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Ante el horror, tampoco se puede cobrar al grito

Pablo Mieres

26.11.2017

El horror de lo ocurrido en estos días es mayúsculo. La indignación supera todo límite y no hay palabras que alcancen para expresarlo.

Los asesinatos de dos niñas en menos de un mes a manos de verdaderos monstruos, han desatado nuestros más profundos sentimientos de rabia e impotencia. La sociedad reacciona como debe ser y cada uno de nosotros siente el impulso de matar a quienes cometieron semejante atrocidad. Así es y es natural que así ocurra.

Es muy impactante sentir que en medio de nuestra sociedad conviven, ocultos, individuos capaces de realizar las acciones más horrendas. Personas que salen a "cazar sus presas" como depredadores buscando a las víctimas más débiles e indefensas. Es cierto también que estos casos están presentes en todas las sociedades humanas, con total independencia de los regímenes jurídicos, políticos o sociales.

Es una aberración simplificadora y profundamente equivocada, explicar estos casos como productos del sistema. No hay que obviar las responsabilidades personales que son parte de las decisiones que cada quien asume en la vida, tampoco hay que obviar las connotaciones biológicas y psicológicas que están presentes en estos casos aberrantes de individuos que actúan de manera horrenda.

La reacción ciudadana y popular, tal como ocurrió en Rivera hace unos días, es lo que históricamente se conoce como "hacer justicia por mano propia" o directamente el "linchamiento". Es el impulso instintivo de rechazo al horror, es la reacción inmediata de excluir, extirpar del seno de nuestra sociedad a quien es capaz de realizar tales actos de maldad.

Sin embargo, el Estado, la sociedad organizada y quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de actuar sobreponiéndonos al impulso inmediato, a la reacción visceral, a la conducta instintiva. Tenemos la obligación de evitar las respuestas facilistas e inmediatistas que, además, tienen un inevitable aspecto oportunista. No hay que "cobrar al grito".

Por eso nosotros rechazamos las medidas punitivas que se han anunciado por parte de algunos dirigentes políticos en forma inmediata, a las pocas horas de este horror. Estamos, sí, totalmente dispuestos a acompañar todas las medidas preventivas que aumenten la posibilidad de controlar y evitar que estas situaciones ocurran.

Estamos de acuerdo con la aprobación de una norma que establezca el registro público de violadores y pedófilos. El control social debe fortalecerse para acompañar y apuntalar al control institucional del Estado. Ciertamente, deben revisarse los procedimientos judiciales y administrativos a los efectos de ajustar su eficacia y evitar las omisiones que pueden culminar en que estos sujetos cumplan con su objetivo.

Pero salir al ruedo, anunciando de un día para el otro que hay que promover la cadena perpetua o la castración química, suena a una respuesta que probablemente reciba el aplauso de una parte de la opinión pública, pero no cumple con el papel que los dirigentes políticos debemos asumir en estas circunstancias.

No es bueno salir a las corridas promoviendo medidas en medio de la indignación y el horror. Obviamente se podrá recibir el aplauso de una parte de la opinión pública, pero nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad que consiste en estudiar, en profundidad y con la distancia que corresponde con respecto a los casos concretos, las soluciones más apropiadas.

Nosotros hemos sido siempre contrarios a la pena de muerte y a la cadena perpetua. El Estado no debe bajar al nivel del monstruo y responder con penas que son equivalentes al horror que se quiere extirpar. Tampoco debe propiciar penas que implican infligir daño intencional al delincuente.

Los países que tienen pena de muerte o cadena perpetua no han eliminado la existencia de estos casos, en todos ellos siguen emergiendo monstruos, igual que en otros ordenamientos jurídicos que no poseen este tipo de penas.

Por otra parte, la posibilidad de error de la Justicia hace mucha fuerza para no tomar decisiones sin retorno.

Nuestro ordenamiento jurídico penal ya dispone penas suficientemente extensas. En efecto, se puede castigar a un individuo con treinta años de prisión más quince de medidas de seguridad; es decir cuarenta y cinco años de privación de libertad.

Pero sí es necesario evaluar los instrumentos normativos que tienen que ver con la efectiva aplicación de la pena y determinar con criterio cuáles de los instrumentos benévolos deben ser inaplicables bajo ciertas circunstancias, de manera tal que se pueda evitar que por la vía de estos procedimientos se termine reduciendo sustancialmente la extensión de la pena.

Pero todo esto debe discutirse y resolverse cuando se haya apagado el impacto brutal de estos casos. Así debemos actuar en una sociedad civilizada, defendiéndonos de la barbarie, evitando ponernos a su altura, descartando interpretaciones estructurales que evaden las responsabilidades individuales y también evitando soluciones oportunistas.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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