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El País reescribe la historia

Edgardo Carvalho

13.12.2017

Desde que me intereso por la política (es decir, hace mucho tiempo) el diario El País ha sido siempre el más consecuente órgano de prensa de la derecha en el Uruguay.

No puedo recordar un solo hecho, un sola circunstancia histórica significativa, en que no se alineara con las posiciones más conservadoras y  más contrarias a los intereses populares.

Si faltaba algo para recordarme que esta tradición se mantiene incólume, el editorial del día 4 pasado, vino a cumplir esta función. 

Bajo el título de "A medio siglo de Pacheco", se despliega una ardorosa defensa de ungobierno autoritario y represivo, caracterizado por la violación sistemática de la Constitución y las leyes, y que, al entregar a las fuerzas armadas tareas de represión política,abrió las puertas al proceso que conduciría a la dictadura militar.

Se lamenta el editorialista que, a medio siglo de la llegada al poder de Pacheco. se seguiría "sin poder hacer balances desapasionados para juzgar la acción de su gobierno".  Un ejemplo de la ausencia de tales balances es que manuales de historia reciente caractericen ese "difícil tiempo político"como un "período autoritario".   En la misma tónica, rechaza la "disparatada tesis de que los excesos dictatoriales" se iniciaron bajo la presidencia de Pachecoy se lamenta de que el propio Partido Colorado nunca defendiera "ampliamente, con pasión, argumentos y decisión,el legado "positivo de su líder".

Ya puesto a desvariar, luego de extenderse sobre supuestas pruebas de que los tupamaros habrían pensado en atentar contra él (como si eso pudiera justificar la violación sistemática de la Constitución y las leyes), termina, en tono plañidero, doliéndose de que medio siglo después de la llegada a la presidencia de este personaje, la visión de su gestión de gobierno siga "sepultadatras una memoria parcializada y pasional".

Supongo que muchas personaspueden pensar que es perder el tiempo ocuparse de un editorial de El País, siendo conocidas sus posiciones políticas. Sin embargo, asigno cierta relevancia al hecho de que nada menos que un editorial (por consiguiente un texto redactado, autorizado o prohijado por los propietarios del medio) adopte una posición tan claramente justificativa de lo ocurrido en este siniestro período de nuestra historia. 

La derecha, generalmente quejosa de una "reescritura de la historia reciente" a la que estarían entregados los historiadores, la prensa y los partidos de izquierda, aparece ahora, a través de su principal medio,iniciando y propugnando la difícil tarea de reivindicar una gestión presidencial al margen de la Constitución y que estuvo claramente en el origen de la dictadura militar. 

Es legítimo preguntarse si esta inquietud por reescribir la historia de la gestión pachequista no precederá u ocultará a una inquietud similar respecto al período de dictadura militar, a la que por supuesto El País apoyaraen su momento con entusiasmo. 

De todas maneras, la trágica importancia de este período en la historia del Uruguayy su ejemplo de cómo a través de la perversión de las instituciones democráticas puede instalarse lo que es en realidad un régimen autoritario, parecen justificar que nos detengamos a examinar lo ocurrido en estos años.  Nunca está de más ilustrar a los jóvenes y refrescar la memoria de los mayores  sobre hechos tan graves y que estuvieron inequívocamente en el origen de una tragedia, los trece años de dictadura militar, alguna de cuyas consecuencias el país arrastra todavía.

 La Constitución de un solo artículo.

Jorge Pacheco Areco  (un diputado colorado sin ningún relieve, electo como su candidato a Vice por el General Gestido para "neutralizar" un cargo que se disputaban varios dirigentes partidarios de primera línea), llegó a la Presidencia por la repentina e inesperada muerte de Gestido el 6 de diciembre de 1967.  Ocupó la Presidencia el día siguiente. Y cinco días después, inauguró su gestión presidencial con la primera muestra clara de lo que sería su estilo de gobierno.  Sin necesidad de ninguna investigación o procedimiento previo, sin siquiera citar a los interesados, tomando como pretexto el contenido de una declaración política hecha pública, disolvió por decreto , por primera vez en la historia del país, a partidos políticos con personería jurídica y lema registrado en la Corte Electoral, además de otros grupos políticos, incautándose de sus locales y bienes, clausurando sus órganos de prensa y deteniendo a sus dirigentes, además de clausurar el diario Epoca, donde se había publicado la declaración referida. 

La fundamentación jurídica de semejante despropósito era muy simple y se repetiría en el futuro como un latiguillo:consistió  solamente en recordar que  el inc. 1º del art. 168 de la Constitución comete al Presidente "conservar el orden y la tranquilidad en lo interior"... Como guinda decorativa encima del postre, y para "legitimar" las detenciones, en este caso se invocó  también una vieja ley sobre asociaciones ilícitas dictada en la época de la 2ª. guerra mundial, lo que fue descartado de inmediato por la justicia, que ordenó poner en libertad a todos los detenidos.

El Poder Ejecutivo ignoraba así olímpicamente algo que nunca nadie había discutido: en democracia y dentro de nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo, como cualquiera de los otros dos poderes del estado, tiene atribuidas determinadas funciones, pero esas funciones deben cumplirse en el marco de lapropia Constitución,de las leyes y con los medios que éstas les han otorgado.

 Con el criterio pachequista el Ejecutivo se erigió en una especie de poder supremo, que decidía a su arbitrio qué leyes aplicar y cuáles no, según su exclusivo punto de vista acerca dela forma de  mantener "el orden y la tranquilidad".

De esa manera se inauguraba un gobierno del que un magistrado afirmaría luego, en denuncia elevada a la Suprema Corte de Justicia, que "nuestro país ha sido arrojado en el dominio confuso de la arbitrariedad más grave e indefinida que pueda suponerse", instaurándose "unaforma de gobierno inconstitucional" y abriéndose la vía "al más tremendo y autoritario despotismo con una apariencia de legalidad".

Pero estábamos recién al comienzo. Era apenas un anuncio de lo que estaba por venir. Pocos meses después, el 13 de junio de 1968, el régimen decretó la congelación de salarios y preciosy a partir de esa fecha adoptó como forma normal de gobierno el dictar medidas prontas de seguridad que, con carácter excepcional y para situaciones muy especiales (casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior) prevé el inciso 17 del ya mencionado art. 168.

De un gobierno que entendía la Constitución como si tuviera un solo artículo, el 168º, pasamos ahora a un Presidente que durante el resto de su período (con la breve excepción de algunos meses de 1969)  gobernaría y legislaría de hecho  basado en un solo inciso de ese artículo, el inc., 17º. 

Ya no necesitaba aval parlamentario a través de la sanción de leyes, que luego debiera reglamentar para su aplicación.  Era suficiente con dictar"medidas prontas de seguridad",

Es notable el hecho de que en la Constitución uruguaya, la norma que fija las condiciones para que el Poder Ejecutivo pueda aplicar  "medidas prontas de seguridad" se conserva prácticamente inalterada desde 1830, salvo leves cambios de redacción y uno, introducido para impedir que las personas sometidas a arresto administrativo puedan ser recluidas en cárceles comunes. 

Las medidas de seguridad, siempre, hasta la llegada de Pacheco al Poder Ejecutivo, fueron lo que quiere la Constitución que sean: medidas, es decir decisiones concretas y particulares, aplicadas durante breves períodos y solo ante situaciones de urgencia, graves e imprevisibles, de invasión extranjera, insurrección o calamidad pública.  Porque, como enseñaba Jiménez de Aréchaga, "no son un premio a la imprevisión gubernamental".  Si se trata de enfrentar situaciones que pueden ser previstas o que se prolongan en el tiempo, lo que corresponde es que se propongan y se dicten las leyes oportunas, ya que las libertades y derechos  reconocidosa los habitantes de la República solo pueden regularse y limitarse por vía de leyes, aprobadas por el Parlamento y sometidas al control de constitucionalidad de la Suprema Corte, nunca de simples "medidas prontas de seguridad".

Estas "medidas", restringidas a esos casos tan especiales, deben ser sometidas dentro de las 24 horas de adoptadas, a la Asamblea General o a la Comisión Permanente, de estar aquella en receso, "estándose a su resolución".  Como se ha dicho gráficamente "la Asamblea General es la dueña de las medidas de seguridad", algo que nunca fue discutido en este país, tan claro y rotundo es el texto constitucional.  

En marzo de 1933, Gabriel Terra, cuando la Asamblea General resolvió levantar las "medidas de seguridad" que había decretado, con graves restricciones a las libertades públicas, fue más honesto o menos hipócrita que Pacheco, disolvió el Parlamento y se proclamó dictador. 

Pacheco, gobernante autoritario y al margen de la Constitución, pero interesado en mantener la fachada democrática, se limitó simplemente a desconocer las decisiones de la Asamblea General, cada vez que ésta, ejerciendo su competencia constitucional indiscutible, resolvió levantarlas.  El desconocimiento de la decisión parlamentaria se produjo en tres oportunidades.  La primera, cuando la Asamblea General levantó la clausura del diario Extra.  La segunda, en agosto de 1969, cuando la Asamblea General resolvió dejar sin efecto la militarización de los trabajadores de la banca privada.  La tercera, en julio de 1971, ya en plena campaña electoral, cuando el Parlamento resolvió dejar sin efecto todas las medidas de seguridad de carácter policial, para permitir el libre desarrollo de la campaña. 

En los tres casos, el procedimiento fue el mismo: notificado de la decisión de la Asamblea General dejando sin efecto su decisión, Pacheco reimplantó en el acto las medidas anuladas, burlando la decisión parlamentaria y dejando clara su decisión de imponer su voluntad, aunque ello supusiera ponerse al margen de la Constitución. 

Por supuesto, lo hacía contando con la seguridad de que el apoyo de los sectores conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional hacían imposible conformar la mayoría de dos tercios del Senado, requerida para destituirlo mediante la promoción de un juicio político.  Y eso a pesar de que la Suprema Corte de Justicia, por primera vez en la historia del país, acusó formalmente a un Presidente de la República por haber violado la Constitución, al desconocer los mandatos judiciales de libertad dictados ante un recurso de habeas corpus.

Asistimos así a la implantación de un gobierno autoritario, en el que se violó sistemáticamente la Constitución y se cometieron graves atentados contra las libertades públicas y los derechos humanos.

Los alcances del régimen autoritario.

Sería imposible en los límites de este artículo recordar el cúmulo de violaciones constitucionales y legales cometidas por el señor Pacheco Areco invocando las "medidas prontas de seguridad".Me detendré en las más graves, las que afectaron directamente a las libertades, pero a simple título de ejemplo vale señalar que por decreto suspendió laudos y convenios colectivos, congeló salarios y luego los aumentó o no según su exclusivo criterio, que legisló sobre arrendamientos y desalojos, reguló el monopolio de hipotecas por el Banco Hipotecario, modificó el procedimiento legal a seguirse en caso de  infracciones aduaneras, reguló los préstamos de dinero entre particulares, fijó toda clase de precios, intervino entes autónomos, designando interventores que despidieron a cientos de funcionarios sin sumario ni oportunidad de defensa, avasalló la autonomía del Consejo de Enseñanza Secundaria, sustituyéndolo por una Comisión Interventora, etc., etc.

Pero fue en el campo de las libertades públicas y los derechos humanos en que el autoritarismo desbordado de Pacheco cometió las más graves arbitrariedades, las violaciones más evidentes de las garantías constitucionales. 

Entre junio de 1968 y el 1 de marzo de 1972, se implantó un régimen de detención administrativa por tiempo indefinido, recluyéndose en cuarteles, en las Escuelas de Nurses y de Policía, y luego en la prisión militar de Punta de Rieles, construida y habilitada en este período, a miles de hombres y mujeres, a simple criterio de la autoridad policial y luego también militar. 

Participar en asambleas omanifestaciones públicas, repartir volantes, pegar murales, se transformaron en actividades punibles por períodos de privación de libertad de duración desconocida. Personas a las que los jueces no encontraban responsables de ningún delito o que ya habían cumplido las penas impuestas, eran detenidas a las puertas del juzgado o de la cárcel, para continuar presas, ahora sin la garantía de un magistrado ni posibilidades de reclamar su libertad, salvo que optaran por exilarse, ya que las decisiones judiciales de amparo por vía de recursos de habeas corpus eran sistemáticamente desconocidas.

El derecho de reunión fue objeto de múltiples restricciones, desde la simple prohibición (incluso en caso de actos promovidos por legisladores) hasta una insólita reglamentación que limitaba los espacios públicos en que podían realizarse actos, los que por otra parte no podían convocarse para antes de las 19.30 horas, con la evidente finalidad de obligar a los sindicatos y partidos a realizar sus movilizaciones en horas de la noche.

Las violaciones a la libertad de prensa fueron permanentes. Se clausuró una larga serie de diarios y semanarios (Época, El Sol, De Frente. Extra, Democracia, La Hora, Ya, La Idea, etc), sin que sus redactores fueran jamás acusados de delito alguno, simplemente porque la información política que se divulgaba a través de esos medios disgustaba al Señor Presidente. Se implantó la censura previa de los medios de prensa, complementada posteriormente por la prohibición de dejar espacios en blanco, para evitar que la opinión pública advirtiera que había textos censurados.  Posteriormente (siempre salvar las apariencias de democracia) la censura fue sustituida por un procedimiento más sibilino y de peores efectos para los medios impresos.  No existía censura previa, pero las ediciones solo podían distribuirse previo pasaje por la Jefatura de Policía, que era quien autorizaba o no esa distribución, con lo que se obligaba a los editores a la autocensura, si no querían correr el riego de una cuantiosa pérdida.

Pero fue con la finalidad de reprimir las movilizaciones sindicales y coartar el derecho de huelga que Pacheco perpetró las violaciones más groseras de las libertades garantizadas por la Constitución.  En otra medida sin precedentes en toda nuestra historia, dispuso militarizar a miles de obreros y empleados públicos y luego también a trabajadores del sector privado, los bancarios. Miles de ciudadanos fueron encerrados en cuarteles, obligados a recibir instrucción militar, y desde allí fueron llevados a sus empleos, en un verdadero régimen de trabajo forzado, todo bajo la amenaza de someterlos a la justicia militar imputados de deserción.  

El autoritarismo desbordado de Pacheco dañó gravemente la vida política democrática de este país.  Fue durante su gobierno y bajo el paraguas de un régimen de excepción aplicado como sistema normal de gobierno, que se fue haciendo habitual la tortura de los presos políticos. Fue bajo su gobierno que se organizaron grupos parapoliciales que asesinaron a varios jóvenes que suponían vinculados al movimiento tupamaro, crímenes que nunca fueron esclarecidos y continúan impunes hasta hoy.  Fue Pacheco quien sacó a los militares de los cuarteles para usarlos primero en tareas de represión del movimiento sindical y luego delmovimiento  tupamaro, lo que universalizó la práctica de la tortura.  consentida tácitamente desde el poder, ante las primeras denuncias parlamentarias.

Convocar a las fuerzas armadas a esas tareas de orden necesariamente político, alimentarlas a diario con el ejemplo presidencial de que no era necesario respetar la Constitución ni la ley ya que desde el poder puede violárselas impunemente, no podía tener, y a corto plazo, un efecto distinto al que tuvo.

El autoritario régimen pachequista fue responsable de dar los  primeros y largos pasos por una  senda que conduciría inevitablemente a la dictadura militar.

El País no oculta sus pretensiones. Quiere reivindicar la gestión de gobierno de Jorge Pacheco Areco.  Teniendo en cuenta lo que en breve síntesis acabamos de reseñar, a fe que lo tendrá difícil. Los hechos históricos no pueden borrarse.  Las actas parlamentarias, los registros de resoluciones y decretos, los fallos judiciales, la prensa de la época, confirman plenamente los hechos que acabamos de reseñar y fundan claramente, sin lugar a dudas.  el calificativo de autoritario, con ribetes dictatoriales, aplicado a la gestión de gobierno de quien fuera luego, coherentemente, embajador y defensor de la dictadura militar a la que abrió el camino.

Edgardo Carvalho



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