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imagen del contenido Edgardo Carvalho

¿Algo huele mal en Maldonado?

Edgardo Carvalho

20.11.2017

En los últimos días una noticia política realmente sorprendente ha pasado casi desapercibida para la opinión pública.

 

Creo que vale la pena detenerse en ella y analizarla, aunque sea someramente, porque dice mucho acerca de la realidad de cómo entiende el principio de transparencia (con el que hace gárgaras la derecha en este país) uno de sus representantes más conspicuos, al frente del gobierno y administración de un departamento tan importante, desde muchos puntos de vista, como es Maldonado. 

La historia es larga, pero en el fondo sencilla, Y realmente sorprendente.  Dos ediles de Frente Amplio - Alianza Progresista, Leonardo Delgado y Fermín de los Santos, cansados de recibir la callada por respuesta a sus solicitudes de informes al Intendente Departamental, resolvieron recurrir a la Ley 18.381, de Acceso a la Información Pública (aprobada en el primer gobierno del Frente Amplio, dicho sea de paso) formulando sus solicitudes al amparo del derecho reconocido por esta norma.  

El art., 3º de esta ley declara que "el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información".

Para medir el grado de arbitrariedad en la conducta del Intendente Antía cabe señalar que los informes solicitados refieren a las direcciones generales de Administración y Recursos Humanos, Integración y Desarrollo Social y Hacienda, abarcando lo actuado respecto a distintas situaciones funcionales, ingresos en cargos de confianza, créditos presupuestales, recaudación por Contribución  Inmobiliaria, sanciones, ampliación de información proporcionada en Rendiciones de Cuentas y otros temas, todos ellos indudablemente relacionados con la gestión administrativa del Intendente Departamental y la situación económico financiera de la Intendencia de Maldonado en los años 2015 y 2016.  Gestión cuyo contralor es una de las funciones esenciales que cumple la Junta Departamental y por ende los ediles que la integran.

Y aquí comienzan las sorpresas.  Inhibido el Intendente de ampararse en el silencio, como puede hacerlo en el caso de las solicitudes formuladas desde el ámbito de la Junta Departamental, donde lo protege la mayoría automática otorgada por la Constitución, y obligado a proporcionar la información requerida en un plazo de veinte días hábiles, se negó a hacerlo, invocando para fundar su negativa un argumento realmente extravagante.

Según lo que informa la prensa, el Intendente de Maldonado, por intermedio de su Asesora Jurídica (¿?) sostuvo que, como los ediles tienen prohibido por la Constitución "tramitar asuntos propios o de particulares ante el gobierno departamental", les está vedado recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública, pudiendo únicamente solicitar informes al Intendente como miembros de la Junta Departamental y según lo previsto por el art. 284 de la Constitución.

El absurdo es mayúsculo.  Una ridícula hoja de parra para tratar de cubrir la decisión de ocultar, de la forma que sea, la información que se le reclama.  Si pedir al Intendente la información de que se trata implicara "tramitar asuntos propios o de terceros", la prohibición constitucional les vedaría expresamente hacerlo, por cualquier medio, tanto formulando solicitudes a través de la Junta Departamental como de la Ley de Acceso a la Información.

Las informaciones pedidas no "tramitan" ningún asunto particular. Se refieren a la gestión administrativa y financiera del Intendente como jerarca máximo del gobierno departamental. Y no solo los ediles, sino cualquier persona "sin discriminación por nacionalidad o carácter" tiene derecho a solicitarla por intermedio del mecanismo previsto en la ley.  Es evidente que tampoco se trata de informaciones reservadas o confidenciales (excluidas, en ciertas condiciones, del alcance de la ley) ya  que si lo fueran, bien que lo habría alegado la asesora jurídica del Sr. Antía, en lugar de recurrir a argumentos estrafalarios.

Por otra parte, según ha señalado  la Ong CAINFO al rechazar la actitud de la Intendencia de Maldonado, en el mes de mayo pasado el órgano de control creado por la ley para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y disposiciones, UAIP (Unidad de Acceso a la Información Pública), se pronunció a favor de la solicitud de los ediles De los Santos y Delgado, señalando que "el derecho a la información pública es un derecho humano, por lo que no puede limitarse en función del cargo que desempeña el solicitante" y que "la solicitud debe ser tramitada independientemente de que quien la presenta sea o no parte del Gobierno Departamental".  

Resulta bochornoso que un gobernante departamental se niegue a informar sobre su gestión pretendiendo negar a los ediles, representantes de la ciudadanía, una información que está legalmente obligado a proporcionar a cualquier ciudadano que se la solicite.  

Pero la historia continúa, y en cada capítulo se carga de tintes más oscuros. Ocurre que, previendo posibles comportamientos como el del Intendente Antía la ley, muy sabiamente, reconoció a cualquier persona cuya solicitud de información haya sido denegada, la posibilidad de entablar una    "acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés" , acción prevista en los arts. 22 y siguientes de la ley.  

Y a esa posibilidad recurrieron los ediles de la Alianza Progresista, ante la negativa de la Intendencia de Maldonado, presentándose ante el Juzgado competente.

Y es aquí donde nos encontramos ante otro hecho sorprendente.  Aunque tal vez "preocupante" sería un adjetivo más adecuado.  Una Intendencia Municipal atacando la constitucionalidad de la ley 18.381 para negarse a proporcionar informaciones requeridas por ediles sobre su gestión es un hecho sin precedentes 

Y eso fue lo que ocurrió cuando la Intendencia de Maldonado fue convocada a audiencia pública para tramitar la acción de acceso a la información ejercitada por los ediles.  La Intendencia Municipal paralizó el procedimiento judicial, arguyendo, por vía de excepción, una supuesta inconstitucionalidad de la ley.

La ley sobre derecho al acceso a la información pública, ha sido aplicada en múltiples oportunidades y por lo que yo sé, ha sido cuestionada en un solo caso y por un grupo de empresas privadas, no por ninguna entidad pública.  

En esa ocasión, la Suprema Corte de Justicia desestimó la pretendida inconstitucionalidad por sentencia unánime de 13/3/2013, en la que se incluyen conceptos medulares, señalando, por ejemplo, que "la referida norma garantiza el derecho a la información, que ha estado implícito en los diversos textos internacionales y nacionales como una faceta de las libertades de pensamiento, opinión y expresión, por lo que mal puede entenderse que se encuentren en colisión con principios de orden superior sino que, por el contrario, has sido dictada en armonía con ellos".  

Recordemos, además que la ley ha venido siendo aplicada sin reparo alguno por todos los organismos gubernamentales, siendo el caso más notorio el que se refiere al uso de las llamadas tarjetas corporativas por parte del ex Vicepresidente de la República. La información, que en definitiva diera lugar a su renuncia, fue solicitada por un medio opositor y tramitada en forma correcta y exhaustiva sin que, por supuesto, los solicitantes tuvieran necesidad de recurrir para obtenerla a una acción judicial.

Es lógico preguntarse qué grave inconstitucionalidad habrá advertido la Intendencia de Maldonado en la solicitud de los ediles frenteamplistas.  No he llegado a conocer todo el texto del recurso, pero de acuerdo a lo que has trascendido, el argumento consistiría en sostener que la ley resulta inconstitucional... por no haber excluido a los ediles como posibles titulares del derecho a acceder a la información pública, que la norma reconoce ampliamente a todas las demás personas. 

Realmente, se roza ya la cima del disparate.   Como la Constitución concede a los ediles el derecho a pedir informes al Intendente (que puede o no contestarlos, según su voluntad)  y concede a un tercio de integrantes de la Junta Departamental el derecho a hacer venir a Sala al Intendente (que puede hacerse representar por un funcionario), para pedirle informes (que se suministrarán o no, sin consecuencia alguna, dada la mayoría automática con que cuenta el Intendente) , esos derechos serían los únicos de que dispondrían los representantes de la ciudadanía para cumplir con su función de contralor de la gestión del jerarca de la administración  departamental.  

Con semejante criterio, lo concedido como facultad se transformaría en una gravísima limitación, un cepo que conduciría a impedirles cumplir cabalmente con su función.  Así, la solicitud de informes, contestados o no según la benevolencia del jerarca, y el llamado a sala, condicionado a obtener la adhesión de un tercio de la Junta y condenado a la inanidad política, serían los únicos y exclusivos medios de que dispondrían los ediles para informarse sobre la gestión del Intendente, muy por debajo, como se advierte, del que dispone cualquier persona, sin discriminación alguna y sin tener que justificar las razones de su interés o su relación con la gestión departamental, ejercitando los procedimientos previstos  por la ley 18.381.

No creo que tenga antecedentes un planteamiento de inconstitucionalidad tan descabellado.  No existe ninguna posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia coincida con semejante despropósito.  Entre las múltiples razones, muchas de ellas expuestas en el fallo citado, por una que demuestra que el único fin del planteamiento de inconstitucionalidad del Intendente Antía es dilatar la respuesta debida a los requerimientos que le formulan los ediles Delgado y De los Santos.  

Porque, (supongamos por un momento que la Suprema Corte de Justicia ha sufrido un ataque de demencia colectivo), un fallo aceptando el planteo de la Intendencia de Maldonado sería meramente platónico, carecería de toda consecuencia práctica, distinta de la dilación.  El derecho negado a los ediles podría ser ejercitado por cualquier otra persona. Un familiar, un correligionario, un amigo, podrían formular exactamente las mismas solicitudes de acceso a la información pública y el Intendente de Maldonado no tendría legalmente otro remedio que suministrar lo que se le pide.

Realmente, ante este empecinamiento inexplicable e ilegal en negar la información que se le reclama, es lógico pensar que se trata de ocultar algo al conocimiento de la opinión pública, al menos por el mayor tiempo posible. Algo que, para explicar semejante obstinación, sería lógico suponer que se trata  de decisiones administrativas muy difíciles de justificar.  

Daría la impresión de que el Intendente de Maldonado está nervioso.  De lo contrario no se explica que haya decidido llevar este caso, sometido a la Justicia Letrada departamental de Primera Instancia, a la consideración del más alto tribunal de la República, cuyo fallo adquirirá una resonancia pública mucho mayor.  Para aceptar las posibilidades ciertas de un estruendoso fracaso no parece suficiente con que no quiera dar el brazo a torcer, en gesto propio de sus habituales posturas autoritarias de mandamás pueblerino.  Cabe la duda razonable sobre que pueda estar en juego algo más, que podría afectar el juicio ciudadano sobre  la gestión del Intendente Antía.

En realidad, una actitud reticente de su parte ante la necesidad de suministrar información pedida judicialmente no es la primera vez que se manifiesta.  Recordemos lo ocurrido a principios de la gestión de Oscar De los Santos como Intendente Municipal de Maldonado.  Como se permitió formular ciertos comentarios sobre decisiones adoptadas por Antía en el período inmediato anterior, el ex intendente no vaciló en denunciarlo penalmente como autor de los delitos de difamación e injurias. Denuncia que se tramitó normalmente ante el Juzgado Penal competente hasta el momento en que, llegado el período de pruebas, De los Santos solicitó y obtuvo, como parte de la suya, el levantamiento del secreto bancario que protegía las cuentas del ex intendente y las demás personas a las que se había referido en los comentarios que se pretendía incriminar como difamatorios y delictivos.  

Ante esa solicitud, a la que el magistrado accedió, el ex intendente metió violín en bolsa y desistió de la acción penal entablada, con lo que forzó la clausura de los procedimientos.

En el caso de las informaciones solicitadas por los ediles frenteamplistas, por suerte para la debida información de la ciudadanía sobre su gestión, no le resultará tan fácil impedir que, más tarde o más temprano, se haga pública aquella información que tanto se preocupa en mantener al margen de la luz pública.

Edgardo Carvalho

 



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