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El juez Moro y la historia universal de la infamia

Edgardo Carvalho

09.04.2018

En 1935, Borges publicó un libro que algunos críticos señalan como la primera manifestación del “realismo mágico” en la literatura latinoamericana y que a mi juicio está entre las más fascinantes de su vastísima obra literaria.

 

"La historia universal de la infamia", contiene siete relatos, fruto de la imaginación del autor, pero basados o inspirados en historias reales, sobre casos que podríamos entender como paradigmáticos de la infamia, ejemplos de la perversidad y la vileza a que puede llegar un ser humano.

En mi opinión, la historia del juez Moro y de su comportamiento prevaricador en el proceso a Lula, podría perfectamente configurar otro capítulo de esa historia. 

Creo que las generaciones futuras de estudiosos del derecho procesal y el derecho penal se servirán del "caso Lula" como ejemplo de la forma en que un magistrado puede incurrir en mal comportamiento, en violación de su deber fundamental de imparcialidad para conducir los procedimientos, recibir y valorar las pruebas y en definitiva emitir su fallo.

Digámoslo claramente: en el proceso a cargo del juez Moro, Lula estaba condenado antes de que se dictara la primera providencia de trámite. 

Por suerte no estoy solo para sostener esta opinión. Más bien diría que estoy muy bien acompañado.  El maestro Ferrajoli, uno de los más eminentes juristas vivos,  docente de la Universidad de Roma y autor de obras trascendentes sobre filosofía del derecho y  los fundamentos del poder jurisdiccional en una sociedad democrática, ha manifestado claramente su "preocupación respecto a la forma en que el proceso contra el ex presidente de Brasil ha sido iniciado y conducido", señalando luego " la impresionante ausencia de imparcialidad por parte de jueces y fiscales, difícilmente explicable a no ser por una finalidad política...La campaña mediática orquestada desde el comienzo del proceso contra Lula ha sido alimentada por un inaceptable protagonismo del juez, que se pronunció numerosas veces contra el ex presidente en forma abierta y pública, fuera del ámbito del proceso, manifestando de esta forma una hostilidad y un prejuzgamiento que en cualquier otro sistema hubiera justificado el apartamiento del magistrado".

Recordemos el vergonzoso episodio de la citación a declarar de Lula.  Según la legislación brasileña (y la de cualquier país civilizado) una persona convocada por un magistrado a prestar declaración no es conducida por la fuerza pública, salvo en caso de desobediencia a convocatorias anteriores o de hallarse prófuga de la justicia.  Ninguna de estas hipótesis era aplicable a Lula, que nunca había sido citado y vivía tranquilamente en su domicilio habitual.  Sin embargo, el juez Moro ordenó que fuera conducido al juzgado por la policía federal, decisión que (oh! casualidad...) trascendió anticipadamente a la prensa y la televisión, permitiendo así montar y registrar el "show "de un ex presidente que es llevado por la policía ante Moro, el justiciero, con el consiguiente impacto ante la opinión pública. ¿Consecuencias para el juez por dictar una injusta e innecesaria orden de conducción forzada, permitiendo así la denigración pública  (para el hombre común, alguien al que la policía conduce detenido es ya un culpable) de la imagen de la persona citada?  Ninguna. 

La evidente parcialidad de Moro y su claro propósito de condenar a Lula de cualquier manera quedaría en evidencia en múltiples oportunidades.  Tanto se excedió que llegó a ordenar la grabación de conversaciones telefónicas de la Presidenta Dilma Roussef.  Conversaciones que (otra vez la casualidad, claro) debidamente recortadas y editadas, llegaron puntualmente a los medios para alimentar la feroz campaña contra el ex presidente, ya entonces indicado por las encuestas como el candidato mejor situado, si se le permitía competir, en la próximas elecciones.  En este vergonzoso hecho, que (no nos cansaremos de repetirlo) en cualquier país civilizado hubiera originado el apartamiento inmediato de Moro del proceso, todo se saldó con un "pedido de disculpas" del juez prevaricador ante el Tribunal Supremo.

Estos episodios, a los que se podría sumar otros muchos, como la insólita aceleración de los procedimientos para llegar a tiempo al objetivo buscado, son más que suficientes para coincidir con Ferrajoli en la "impresionante ausencia de imparcialidad" del juez Moro.

Ese vicio de origen, la decisión de condenar a Lula de cualquier manera, con pruebas o sin ellas, no puede ocultarse por más que se escriba un fallo de 238 páginas. 

En este juicio lo que debía probarse era la concreta responsabilidad de Lula en actos de corrupción. 

Y eso es lo que no aparece por ninguna parte.  Eso es lo que en definitiva, le asegurará un fallo favorable si Lula lleva su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuera de la influencia de los poderes mediático, militar, judicial y político de la elite brasileña, conjurados para destruir su imagen y el ejemplo de un gobierno progresista, presidido por un líder obrero.   

Ahora bien, es claro existía en Brasil, desde mucho antes de la llegada al gobierno del PT, un sistema cuasi institucionalizado de corrupción para financiar la actividad política (con su inevitable derivación al enriquecimiento personal de sus gestores y beneficiarios) no puede discutirse.  Pero los jueces no juzgan sistemas ni responsabilidades políticas, juzgan conductas individuales.  Y en ese terreno, el de autorizar, cometer o beneficiarse de actos de corrupción, nada ha sido probado, realmente, contra Lula. 

Como se ha dicho en el New York Times, "la evidencia en contra de Lula está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense" (Mark Weisbrot, 23/1/18).

Por más que Moro especule y elabore especiosos razonamientos, faltan los hechos.  El "soborno" recibido por Lula sería un departamento, en el que ni su esposa ni él vivieron nunca, del que nunca dispusieron en forma alguna, del que nadie ha podido exhibir un título de propiedad que se haya expedido a favor de Lula, de su esposa, o de algún familiar o testaferro. 

En definitiva todo se basa en un único testimonio, el del ex presidente de la constructora OAS, quien, luego de seis meses de prisión, aceptó acogerse al sistema de "delación premiada" y modificó sus declaraciones anteriores para formular una nueva, confirmatoria de las acusaciones del fiscal, con la que obtuvo de inmediato la reducción de su pena. 

Una vez más, se confirma el amplio espacio para una posible arbitrariedad judicial que abre ese tipo de sistema, que premia al delator.  Una persona puede ser mantenida en prisión preventiva y amenazado con una dura sentencia condenatoria hasta que su declaración se ajuste a la hipótesis que el juez quiere confirmar. 

Y, volviendo al maestro Ferrajoli, precisamente otro "síntoma de la parcialidad de los magistrados fue la activa promoción por parte del juez de las delaciones premiadas y la tendenciosa petición de principio en la evaluación de las pruebas, generalmente asumidas como verdaderas si están de acuerdo con la acusación y como falsas si están en contradicción con las hipótesis acusatorias".

Por supuesto que el juez Moro no es el único responsable de que hoy el primer presidente brasileño de origen obrero y no universitario esté en prisión.  Para llegar a ese resultado se sumaron los integrantes de un tribunal de apelaciones (que incluso agravaron la pena) y hasta el Tribunal Supremo, en una reñida votación, si bien hay que aclarar que este no fue llamado a pronunciarse sobre el fondo del asunto sino acerca del derecho de Lula a esperar en libertad la sentencia definitiva. 

Pero la piedra fundamental de este proceso inicuo y de su desarrollo hasta el final, preparado y decidido de antemano, fue el juez Moro, lo cual le asegura, ahí sí con toda justicia, un lugar al lado de los infames personajes de la obra borgiana.

Pero no sería lógico terminar este artículo sin plantear algunas reflexiones.  La situación política de Brasil es hoy extremadamente compleja.  En un país de enormes desigualdades y contrastes, sobre el que pesa todavía el legado de la esclavitud (no olvidemos que Brasil fue el último país del mundo occidental en abolirla, recién en 1885),  la derecha más conservadora, racista, clasista y antidemocrática de América Latina ha obtenido una victoria importante. 

Disfrazada de justicia, ha conseguido apartar de la próxima contienda electoral al candidato que podía agrupar el voto de izquierdas y renovar la esperanza de los pobres en que es posible construir un Brasil más justo.

Por si faltaba algo para evidenciar la ardua tarea que aguarda ahora a la izquierda y los progresistas brasileños, la brutal y descarada presión ejercida por el poder militar en vísperas del pronunciamiento del Tribunal Supremo nos recuerda que hoy, 54 años después del golpe que derribó a Jango Goulart  y abrió un sangriento período de dictadura militar de más de 20 años, el ejército brasileño sigue asignándose un papel tutorial que le permite presionar a las instituciones.

Es de desear que ante esos desafíos todas las fuerzas progresistas del país hermano sean capaces de unirse y seguir el ejemplo de dignidad, entereza y   coraje ante la adversidad que Lula seguramente nos dará día a día desde la prisión.

¿Y por casa, cómo andamos?   Aparte de la solidaridad con el líder injustamente encarcelado, ¿cómo y sobre qué orientaremos las ineludibles e imprescindibles reflexiones políticas que debe suscitar este dramático proceso, que nos es tan próximo?

Por supuesto, no serán materia de este artículo, que ya va para largo. Simplemente deseo anotar la urgencia de esas reflexiones y esbozar algunas cosas que en mi opinión surgen con claridad y sobre los que debería recaer un proceso de reflexión colectivo.   

La primera:  es claro que la izquierda, de cualquier signo, paga un altísimo precio cuando acepta explorar o practicar atajos para conseguir sus objetivos, por nobles que sean, en lugar de atenerse a lo que es el legítimo y transparente juego político propio de las instituciones y el sistema democrático. 

Sea para conseguir votos indispensables en el Parlamento, para financiar campañas electorales o para cualquier otro objeto concebible, por benéfico y justiciero que sea en teoría, apartarse de la transparencia y la legalidad no es una opción válida para la izquierda. 

Nunca podremos justificarlo y si se cae en ello, se termina inevitablemente, a corto o medio plazo, en procesos incontrolables de corrupción que naturalmente ocasionan, a la izquierda y al país, males mayores que cualesquiera que se haya intentado solucionar o atenuar por esa vía.

La segunda:  la derecha no tiene límites en su afán de reconquistar el poder.  Alcanza con ver el alborozo con que festejan la prisión de Lula y se adelantan a cerrar filas con el juez prevaricador, sin siquiera detenerse a analizar el absurdo de imputarle un supuesto acto de corrupción del que no existe prueba alguna. 

El hecho de que ninguno de los que han salido a celebrar la prisión de Lula haya dedicado un segundo a denunciar y rechazar la brutal presión pública escenificada por el Comandante del Ejército el mismo día en que el STF debía fallar sobre el habeas corpus, los deja al desnudo.  Su silencio los condena. Todo vale, incluso la amenaza militar, si se trata de recuperar el poder. 

Cada gobernante, cada legislador, cada administrador público de izquierda está obligado, por ética, por responsabilidad y por coherencia política, a ejercer su función con el más estricto apego a la legalidad y teniendo como único objetivo la defensa del interés público.   El precio de los errores que se cometan en ese campo lo pagará inevitablemente toda la izquierda. 

La tercera: cuando se vulneran las garantías del estado de derecho, la izquierda es quien más lo sufre.  Lamentablemente, hoy, en Brasil estamos viendo una vulneración de esas garantías.  Y si eso puede ocurrir en el proceso seguido a un ex presidente, imaginemos lo que puede ocurrirle a una persona común, a un simple militante o a un pobre habitante de una favela. 

 El más absoluto respeto y la defensa irrestricta de las instituciones del estado de derecho como base de una sociedad democrática debe ser una bandera irrenunciable de la izquierda, uno de sus principios básicos a sostener y difundir frente a cualquier opinión que se proponga desvalorizar su importancia.   

La humanidad no ha podido darse hasta ahora un sistema mejor para garantizar las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos.  A partir del estado de derecho es que han podido hacerse realidad las sociedades más libres, más igualitarias y más prósperas del planeta.   Ese es nuestro camino y tampoco aquí hay atajos. 

 

 



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