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Nueve medidas por la transparencia y contra la corrupción

Pablo Mieres

12.11.2017

A modo de celebración de los quince años, el Partido Independiente presenta nueve medidas concretas para fortalecer los controles sobre la gestión pública, promover la transparencia y luchar contra la corrupción.

 

No alcanza, sólo, con denunciar y actuar desde el Parlamento promoviendo los controles sobre la actividad pública. Es imprescindible promover medidas concretas para mejorar el funcionamiento del Estado ajustando los mecanismos institucionales que prevengan las irregularidades y las eventuales conductas ilícitas de quienes tienen la responsabilidad de conducir los diferentes ámbitos del funcionamiento estatal.

Nuestro país tiene estándares internacionales en materia de corrupción bastante mejores que otros países de la región, sin embargo en los últimos tiempos han ocurrido diversos y graves problemas vinculados con diferentes ámbitos de la gestión pública que dejan al descubierto que los controles previos y las reglas de juego no son efectivos para prevenir las conductas corruptas o irregulares.

Todos sabemos que las instituciones que deben controlar estas situaciones son débiles, no tienen un marco normativo adecuado y carecen de los recursos humanos y financieros necesarios para lograr resultados suficientes. Justamente por eso, ponemos arriba de la mesa nueve iniciativas para responder a estas situaciones.

En primer lugar, proponemos que ciertas observaciones del Tribunal de Cuentas referidas a actos de la Administración que comprometen importantes recursos públicos que son calificados de "urgente consideración" posean efecto suspensivo; impidiendo que el administrador pueda reiterar el gasto hasta que la Asamblea General se expida.

En segundo lugar, planteamos la ampliación de los cometidos de la JUTEP. En este sentido, proponemos que pueda cumplir una función más activa de colaboración con el Ministerio Público en sus tareas de investigación judicial y, también, la potestad de realizar un análisis y auditoría de los contenidos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

En tercer término, proponemos ampliar la obligación de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, alcanzando no sólo al Presidente y Vicepresidente de la República, sino también a los legisladores, ministros, subsecretarios, directores generales de los Ministerios, Intendentes Departamentales y Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

En cuarto término, entendemos que es necesario revisar y reducir sustancialmente las numerosas excepciones establecidas en el artículo 33 del TOCAF con respecto a la aplicación del mecanismo de la licitación pública. Proponemos que el Tribunal de Cuentas estudie el elenco de excepciones y proponga una reducción sustancial de las actualmente previstas.

En quinto lugar, proponemos establecer por ley la obligación de seleccionar por concurso abierto de oposición y méritos a todos los cargos gerenciales de primera línea de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Personas de Derecho Público no Estatales y Empresas Privadas de propiedad estatal así como también los Directores de los Hospitales Públicos de ASSE.

La sexta medida es establecer una modificación constitucional que extienda la prohibición para quienes ocupan cargos de Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de ser candidatos a cargos electivos a todo el período de gobierno, es decir por cinco años desde que abandonen el cargo. Esta medida busca evitar que se utilicen los cargos de conducción en las empresas públicas como plataformas de lanzamiento de campañas electorales para sus directores.

La séptima medida es la prohibición del uso de las tarjetas corporativas para los Directores y Gerentes de los Entes Autónomos  Servicios Descentralizados. No es necesario contar con este instrumento para poder cumplir la gestión en estos organismos.

En octavo lugar, proponemos revisar las normas que regulan el subsidio para los titulares de cargos públicos de carácter electivo o de confianza política, estableciendo que el tiempo del subsidio debe estar en proporción al tiempo en el que se ocupó el cargo, con el tope de un año.

Finalmente, proponemos la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Tribunal de Cuentas para que este último asesore a las Comisiones Legislativas  en el análisis y control de los proyectos de ley, en particular con respecto a las propuestas de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas.

En definitiva, un verdadero programa de ajuste normativo que, por un lado, mande una señal clara a la ciudadanía con respecto a la voluntad del sistema político de mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y, por otro lado, que permita estar más seguros de que las reglas institucionales fortalecen los organismos que deben controlar a quienes toman las decisiones con recursos del Estado.

Esta debe ser parte de la tan mentada agenda pública, del gobierno y de la oposición.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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