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Cuchillo de Palo: Cataluña: Rajoy ante su fracaso

Aureliano Rodríguez Larreta

29.01.2018

Rajoy fue por lana y volvió trasquilado, cual Chapete. El Tribunal Constitucional no trató la impugnación del Gobierno a la investidura de Puigdemont, y a éste le obliga a presentarse en el Parlament  con una autorización judicial.

Agradable sorpresa acaba de ofrecer el Tribunal Constitucional (TC) de España. Ya no parece actuar como seguro ejecutor de la voluntad política del Gobierno.

Posterga una decisión sobre la admisión a trámite de la impugnación gubernativa a la candidatura de Carles Puigdemont para presidir la Generalitat  de Cataluña, cuya simple admisión habría suspendido de forma automática la realización del pleno de investidura fijado para este martes.

En su lugar, el TC adopta medidas cautelares cuyo cumplimiento puede aportar una solución legal e institucional a la actual coyuntura de este conflicto. El Tribunal, no sólo clarifica las cosas para todos los actores políticos, sino que, sin decirlo, refuerza la convicción de que debe respetarse el resultado de las urnas.

Por primera vez en esta cuestión, el TC ha acusado división de opiniones entre sus doce miembros. A grandes rasgos, estos pueden distinguirse como los conservadores y los progresistas. En este tema le tocó informar a un progresista, catalán por añadidura, con cuya ponencia comenzó la discusión. Nueve horas les llevó a los ministros alcanzar la unanimidad.

Han acordado un muy fundamentado y detallado paquete de medidas cautelares, susceptibles de hacer que el candidato Puigdemont, situado en Bruselas (prófugo o exiliado) junto con otros cuatro diputados, se presenten personalmente este martes 30 en el Parlament  de Cataluña, para el debate y la investidura del president.

Entre dichas medidas cautelares figura la prohibición de que esos diputados puedan delegar su voto en otro parlamentario. Noticias de último momento permiten saber que dos de ellos han decidido dimitir, y un tercero lo hará en breve, a fin de asegurar la mayoría absoluta en la votación de investidura.

La resolución del TC puede ser vista, en su conjunto, como todo lo contrario de lo que solicitó el Gobierno. Ya el Consejo de Ministros había recibido, antes de decidir la impugnación, el dictamen contrario del Consejo de Estado, que no encontró ningún hecho jurídico capaz de impedir la investidura de Puigdemont, contra quien no ha recaído hasta el momento ninguna medida judicial que lo inhabilite.

Este dictamen del Consejo de Estado, que no es vinculante para el Gobierno pero es preceptivo, significó una primera derrota para la política hasta ahora seguida por Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. No obstante, a éste no se le movió ni un milímetro su determinación.

Fue la ejecutora privilegiada del señor Rajoy para Cataluña, Soraya Sainz de Santamaría,  vicepresidente del Gobierno, quien este viernes entró en el salón de prensa de La Moncloa con paso triunfante y una risa desafiante en el rostro, para anunciar algo tan grave como la impugnación ante el TC, lo que entrañaría una nueva intervención en Cataluña, esta vez contra el Parlamento recién elegido limpiamente.

Esta señora ya había abundado en 2017 -contra el referéndum que, sí, era ilegal-, repitiendo: "No habrá ningún referéndum". Y lo hubo, mal que bien, pero lo hubo. No aprendió la lección: ahora ha machacado: "Puigdemont no va a ser candidato", o "no va a ser President".

El TC hizo suyo el parecer del Consejo de Estado y también de su propia asesoría letrada, ambos contrarios a la impugnación de la candidatura de Puigdemont; recogió además la opinión de los letrados del Parlament, coincidentes en que no se debe permitir la investidura no presencial ni el voto delegado de los diputados que están en el extranjero.

Con una decena de medidas cautelares dirigidas tanto a estos diputados como al presidente del Parlament  y demás miembros de la Mesa de la cámara, el TC le pone en bandeja al diputado Puigdemont su presencia en el debate de investidura.

Aliado ahora, no con la autoridad política sino con las instancias judiciales y con la majestad del Derecho y la ley, el TC prohíbe toda investidura que no sea con la presencia física del candidato indicado por el presidente del Parlament, o sea, Carles Puigdemont.

Al candidato le prohíbe presentarse sin una autorización judicial que le libere de la orden de búsqueda y captura que pesa sobre él. Para obtenerla, deberá pasar previamente por el despacho del juez instructor Pablo Llarena, un  extremo en el que ya está trabajando su abogado catalán.

Miradas por el lado contrario estas prohibiciones, ellas vienen a ofrecer, en bandeja de plata, la oportunidad para que Carles Puigdemont encuentre las garantías que ha reclamado para entrar en España, sentarse como es su deber en el hemiciclo y defender su programa de gobierno ante la representación legítima de los catalanes.

Los tres partidos que votarán al candidato Puigdemont en el Parlament son el suyo propio, JuntsperCat, Esquerra Republicana de Catalunya y la coalición anticapitalista CUP. La suma de sus escaños es la única capaz de alcanzar la mayoría absoluta en la cámara, igual que ocurrió en la legislatura anterior.

La ley electoral vigente en Cataluña es la misma que se aplica a nivel del Estado, y en este caso ha favorecido en escaños a los partidos nacionalistas, que consiguen ventaja en las provincias de Lleida y Girona, con menos población y premiadas en escaños

En cambio el partido Ciudadanos (Ciutadans), que ganó la elección en votos (1.100.000) y también en escaños (36), fue victorioso en las provincias de Barcelona y Tarragona, y en las diez ciudades más pobladas, donde cada asiento parlamentario consume más votos.

Por esa razón, Ciutadans no consigue la mayoría parlamentaria para disputar la Presidencia de la Generalitat  ni siquiera con el apoyo de sus posibles aliados del bloque constitucionalista, el Partido Socialista de los Catalanes y el Partido Popular.

Esto vuelve a alcanzarlo el bloque nacionalista encabezado por Carles Puigdemont, y lo ha conquistado dentro de la ley, en unas elecciones ejemplarmente limpias, convocadas y controladas por el Estado.

Sólo falta que el candidato instalado en Bruselas sepa entender, con sensatez catalana, la oportunidad dorada que le ofrece este sorprendente Tribunal Constitucional.


Aureliano Rodríguez Larreta



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