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De eufemismos y justificaciones en torno a la Ley 19.210

Roberto Soria

11.09.2017

Estas líneas, son una respuesta al texto Alianza para el retroceso de Pablo Urreta, publicado por este medio.

El autor (no sé si a conciencia),  para defender la pertinencia progresista de la eufemísticamente llamada ''Ley de inclusión financiera'', excluye los argumentos de los sujetos que no comparten ideas ni militan con Salle, los empresarios y Pompita de Jabón.

Entre los ciudadanos que corremos por la izquierda y reflexivamente nos oponemos a la Ley 19.210 y sus implicancias políticas, económicas y jurídicas, se encuentran una serie de razones que son despachadas del espacio discursivo mediante una vieja y retórica falacia conocida como hombre de paja. El aparato oficialista y sus sabuesos justificadores se valen de la confusión y falta de sistematicidad  que orbita en torno a este tema en el espacio público y ciber-médiatico, para promover dicha falacia que trae implícita una falta de consideración sobre las capacidades racionales de los antagonistas; el objetivo que promueven no es convencer racionalmente dando un debate político de calidad, si no persuadir mediante apelaciones emotivas y maniqueos planteos escolares en donde el que no acepta el paquete que trae consigo la ''inclusión financiera'', es de derecha o no entiende bien de qué se trata el asunto.

La manifiesta ilegitimidad de la práctica recién descripta, es consistente con un conjunto de decisiones que ha llevado a cabo el FA en los últimos tiempos, que van desde el circo de Sendic hasta las leyes de extranjerización de la tierra (18.092, 19.283) y las negociaciones para la instalación de la nueva planta de UPM. A contra corriente, para contribuir a este debate en términos racionales, y mostrar que hay perspectivas que emergen desde abajo y con vocación democratizante, la Ley 19.210 (y el presunto debate en torno a ella) merece las siguientes consideraciones:

Desambiguación

La retórica oficialista tiene entre sus estrategias principales para refutar la oposición a la Ley 19.210, atacar la consigna ''no a la bancarización'', dando cuenta de que la Ley no promueve la bancarización y que los bancos se opusieron a ella desde un principio. Todos sabemos que la expresión ''no a la bancarización'' es una metáfora para referirse al sistema financiero y no exclusivamente a los bancos. Por qué cuelan ciertas expresiones en el imaginario social es difícil de reducir a una explicación sólida sin un investigación rigurosa, pero cabe mencionar que Hoenir Sarthou allá por finales de 2014 la utilizó en una de sus pioneras columnas en contra de la Ley en cuestión.

Pues bien, si de lo que se trata es de llamar las cosas por su nombre, la palabra ''inclusión'' tan en boga en esta ''época de derechos'' que nos toca, no podría haber sido más bien seleccionada; no por su claridad conceptual y sí por su fuerza ideológica, e ideológica aquí quiere decir mitificante, distorsión de una realidad que sería  fácilmente comprensible por el colectivo en ausencia de esos lentes ideológicos. Los justificadores de este sistema, se despachan en sendos discursos diciendo que el ciudadano tiene una serie de derechos y beneficios dados por la inclusión financiera; lo que es por demás paradójico si uno piensa que estamos hablando de un gobierno de izquierda. Aparte de que el lenguaje de los derechos reivindicado moralmente (como ''cartas de triundo'', conquistas ciudadanas, entre otras expresiones) es irremediablemente liberal, si se tiene en cuenta que por más que los trabajadores tengan la posibilidad de elección de la empresa financiera en la que cobrar su salario y no de elegir cobrar su salario en efectivo o por ese otro medio, la calidad de derecho en sentido estrictamente técnico en tanto que facultad, se hace trizas; así también, hay  que anotar  que es obligatorio el pago de la mayoría de los alquileres y otras transacciones mediante este sistema, según prescribe la Ley. Entonces, otra vez: la poética de los derechos y de la inclusión (financiera en este caso) son ideología en sentido fuerte, ideología liberal, de derecha.

Razones sustantivas

1) Fragilidad del sistema financiero: miles y miles de páginas de los más diversos autores se han escrito sobre la fragilidad y volatilidad de los sistemas informáticos, y además estamos acostumbrados a ver (al punto de tomarlo como algo aproblemático) al fenómeno de hackeo de las redes informáticas más seguras y complejas; el sistema financiero actual, cien por cien informatizado, y el uruguayo con sus debilidades tercer mundistas no está exento de eso. Si hay quiebra financiera, fraude, un virus, un hackeo, un apagón de internet: ¿qué pasaría con nuestro dinero y con nuestra economía?

2) Hiper control: todos los datos que producimos con las tarjetas, tienen nuestro nombre y apellido, es información que vamos produciendo, una especie de autotrazablidad (¡como la de las vacas, pero voluntaria!), es nuestra libertad y privacidad cedida; y cedida al multimillonario mercado de datos que opera a nuestras espaldas.

3) Pérdida de soberanía: es un corolario de los puntos anteriores, pero que exige la aclaración fundamental de que el Estado pierde el monopolio en la emisión de dinero, y el control de esa emisión; ya que las entidades financieras privadas (en su mayoría extranjeras), son ahora productoras de dinero, y competidoras con la banca nacional; que a su vez ésta, como demuestran los informes de AEBU e investigaciones periodísticas como las de Samuel Blixen sufre pérdidas un proceso de deterioro y privatización mediante la tercerización de sus servicios.

Plebiscitos y desobediencia civil

El plebiscito es una herramienta de democracia directa muy valiosa en la Constitución uruguaya, por lo que, defenestrar  y desincentivar su práctica como hace el oficialismo adviene reaccionario. Por otra parte, es cierto que los dos proyectos de plebiscito que compiten, no solo le quitan el carácter obligatorio a la ''bancarización''  si no que traen conjuntamente modificaciones y  agregados con consecuencias jurídicas severas para el país. Ello debe ser explicado en detalle y con claridad en el sentido más amplio posible a la ciudadanía, para que cada quien, según su deliberación pondere mediante un balance de razones la oportunidad de someter a decisión popular esos agregados constitucionales.

La idea de plebiscito es una herramienta última en tanto que no parece haber margen en el sistema político para una modificación legislativa; modificación que sería bastante sencilla, ya que simplemente bastaría con quitarle el carácter obligatorio al pago de sueldos y realización de transacciones mediante entidades financieras. Ese cambio, se procesaría con la modificación de unas pocas palabras a la Ley 19.210. Para que esto sea posible, además de los proyectos de plebiscitos, deberíamos estar discutiendo estos temas con claridad y profanidad, y pensando estrategias colectivas para desobedecer y resistir a la aplicación de esta Ley.

Roberto Soria



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