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Lucha electoral de aparatos

José Antonio Vera

05.02.2018

La campaña electoral que, desde hace un año, se desarrolla en Paraguay para designar a las nuevas autoridades nacionales, el próximo 22 de abril, presenta dos nítidos primeros planos. Por un lado ajetreo, con promesas de días mejores, envueltas en mayúsculos escándalos de corrupción, protagonizados por los más visualizados dirigentes del país.

Enfrente, se verifica un inocultable desinterés de una ciudadanía que no se siente atraída, sin ninguna motivación para ingresar a la pelea, para comprometerse en una militancia cívica que nada le ofrece al pobre, la mitad de la población de siete millones de habitantes, ni la seguridad que reclama la clase media, alta y baja, para preservar su confort, ni tampoco al empresario nacional, sacrificado por el Presidente Horacio Cartes, en beneficio de los consorcios transnacionales del extractivismo y de la narcopolítica.

Diversas hipótesis de interpretación de ese fenómeno de indiferencia circulan entre quienes prestan algo de atención a la puja política y, en el empeño por encontrar las posibles razones de esa indiferencia,destaca el descreimiento creciente de la población en los operadores políticos, en el hartazgo ante la incapacidad o desinterés de los partidos por resolver los graves problemas económicos y socioculturales, y en la repulsa que provoca la impunidad que gozan los "barones", cobijada por la complicidad de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, usinas de tenebrosas sociedades anónimas, embrolladas en la amoralización ciudadana.

En Paraguay, es hábito generalizado la copia. De lo que sea. Ni qué hablar en la rendición de exámenes, en la media y la universidad, donde reina el copia y pega, en una vieja costumbre que en los últimos diez años ha crecido mucho, semejando el país a una gigante fotocopiadora, que va desde la instalación de una pizzería, una farmacia, una heladería, un puesto de venta de comidas al paso, de empanadas o yuyos que, al mes de comenzar a funcionar, sus emprendedores ven levantarse enfrente, o a los 50 metros, otro comercio similar. Libertad de empresa, que se dice. También vacío creativo.

En el mal aprendido oficio de la práctica política, ocurre lo mismo. La fotocopiadora está activa, con la diferencia que tiene vocación por el manejo foráneo y en él se inspira, en particular en la economía, que en los cuatro años del Gobierno de Cartes, ingresó en un irresponsable proceso de endeudamiento, de atroz nepotismo en las instituciones públicas, usurpadas por el binomio de los dos viejos partidos, el Colorado y el Liberal, y de hegemonía presidencial en los contratos comerciales de toda naturaleza, intención y fines, a cargo del anillo más íntimo del mandatario y de su tecnocracia gerencial.

Esa hegemonía, que se alimenta de la complicidad partidaria, con el indecoroso ingreso del emblema Frente Guazú, que lidera el derrocado Presidente Fernando Lugo, ha consolidado la  tercerización en vastos servicios, ese renegado escalón de la privatización maquillada, oscura y, por tanto descontrolada.

Figura ejemplar de esa obscenidad estatal, es el Instituto de Previsión Social (IPS), propiedad de los empresarios y los trabajadores, por vías de la cotización mensual, que hace del organismo una de las fuentes de mayores ingresos financieros legales del país, al punto que se ha permitido colocar más de 200 millones de dólares a interés en empresas de la telefonía móvil y un banco, cuando los hospitales a su cargo se caen a pedazos, las parturientas ven nacer a sus hijos en el piso de los corredores y toda la medicación recetada debe ser comprada en las farmacias vecinas, algunas con jerarcas del instituto como accionistas.

Su presidente, Benigno López, ex Banco Central, es hermano de Mario Abdo Benítez,  candidato colorado a la presidencia de la República, el primero hijo de un Comandante del Ejército bajo el General Alfredo Stroessner y, el segundo, vástago de quien fungió de Secretario privado del tirano durante 25 años. Ambos reivindican la obra del sátrapa, "aunque hubo algún desliz en los derechos humanos", ajenos a los 425 opositores ejecutados, los 20 mil detenidos y torturados, y los 20 mil 814 exiliados, según un informe del 2008 de la Comisión Verdad y Justicia. 

La competencia legal, que la Constitución ampara, es inasible, casi como la democracia, y el mal se agrava en un escenario de inmoralidad que legaliza lo ilegal para sepultar las legitimidades de los derechos humanos, del empleo remunerado, de la equidad y de la justicia, que siempre debe estar por encima de las leyes y de varios derechos.

La asimetría social, la división de las comunidades humanas en clases sociales, construida  sobre la omnímoda  propiedad privada de los recursos naturales, como la tierra y el agua, el viento y el sol, elimina la competitividad legal, la convierte en una obscenidad, en un perverso manejo también copiado por las autoridades paraguayas de las nefastas acciones de los malos y sometidos gobiernos que sufren los pueblos de nuestro subcontinente.

Un buen número de mandatarios de la región, mayoría empresarios millonarios, de los que aprende Horacio Cartes, dicen que estimulan el desarrollo del país con la inversión privada en creación de empleos y en obras sociales, pero en Paraguay eso es falso, pues no existe la competencia, sino el hegemonismo de grandes capitales de dudoso origen, que llegan al país convertido en una cómoda cueva de lavado de dinero.

De qué competencia puede hablarse en el campo, secuestrado por la agricultura industrial de las homogéneas transnacionales transgénicas que, en diez años, han expulsado de sus pequeñas fincas a más de un millón de productores agrícolas, y algo cercano ocurre con el negocio de los combustibles, en manos de una docena de empresas gemelas, potenciales genocidas que abren surtidores cada 500 metros y algunos apenas separados por una avenida, aparentando competir, a plena conciencia de que entre bueyes no hay cornada, sin importarles el peligro que representa su peligroso negocio para la población vecina.

En estos últimos días todo Paraguay está convulsionado, pero no por la campaña electoral, sino por temor de que se produzca desabastecimiento general, consecuencia de un estallido gremial que, en pocos días, amenaza paralizar el país, por la reacción masiva del adormilado y tradicionalmente indiferente gremio de los camioneros, habituado a mirar para otro lado durante las luchas populares, cuando no apoyando al gobierno.

Hoy está ofuscado y enfrentado a un decreto de Cartes, que los deja afuera del negocio, muy desprolijo, del transporte de mercaderías, en especial de la soja desde los silos de Rio Grande do Sul hasta el norteño y fronterizo puerto paraguayo de Concepción, dado para su explotación exclusiva en los próximos 30 años, por concesión del mandatario a una sociedad anónima constituida a los efectos entre personajes del poder político y financiero, identificados como "los barones de Itaipú", un grupo de ingenieros que cobijó Stroessner en una de las más grandes estafas en sus 35 años de autoritarismo.

Hace 45 años, ambos regímenes militares, hicieron figurar 23 mil millones de dólares el costo de construcción de la represa binacional Itaipú, cuyo presupuesto inicial de 2.200 millones, quedó estipulado en el Tratado. El anillo paraguayo terminó millonario y es probable que billonario del brasilero. Algunos continuaron asociados, tal los casos del Juan Carlos Wasmosy, electo presidente en el 94, y de Jiménez Gaona, socios en el exitoso Complejo Industrial CIE, con hijos que monopolizan el comercio del carbón desde hace años y, uno de ellos es el actual Ministro de Obras Públicas, epicentro del conflicto entre el gobierno y el gremio de camioneros.

En mayo del 2016, por decreto, Cartes prohibió a los transportistas paraguayos comprar y operar con Bitrenes (un tractor común, poderoso, arrastrando dos carretas de 30 mil kilos cada una) pero en las últimas semanas  viró su postura y autorizó el ingreso al país de esas potentes y modernas  máquinas brasileras, dejando fuera de la más mínima competencia a los empresarios nacionales, los que se han volcado en más de cinco mil a las carreteras de todo el país, amenazando cerrarlas y copar Asunción.

Es evidente el enroque que opera en las altas esferas del Estado para autorizar el acaparamiento de una actividad que genera ganancias por muchos millones de dólares, en beneficio de la firma Imperial Shiffing Py, constituida por la fusión, a los efectos, de la empresa Baden S.A. y el CIE, en una figura jurídica que la Agencia Nacional de Navegación y Puertos, clasifica de "usufructo oneroso" y que sirve para que Wasmosy y Jiménez Gaona, continúen fabricando barcazas, asegurándose el acarreo de soja por la Hidrovía.

Aparte de dejar sin ninguna posibilidad de trabajo a sus compatriotas, otro elemento que genera confesa repulsa entre los transportistas, es que Cartes actúa como un brabucón al servicio exclusivo del gran capital privado, carente de sensibilidad política a menos de tres meses de las elecciones nacionales, perjudicando al propio candidato colorado, actitud que algunos medios interpretan como negocio fabuloso pero también venganza porque el Partido se opuso a su reelección en las internas del 17 de diciembre pasado.

Cerca de tres mil personas se han presentado en los despachos del monopolio estatal de la electricidad (ANDE), denunciando que han recibido las facturas del mes con una terrible sobrefacturación, que en algunos casos pasan del equivalente a 30 dólares a tres mil, es decir, un agregado de dos ceros, nada más, suma que primero hay que pagar, para evitar el corte de la electricidad, y después, entonces, tener derecho a reclamar. Hay un rechazo masivo y vastos sectores ciudadanos exhortan a comenzar a bajar las llaves generales cinco minutos por día, para reducir las ganancias de la empresa, una de las más codiciadas en el paquete de privatización que desde su asunción, impulsó Cartes por el sistema APP.

 

José Antonio Vera

 



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