...

El "ámbito sectorial" es el reino de la arbitrariedad, seguramente calculada de acuerdo con la influencia gubernamental en sindicatos y corporaciones.  Veamos algunos ejemplos: "Campesinos y pescadores" elegirán ocho constituyentes; "Personas con discapacidad", cinco; "Pensionados" veintiocho; Trabajadores de "Petróleo y minería" dos; "Banca" once; "Transporte" dos; "Administración pública "diecisiete; "Economía popular independiente" once: "Construcción" cuatro...  Y así sigue, hasta completarse el "ámbito sectorial".

Eso sí, el Consejo Nacional Electoral luego de legalizar y organizar el fraude intenta púdicamente salvar su responsabilidad "exhortando" a la futura Asamblea Constituyente a someter a referéndum el texto que elabore.

De vergüenza.  No cumple con su deber. Ni condiciona, ni exige, ni siquiera señala el requisito constitucional que debería cumplirse. Legaliza el fraude, pero formula una tímida súplica. Una demostración más del nivel en que ha caído el órgano que debería ofrecer la máxima garantía en los procesos electorales. Por supuesto que su exhortación será desoída por completo.   ¡Si todo este esquema minucioso y fraudulento se ha montado para evitar un pronunciamiento popular auténtico! 

Realmente, para reírse, si no fuera trágico, si toda esta locura, este atentado a las libertades y la Constitución democrática no estuviera regado con sangre de jóvenes venezolanos y si no se estuviera produciendo a la vista de todo el mundo   y ante el silencio tolerante y cómplice de muchos.

 

La "Constituyente" y el relato.

Seamos claros: si Maduro y su claque de burócratas corruptos, apoyados en  las Fuerzas Armadas, con su generalato cómplice y coprotagonista fundamental de la corrupción,  consiguen llevar adelante su plan, habrá desaparecido, ( nadie puede prever por cuánto tiempo) , la democracia en Venezuela.

 No se monta semejante esquema fraudulento, al margen de la Constitución de Chávez y se lo impone recurriendo a extrema violencia para conformarse luego con cambiar algunos detalles de la Constitución. 

El régimen se juega a todo o nada y se aferra al poder, porque si lo perdiera, el destino para muchos de quienes lo integran, enfangados desde hace años en una corrupción escandalosa, y ahora, además, en graves, sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos, sería la cárcel.

No puede convocar elecciones auténticas, porque las perdería irremisiblemente. Pero tampoco puede eternizarse en el poder, en esta época, sin intentar cubrirse al menos con alguna formalidad de apariencia democrática.  Ante ese dilema, huye hacia adelante.

Simula la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, y la utilizará luego como fetiche en su relato futuro, usando el prestigio del órgano en que la Constitución depositar el poder originario y el recuerdo de la ANC impulsada por Chávez, que redactó una constitución en muchos aspectos ejemplo de democracia y avance en el reconocimiento de derechos.

Todo es un fraude, la propuesta no se promueve para impulsar nuevos desarrollos de la democracia representativa y participativa que la Constitución del 2000 consagró, sino precisamente para abolirlas.   Me atrevo a suponer que la nueva constitución venezolana que surgirá de la "Constituyente" fraudulenta, si ésta finalmente se concreta, se parecerá mucho más a la constitución de Cuba que a aquella que se redactó bajo la inspiración de Chávez.

Claro que en el futuro, cada vez que se le cuestionen las inicuas normas que seguramente   ya se están proyectando para imponer el régimen de partido único, el dictador alegará en que ellas fueron resultado nada menos que de una Asamblea Nacional Constituyente, "electa por el pueblo venezolano", que nadie (y menos desde el extranjero) tiene derecho a criticar o cuestionar.  Ya se sabe, existen diferentes formas de democracia y cada pueblo elige la suya.  Y deben respetarse la soberanía nacional y el principio de autodeterminación de los pueblos....

La izquierda uruguaya ante Venezuela

En el momento de escribir estas líneas suman ya 89 los muertos en el marco de las manifestaciones opositoras, en su mayoría jóvenes estudiantes, como consecuencia de la represión violenta y con munición letal a cargo de las fuerzas de seguridad   y de las bandas parapoliciales ("colectivos") que actúan ante la impasibilidad o la protección de aquellas.  Recordemos, de paso, que el artículo 69 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones...

Las cifras del Foro Penal Venezolano contabilizan a la fecha 3.500 arrestados (316 de ellos mujeres), de los cuales 1.188 continúan detenidos y 415 han sido sometidos a la "justicia militar" (que malos recuerdos nos trae esto a los uruguayos...), donde se les imputa "traición a la patria", ultraje a centinela" o "rebelión".

Y esta tragedia está ocurriendo en un país sudamericano, y cercano a Uruguay por muchos motivos.  Nos unen a Venezuela vínculos políticos derivados de la integración común en organismos internacionales, (UNASUR, Mercosur, OEA), todos ellos basados en la adhesión de ambos estados a la democracia y al estado de derecho, así como también  relaciones   económicas de larga data.-  Pero sobre todo nos unen vínculos humanos muy profundos. Desde la década del 50 muchos uruguayos emigraron a Venezuela en busca de mejores oportunidades de vida y trabajo.  Uruguay fue tierra de asilo para los demócratas venezolanos perseguidos por la sanguinaria dictadura del General Pérez Giménez, hasta el restablecimiento de las instituciones democráticas en su país enero de 1958.  Luego Venezuela, gobernada por los socialdemócratas de Acción Democrática o por los socialcristianos del COPEI   fue siempre generosa tierra de asilo para miles de uruguayos víctimas de la persecución de la dictadura militar.

 El gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez ,no vaciló un minuto en romper relaciones diplomáticas con el gobierno militar cuando agentes policiales violaron la sede de la embajada de Venezuela en Montevideo para secuestrar a Elena Quinteros, pese a la resistencia activa opuesta por los funcionarios que acudieron a protegerla, alertados por sus gritos de auxilio. Esas relaciones diplomáticas solo se restablecieron el 1 de marzo de 1985.

Hoy, vuelven a llegar a nuestras costas cientos de venezolanos que emigran en busca de un nuevo horizonte para sus vidas.

La tragedia que actualmente sufre el pueblo venezolano no es ajena a la opinión pública uruguaya. Es imposible disimularla. Sus imágenes le llegan por múltiples vías, a través de todos los medios, la televisión, las redes sociales. Y dentro de esa opinión pública le llega, por supuesto, al 50% de uruguayos   votantes del Frente Amplio, a los que además podemos suponer más interesados en la información política que el promedio de la población.

Un Frente Amplio que se ha pronunciado en múltiples oportunidades a propósito de temas internacionales. Recordemos por ejemplo sus declaraciones terminantes acerca de las destituciones de Lugo o de Dilma Rousseff.  En ambos casos se emitió opinión señalando las violaciones de las respectivas constituciones en que habrían incurrido los Parlamentos de ambos países. Podemos imaginar el tono que hubieran alcanzado esas declaraciones si hubiera ocurrido una sola muerte en ocasión de las manifestaciones a que dieron lugar esos procesos de "impeachment"...

Sin embargo, parece que nada de lo que ocurre en Venezuela mereciera mayor atención del FA, su Mesa Política o su Plenario.  La existencia de presos políticos en Venezuela solo ha sido denunciada, según  lo que sé, por dos grupos frentistas.  La gran mayoría, y en particular aquellos grupos con mayor representación parlamentaria y mayor peso en la estructura del FA, o bien miran para otro lado o en forma directa o indirecta apoyan al gobierno de Maduro, al que prestan una solidaridad acrítica que parece tan inconmovible como inexplicable.  

Una declaración sobre el tema de la Mesa Política pareció más dirigida a criticar a Almagro que a otra cosa.   En todo caso, vacías invocaciones al diálogo y al respeto de la soberanía nacional. Como si un pronunciamiento político en defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela pudiera afectar esa soberanía.  Por favor, recordémonos bajo la dictadura, recorriendo el mundo para reclamar solidaridad con los presos políticos y apoyo al restablecimiento de la democracia en Uruguay. ¿Estábamos pidiendo una intervención militar extranjera, entonces?

Las convicciones democráticas de los uruguayos arraigan en el fondo de nuestra historia.  Se vieron reforzadas por la trágica experiencia de la dictadura.  Quedó claro el valor esencial de esas libertades incluso para algunos que las consideraban "puramente formales".  Luego, la implosión del socialismo real pareció laudar definitivamente la revalorización de la democracia dentro de la izquierda, demostrando que a través de un régimen de partido único es imposible alcanzar la igualdad y la libertad.

El concepto de que la democracia es un valor absoluto, que no admite relativizaciones de ninguna clase, es básico dentro de la identidad frenteamplista.  Lamentablemente, prolongar esta actitud medrosa o ausente ante la tragedia de Venezuela tendría inevitables consecuencias políticas. Porque solo contribuiría a recrear y ampliar dudas sobre el verdadero significado de la democracia para ciertos grupos que forman parte de la coalición.

En fin, "al que le caiga el sayo, que se lo ponga", dice el refrán.  Y dejémoslo por ahí, ya que esto va resultando demasiado largo.

Edgardo Carvalho



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