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El exterminio como política pública

David Malowany

10.07.2017

¿Cómo se pudo condenar en Nüremberg y Jerusalén a jerarcas nazis por hechos que cuando fueron cometidos no constituían delito ante el derecho internacional?

 

De acuerdo a Hanna Arendt, el juicio de Eichmann en Jerusalén (1961), tal como el entonces Primer Ministro israelí David Ben Gurión lo concibió, buscaba dar preferencia a los grandes acontecimientos históricos, en detrimento de los detalles jurídicos, conducía a que se pusiera de manifiesto la complicidad de todos los organismos y funcionarios alemanes en la puesta en práctica de la Solución Final, es decir, la complicidad de todos los funcionarios de los ministerios, de las fuerzas armadas y su estado mayor, del poder judicial, y del mundo de los negocios y las finanzas. Desde luego, para las ciencias políticas y sociales tiene gran importancia el hecho de que sea esencial en todo gobierno totalitario, y quizá propio de la naturaleza de toda burocracia, transformar a los hombres en funcionarios y simples ruedecillas de la maquinaria administrativa, y en consecuencia, deshumanizarles.

Para Eichmann la acusación de asesinato era injusta. Ninguna relación tuvo con la matanza de judíos. Jamás dio muerte a un judío, ni a persona alguna, judía o no. Jamás dio órdenes de matar. Más tarde matizaría esta declaración diciendo: sencillamente no tuve que hacerlo. Pero dejó bien sentado que hubiera matado a su propio padre si se lo hubieran ordenado.  ¿Se hubiera declarado Eichmann culpable, en el caso de haber sido acusado de complicidad en los asesinatos?, se pregunta Arendt. Quizás, pero seguramente hubiera alegado muy cualificadas circunstancias modificativas. Sus actos únicamente podían considerarse delictuosos retroactivamente. Eichmann siempre había sido un ciudadano fiel cumplidor de las leyes, y las órdenes de Hitler, que él cumplió con todo celo y que tenían fuerza de ley en el Tercer Reich.

¿Cómo se pudo condenar en Nüremberg y Jerusalén a jerarcas nazis por hechos que cuando fueron cometidos no constituían delito ante el derecho internacional?

En el verano de 1945 representantes de EEUU, Gran Bretaña y la URSS se reunieron en Londres para redactar la carta fundacional de un tribunal militar internacional, que se encargaría de juzgar a aquellos grandes criminales cuyos delitos no tuvieran particular localización geográfica. La Comisión recomendaba al Departamento de Estado que se convirtiera en delito sancionable la aniquilación de un pueblo. Declararon la existencias de tres tipos de delitos por los cuales se juzgaría a los criminales:
a- Delitos contra la Paz.
b- Delitos de Guerra (1).
c- Crímenes contra la humanidad.
Este último comprendía el asesinato, el exterminio,  la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de cualquier delito incluido en la competencia del Tribunal, o en relación con aquél, independientemente de que incumpliesen o no el derecho interno del país en el que se perpetraron.

De acuerdo a Naomi   Klein (La doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre, pág. 140), en la  condena de setiembre de 2006 en Buenos Aires  al represor argentino Miguel Osvaldo Etchecolatz, el Juez Carlos Ronzanski, luego de dictar el fallo aclaró que en interés de la construcción de la memoria colectiva tenía que añadir que todos los crímenes fueron contra la humanidad, en el contexto del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre 1976 y 1983.  Con esa frase, el juez interpretó su papel en la reescritura de la historia de Argentina: los asesinatos de gente de izquierda en la década de 1970 existió un plan de exterminio. Señalando un capítulo poco conocido de la historia de las Naciones Unidas, explicó que el 11 de diciembre de 1946, en respuesta directa al holocausto nazi, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de forma unánime prohibiendo actos de genocidio en los que grupos raciales, religiosos, políticos o de otro tipo han sido destruidos en su totalidad o en parte. La palabra políticos fue eliminada en la Convención dos años más tarde porque Stalin así lo exigió. Sabía que si destruir a un grupo político era considerado genocidio, sus sangrientas purgas y encarcelamiento masivo de opositores políticos entrarían dentro de la definición.

Del estudio una Sentencia  pronunciada el 07 de junio de 2012  por el Tribunal Oral número uno de San Martín en Argentina (Internet), en el proceso contra los represores Ramón Roberto Bustos, Comisario Inspector de la Delegación de Informaciones de San Martín y Jorge Julio Banchero, se  califica y se condena la conducta de estos en cuanto a su participación en la desaparición de varios jovencitos argentinos, muchos de ellos judíos, que conformaban un taller literario, a los cuales se los confundió o bien se los hizo aparecer como guerrilleros. Ello fue al mero efecto de que estos represores ganaran mérito en su carrera funcional. En dicha sentencia  refiere a la maquinaria criminal nazi, como antecedente necesario para el estudio de una burocracia de exterminio y la evaluación de la responsabilidad penal de sus partícipes.

Las coincidencias jurídicas que para los jueces argentinos existen en  ambos exterminios son escalofriantes. Se comprueba que al igual que en el oscuro régimen alemán, el Estado argentino tuvo un  propósito deliberado de ocultar la realidad de las desapariciones con el objetivo de garantizar la impunidad. Medió ocultamiento, secreto y destrucción de pruebas.

En dicho proceso judicial, la Secretaría de Derechos Humanos del hermano país,  afirmó que existió  un plan sistemático entre 1975 y 1983, por parte del estado argentino, cuyo  objeto era exterminar opositores  en el marco de un aparato organizado de poder. Al igual que la Solución Final, la mayoría de las órdenes tanto generales como particulares relacionadas con la supuesta guerra contra la subversión fueron verbales.

En dicha sentencia se cita a varios juristas. Por ejemplo a   Sancinetti (Análisis crítico del juicio a los ex comandantes) que expresa que  el esquema organizado de un aparato de poder tuvo un reconocimiento oficial mediante el documento del 28 de abril de 1983. Todas las operaciones contra la subversión y el terrorismo, llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias bajo control operacional, en cumplimiento de lo dispuesto por los decretos 261/75, 2770/75, 2771/75 y 2772/75, fueron ejecutadas conforme a los planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las fuerzas armadas y por la junta militar a partir de su constitución. Según esto, el sistema no sólo implicaba una estructura piramidal de subordinación dentro de cada fuerza - como es propio de cada fuerza armada, sino también una relación de distribución de funciones y asistencia recíproca entre las respectivas fuerzas, conforme un plan aprobado y supervisado desde las instancias superiores.

 Citando a   Donna, en La Autoría  y el Derecho Penal, se señala que para pensar en este tipo de autoría uno debe remitirse al régimen nazi, a las estructuras mafiosas de poder y a lo sucedido luego del golpe de estado en la Argentina de 1976, supuestos en los que es difícil interpretar los hechos con parámetros normales de la autoría. La doctrina está de acuerdo en que, para explicar e interpretar estos asesinatos llevados a cabo por la maquinaria nazi  de exterminio, no bastan, en principio, los conceptos corrientes de la dogmática penal, tratándose de delitos inimaginables como hecho individual y es por ello que las figuras jurídicas de autoría, inducción y complicidad no serían aptas para adaptarse a un acontecimiento delictivo así.

 Citándose al jurista   Kai Ambos, se afirma que sólo el tratamiento del pasado por medio de la justicia penal tiene como presupuesto - aparte de una comprobación exhaustiva de los hechos- la valoración jurídica de las relaciones de participación, señalando, en relación a las sentencias en el caso Eichmann, que se constató que la teoría tradicional de la participación (en especial inducción y complicidad) no podía aprehender de modo adecuado los delitos juzgados.

Como se sostuvo en la causa " Menéndez", para analizar el grado de participación en los delitos atribuidos a los acusados, cabía señalar que los imputados estaban todos incluidos dentro de la organización de un plan sistemático integral criminal que, amparado por los mecanismos estatales, tenía como objetivo la eliminación de opositores políticos. La represión ilegal estuvo caracterizada - entre otros aspectos- por la discrecionalidad y la libertad otorgada a los jefes de zona para organizar la represión bajo su mando, como así también la libertad dada al personal inferior en sus distintas jerarquías y grados y que, más allá de la tarea específica que cada uno cumplió, todos los acusados efectuaron los aportes que formaban los tramos del plan, de tal manera que sin ese aporte, los hechos no hubieran podido llevarse a cabo según estaba diseñado.

Para la sentencia antedicha, las víctimas de los militares argentinos fueron considerados blanco por sus creencias políticas y porque los militares estimaban que eran incompatibles con su proyecto político y social y un peligro para la seguridad del país.

(1)
Incluye el homicidio, los malos tratos o la deportación de la población civil de o en un territorio ocupado para utilizarla como mano de obra esclava  o para cualquier otro propósito, el homicidio o los malos tratos a prisioneros de guerra o a los náufragos, la ejecución de rehenes, el desvalijamiento de propiedades públicas o privadas, la destrucción injustificable de ciudades, pueblos o aldeas, o la devastación no justificada por la necesidad militar.

 

David Malowany. Abogado

 




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