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ACLARACION

La verdad de lo ocurrido sobre las leyes reparatorias según Crysol: Asociación de ex Pres@s Políticos de Uruguay

12.02.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El impacto generado en la opinión pública por la subvención de 550 millones de dólares a la caja militar, generó que en las "redes" y otros ámbitos se desatara una campaña de mentiras sobre las leyes reparatorias que se aprobaron por parte de diferentes gobiernos luego del regreso a la democracia.

De los 550 millones de dólares que se destinan a la Caja Militar, el doble de los que se gasta en políticas sociales, 100 millones se destinan, además, mayoritariamente, a cubrir las jubilaciones de 1.500 oficiales de la dictadura militar. Son jubilaciones con beneficios enmarcados en una ley que fuera aprobada en 1974 en pleno "proceso" dictatorial.

Crysol señala que primero, las diferentes leyes reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado fueron aprobadas por los gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti, por el Dr. Jorge Batlle y por el Dr. Tabaré Vázquez durante su primer mandato. Las más avanzadas, sin lugar a dudas, durante 2006 y 2009. Durante la presidencia del Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera no se aprobó ninguna ley de ese tipo. Durante el mandato de José Mujica se desarchivaron las causas que diferentes gobiernos habían amparado a la Ley de Caducidad y se aprobó la Ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado para las graves violaciones a los DDHH. Pero no se aprobó ninguna ley de reparación.

Quienes estuvieron del lado de la dictadura o no sufrieron en carne propia y directa los estragos del terrorismo cívico militar, minimizan el dolor, el sufrimiento, las secuelas y hablan de beneficios inmerecidos, incluso de prebendas, al referirse a las leyes reparatorias.

Los despidos arbitrarios por razones gremiales, sindicales, culturales y políticas, la necesidad de vivir en la clandestinidad o de emigrar para preservar la libertad, la seguridad, para sobrevivir y salvar la vida, al igual que la prisión, asociada en Uruguay a la tortura y a las condiciones inhumanas de reclusión, en muchos casos por períodos prolongados de tiempo, la “libertad vigilada” con la obligación de presentarse semanalmente a firmar en las dependencias militares y policiales, generaron sufrimiento, físico, moral y psicológico, con secuelas profundas a corto, mediano y largo plazo a quienes lo padecieron. Además, destruyeron totalmente los proyectos de vida. En el caso de quienes estuvieron recluidos, se ha comprobado, tienen una mayor tasa de morbimortalidad que el resto de los ciudadanos y una menor expectativa de vida que el resto de los ciudadanos.

Las leyes aprobadas son leyes de resarcimiento por los daños ocasionados por el Estado, por sus agentes y sus funcionarios a los ciudadanos. No son medidas gubernamentales de recompensa, por haber luchado, por haber combatido. Son resarcimiento por el daño ocasionado, de acuerdo a las normas internacionales de DDHH que Uruguay suscribió y que forman parte de nuestro sistema legal.

Fueron un gran avance, pero la vida ha demostrado que estas leyes presentaron grandes carencias y omisiones.

El Presidente de la República creó en su segundo mandato el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), que coordina el Dr. Felipe Michelini, con el cometido, entre otros, de evaluar las leyes reparatorias aprobadas hasta el momento y formularle recomendaciones. Se evaluó un informe que está a estudio de todos los ministros para ser discutido próximamente.

Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como ocurre en la actualidad.

Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010.



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