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Competitividad y gasto público: mucho para hacer

Pablo Mieres

04.02.2018

El justo reclamo de los productores autoconvocados ante una profunda crisis de competitividad que afecta no sólo al sector agropecuario sino a todos los sectores productivos de nuestro país desde hace ya bastante tiempo, puso sobre la mesa un debate impostergable que tiene que ver con el equilibrio y las decisiones políticas sobre la distribución de las cargas y la enorme dimensión del gasto público y el déficit fiscal.

El gobierno respondió con medidas muy puntuales, apenas algunos ajustes con costos fiscales pequeños, que no están ni cerca de dar una respuesta adecuada a los graves problemas de fondo que afectan a la competitividad de nuestro aparato productivo. Por eso la decepción y la insatisfacción de los reclamantes. De todos modos, vale destacar que se abre un proceso de diálogo con una mesa de negociación que veremos en qué termina.

El problema de fondo es que el gobierno del Frente Amplio se encuentra en una profunda encrucijada. Su modelo de funcionamiento económico en estos años estuvo sostenido en un contexto internacional muy favorable que determinaba precios internacionales muy altos de nuestros productos. En esas condiciones los recursos adicionales que el gobierno obtenía como fruto del crecimiento de la economía se trasladaron a un gasto público que creció sin freno, ni calidad, ni eficiencia, ni medida, ni límite.

El paradigma de esta postura fue la frase atribuida al inefable ex Presidente, José Mujica, "gasten todo lo que puedan", dirigida a los jerarcas de las empresas públicas. Y vaya si algunos no la cumplieron al pie de la letra, incluso gastaron mucho más de lo que podían.

Lo cierto es que mientras los precios internacionales estaban altos, el modelo funcionó, escondiendo patologías gigantescas como las de ANCAP, ASSE, FONDES y seguramente unas cuantas más que seguirán emergiendo.

Es impresionante sólo mencionar que en el período 2010-2015 el propio gobierno había proyectado un crecimiento de la economía menor al que se produjo y, a su vez, proyectó un déficit fiscal que, con ese crecimiento menor, se proyectaba a un -0,8% del PBI.

Pues bien, la magnitud de la "fiesta del gasto" fue tan gigantesca que, con un crecimiento mayor de la economía, el déficit fiscal terminó en 3.6% de ese PBI más grande. Un verdadero desastre.

Cuando la economía se frenó en 2015, el gasto público continuó su inercia feroz y el gobierno decidió, en vez de operar sobre el gasto, desarrollar la estrategia de "rascar hasta el fondo de la olla". Sucesivos mini ajustes fiscales y el "viejo y querido" recurso de usar las tarifas públicas para seguir recaudando intentaron resolver el nuevo problema. En vez de operar a la baja sobre el gasto público, se optó por aumentar la presión fiscal sobre el aparato productivo y los trabajadores de este país.

Pero el gasto público fue tan desmedido que el déficit fiscal, al cierre de 2017 sigue orondo en en el 3.5% de un PBI que volvió a crecer, ahora más modestamente, al 3%.

La discusión sobre el gasto público sigue esquivándose por parte del gobierno. Es más, desde el Frente Amplio muchas voces, casi todas, identifican la discusión sobre el gasto público como un reclamo "neoliberal o de la derecha", orientado a reducir o eliminar las políticas sociales.

Pues bien, nada de eso.

Un análisis serio y profundo de las cuentas públicas indican que ha existido un exceso total en la definición de perforaciones permanentes para que el gasto con fines superfluos, el clientelismo con nombre y apellido traducido en contrataciones de "amigos políticos" por doquier. Normas displicentes que permiten que cada Ministro expanda su pléyade de asesores, adscriptos y demás personal de confianza. Agujeros negros mediante gastos fastuosos y superfluos en las empresas públicas y ni hablar de las empresas de derecho privado que viven de fondos públicos.

Se impone un rastrillaje ineludible e inmediato de reducción de gastos en toda la Administración Central y los entes y servicios del Estado, junto a un cierre de la cobertura de vacantes con la excepción de la educación y la policía. Reclamar un ajuste de los gastos de funcionamiento en todas las oficinas del Estado, indicando una reducción porcentual obligatoria que debería imponerse a lo largo y ancho del sector público.

Sin embargo, nada de eso está presente en la agenda del gobierno. Dio un poco de vergüenza ajena que el Presidente mostrara como gran ejemplo de austeridad la compartible medida referida al control y devolución de los viáticos. Es cierto que se deben tomar medidas que no mueven la aguja, que son simbólicas, pero que obviamente no alcanzan, ni son las únicas posibles o necesarias.

Por supuesto que esto también incluye a los Gobiernos Departamentales que son también parte de la gran fiesta del gasto público de estos años. Y tampoco se arreglan "vendiendo un auto oficial" o cosas por el estilo.

Hay mucha "tela para cortar" en serio en el gasto del Estado, tanto a nivel nacional como departamental, y eso no tiene nada que ver con el gasto público social, que no debe ser afectado y debe preservarse. Aunque también hay que exigir muchos mejores resultados de los alcanzados en estos años, tanto en educación como en políticas sociales; donde el balance es ampliamente negativo.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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