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Absolución y castigo

Ismael Blanco

21.12.2017

El 26 de diciembre de 2013, hace ya casi 4 años escribí un artículo, “El Innominado”, a propósito del caso PLUNA y en relación al procesamiento de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia por el delito de abuso innominado de funciones. Hice una reflexión personal acerca de la Justicia, sus operadores y la injusticia que encierran ciertas normas y ciertas decisiones judiciales.

Hoy, un nuevo fallo judicial en esa causa me hace ratificar esas reflexiones iniciales. Desde entonces y hasta ahora he seguido el caso y tengo plena conciencia que como gobierno seguimos en deuda  con el Derecho y la Justicia manteniendo este delito dentro de la normativa nacional.

Ese artículo lo escribí  como abogado y como hombre de derecho que soy y que resolví ser a partir de la lectura del libro "Crimen y Castigo",  siendo aún  un adolescente. Lo recibí como regalo de fin de curso de primaria, y por puro azar, de manos de la directora de la escuela.

Ese libro marcó mi rumbo y aún lo conservo como un preciado tesoro.

Sin duda Dostoievski removió mis jóvenes y entusiastas emociones, mi ideal de justicia planteando, a  través del diálogo de sus personajes, un  tema   que preocupó al autor y a su pueblo en la Rusia del Siglo XIX.

A pesar del tiempo transcurrido la obra tiene plena vigencia porque en ella  se propuso  mostrarnos  de una manera humanamente imperfecta y natural, cuál era  el verdadero sentido de la justicia en la que creyó, presentándola  como aquella que deviene a partir de la coherencia de los principios  y la conciencia interna que tenemos los hombres con la que  juzgamos nuestros propios actos como individuos. Esa conciencia personal  no es la   impuesta ni por el poder Estatal, ni  por  las leyes vigentes, puesto  que muchas veces ese orden normativo puede caer en contradicciones y construcciones  carentes de contenido o estar reñido con los principios que la sustentan.

El autor nos presenta a la justicia como algo simple y humano, como el resultado  al que se llega a través de un análisis crítico, personal e intransferible; como un acto de conciencia  impregnado de nuestros propios valores para ajustar el deber ser.

Y digo esto, en el convencimiento teleológico que transitando ese proceso ningún Juez  ni ningún tribunal desde su propia conciencia personal puede creer que se hace justicia -y menos en materia penal- aplicando un delito por la sola circunstancia de estar  impreso en un código, teniendo cabalidad  que a todas luces carece de contenido y tipicidad definida,  contrariando la base sobre la que se debe sustentar el delito en materia penal, porque en su aplicación  está en juego el honor, la integridad y la libertad de las personas.

Sobre el abuso innominado de funciones se ha  escrito ríos de tinta doctrinaria abogando por su derogación. Sin embargo sigue ahí de lo más vigente. Pero ¿es esto suficiente para aplicarlo? ¿Es esto suficiente para condenar a un hombre cuando su base contraría el más elemental sentido de la justicia?

Juzgar los actos de los hombres no es un asunto sencillo, y estoy convencido que en la conciencia de los más pulcros  operadores jurídicos  muchos procesos internos  se desarrollan, porque quienes ejercen ese rol son mujeres y hombres que a diario deben interpelarse a sí mismos sobre sus propias decisiones, porque impartir justicia es un acto humano como cualquier acto de la vida cotidiana y tan complejo como tantos actos complejos de los humanos, y tan imperfectos como cualquier acto humano porque los veredictos que emiten fiscales y jueces no son divinos y tiene la falibilidad de cualquier acto de los hombres.

Con motivo de este doble pronunciamiento reciente, y en aras de ser honesto, reconozco un proceso de  conciencia en la decisión de  la Magistrado María Elena Mainard al apartarse del dictamen fiscal y absolver a Lorenzo tras casi 4 años de haberse iniciado una causa penal  injusta que concluye con una merecida inocencia.

Pero también digo que sigo sin poder comprender parte de su decisión. Sigo sin entender por qué  motivo el hilo conductor de un análisis correcto  de  inocencia se interrumpe abruptamente  en el último nivel  de la  decisión política. A pesar de que el ex presidente Mujica asumiera públicamente toda la responsabilidad de los actos que se están juzgando -y así consta en actas parlamentarias- el fiscal Pacheco lo exonera de toda responsabilidad por  considerarlo ajeno a la causa, en el entendido que su accionar estaba contenido "en un acto de gobierno". Sin embargo se culmina en una  condena a Fernando  Calloia que es objetivamente el último eslabón de la cadena de decisión de actos de gobierno.

A esta altura de los acontecimientos nadie puede dudar que todo lo ocurrido en el proceso que intentó salvar a Pluna fueran actos de gobierno.

Se podrá estar de acuerdo o no con la decisión del gobierno de Mujica, cuyo vicepresidente era el contador Astori y el Ministro de Transporte y Obras Públicas, el Sr. Enrique Pintado y todos ellos, por decisión del fiscal Pacheco a la hora de su acusación, fueron dejados fuera de la causa por entender -y en eso estoy de acuerdo-  que actuaron bajo el concepto de acto de gobierno. Nos preguntamos hace unos meses nomás y con motivo de su acusación fiscal por qué esa misma construcción que eximía de responsabilidad a unos dejaba dentro de la responsabilidad penal a Lorenzo y a Calloia, Hoy, la jueza Mainard repara en parte excluyendo a Fernando Lorenzo del delito pero no hace lo propio con Calloia en un corte que no se entiende. Quiero subrayar que la decisión de la Dra. Mainard no es menor, denota un criterio jurídico elevado y reafirma la independencia técnica de juristas que muchas veces se allanan a la acusación fiscal que se toma como una verdad revelada y absoluta. Sin embargo ese razonamiento elevado inexplicablemente lo interrumpe en forma abrupta a la hora de analizar la acción de Calloia que nunca puede ser analizada como un acto propio y no motivado fuera de una decisión colectiva, como lo son los actos de gobierno.

Respetuosamente decimos que si la argumentación de tipificar penalmente a Calloia se explica por una observación del Banco Central, que multó al BROU por no haber observado con mayor detenimiento los requisitos para otorgar el aval ó que lo resolvió individualmente "cortándose solo", nos permitimos discrepar en este aspecto con la magistrada  pues confunde asuntos eventualmente observables o de relevancia desde el punto de vista del proceder del derecho administrativo y lo asume como una evidencia contundente  para arribar a una calificación penal y además un calificación sobre un delito absolutamente difuso.

Esas decisiones, que fueron  analizadas a través de un cúmulo probatorio abundante, no arrojaron ninguna conducta delictiva de las tipificadas a texto expreso en el código penal. No hubo  enriquecimiento personal del presidente del BROU, quien actuó dentro de sus competencias y estoy seguro que lo hizo  en el convencimiento de que esa decisión contribuiría a buscar una solución  querida  de buena fe para resolver un problema acuciante y de emergencia planteado como interés por los más altos jerarcas del gobierno del momento. Es por esta razón  que estoy convencido que  la inocencia hoy  probada de Lorenzo debe alcanzar también al expresidente del BROU, que nada pudo haber hecho fuera del contexto natural y lógico de las referidas toma de decisiones políticas teniendo en vista elementos que a primera vista, y a segunda vista también, no le hubieran permitido prever el desenlace.

El aval se está pagando, por tanto la decisión  tomada tampoco arrojó perjuicio económico para el Estado y guste o no esto no es un detalle. La condena a Calloia es injusta desde la A  la Z.

Mientras escribo este artículo me informan que el fiscal Pacheco ha presentado su apelación sobre la absolución de Fernando Lorenzo. No conozco sus argumentos pero no me sorprende. Él, forma parte del sistema jurídico tradicional que implica llevar hasta el final casi neciamente la bandera de la condena, al decir de Dostoiesky: "Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos".

Ya han pasado muchos años, muchísimos me señala mi mujer, desde que aquella maestra directora judía en plena noche fascista de la Argentina, a mi egreso de 7mo. año escolar pusiera en mis manos la obra maestra de la literatura de Dostoievski y que sin embargo aún sigo conservando intacto el ímpetu de aquel joven que con el libro en sus manos resolvió ser abogado. Siento orgullo de seguir creyendo más allá de consideraciones jurídicas, de leyes escritas y por escribirse,  que la justicia y el derecho deben ir de la mano siempre, porque no hay derecho legítimo si no hay justicia.

        

"Los hombres aman los razonamientos abstractos y las sistematizaciones bien elaboradas, al punto que no les molesta deformar la verdad; cierran los ojos y los oídos a todas las pruebas que los contradicen con tal de sustentar sus construcciones lógicas."    Fiódor Dostoievski



Dr. Ismael Blanco



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