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Las declaraciones de Layera y la grave responsabilidad del gobierno

Pablo Mieres

13.05.2018

Cuando el Director Nacional de Policía nos dice públicamente que avizora un futuro similar al de los países de Centroamérica con mayores problemas de seguridad, tales como Honduras o El Salvador o que "un día los marginados van a ser mayoría" en nuestro país y que el combate al delito tiene, entre otros obstáculos, la propia gestión de otras instancias del Estado tales como el MIDES y la Fiscalía,  entonces son declaraciones de una enorme gravedad que no puede dejarse pasar en silencio.

Uno asume que, además, el Insp. Mario Layera tiene información privilegiada, confidencial y mucho más profunda que la que maneja cualquier otro ciudadano y, seguramente, la mayor parte de los gobernantes. Por lo tanto, fácilmente podemos asumir que no necesariamente nos está diciendo todo y que, muy probablemente, las cosas pueden ser incluso peores.

El Insp. Layera tiene plena conciencia del impacto que generarían estas declaraciones, por lo que deberíamos preguntarnos cuáles son los objetivos que buscaba. Pero, más allá de valorar su franqueza, lo que él dice genera diversos y variados efectos.

El primer impacto tiene que ver con la discordancia entre estas confesiones sobre la incapacidad de combatir con éxito a las organizaciones delictivas que han surgido y crecido en nuestra sociedad y la postura asumida por el Ministro Bonomi en oportunidad de la reciente interpelación. El contraste es enorme y se convierte en una fuerte contradicción sobre la interpretación de lo que está pasando en nuestro país que está instalada dentro del propio Ministerio del Interior.

En segundo lugar, más allá de valorar especialmente la franqueza del planteo, un mensaje de estas características que es leído por todos, también por los delincuentes, es lamentablemente un aliento para que estas organizaciones se envalentonen aún más.

Es obvio que si el jerarca máximo de la policía nos advierte sobre una tendencia prácticamente inevitable al empeoramiento, los delincuentes lo reciben como una señal de debilidad del Estado, lo que debe traducirse en el riesgo de que el accionar delictivo siga aumentando y alcanzando niveles cada vez mayores.

En tercer lugar, nos dice que dentro del Estado existen obstáculos para que la policía combata  a las organizaciones delictivas con éxito. Es decir que, de acuerdo al análisis de Layera, hay estructuras estatales que impiden el trabajo eficaz de la policía en el combate al delito.

Esta acusación es muy grave porque supone un traslado de responsabilidades a otros integrantes del mismo gobierno. O sea, que según el máximo jerarca policial, el fracaso ostensible tiene en el MIDES a uno de sus responsables y, según el jerarca máximo de la policía, también a la Fiscalía.

Por si quedara un ingrediente para completar el escándalo, la Presidenta de la Asociación de Fiscales nos dice que tiene mil casos adjudicados para investigar, de los que más de ochocientos ni siquiera los ha podido leer y, según ella, esta situación está generalizada para todos los fiscales.

Pero, además, como dice el propio Layera, el problema de fondo que aqueja a la crisis de seguridad pública es la brutal y creciente crisis de la integración social que no es otra cosa que el rotundo fracaso de las políticas sociales del gobierno.

Los programas y políticas sociales del MIDES han fracasado totalmente porque no tienen potencial para revertir el deterioro de la convivencia y del sistema de normas y valores. Es hora de una evaluación profunda del destino de los recursos aplicados a los sectores de la sociedad más débiles y marginados.

Ni hablar de la catástrofe educativa con un particular impacto en la inequidad. En efecto, la estructura del sistema educativo, paradójicamente en un gobierno de izquierda, reproduce y acentúa la desigualdad social tanto en el acceso a la educación como en los aprendizajes y la permanencia de los más marginados en el sistema educativo.

Y, a todo este panorama, se agrega la ausencia de políticas de vivienda que reviertan la enorme segmentación territorial que determina la existencia de barrios y zonas cada vez más deterioradas y dejadas a la voluntad de bandas delictivas y, por otro lado, barrios de nivel social más alto encerrados y alejados espacialmente de los marginados.

Una sociedad cada vez más distanciada y desintegrada, como resultado de la mayor frustración de un gobierno que se llama de izquierda. Fracasar en la equidad, fracasar en la integración social, fracasar en la construcción de un sistema de convivencia fundado en valores comunes como la responsabilidad, el trabajo y el respeto a las reglas de juego.

Pero, todo esto que es la razón estructural del crecimiento delictivo, no puede ser la excusa para que el Ministerio del Interior justifique su fracaso en la lucha contra los delincuentes.

De un gobierno no se espera que nos expliquen por qué fracasan. Se espera que resuelva los problemas que nos aquejan.

De cualquier modo, estas profundas contradicciones en el seno del gobierno, que traen como resultado el crecimiento vertiginoso de una sociedad fracturada, son una obligación urgente para responder con firmeza y rapidez.

¿Se necesitan más instrumentos normativos para desarrollar el trabajo policial? Que se diga con claridad cuáles son esos instrumentos.

¿Se necesitan más fiscales? No esperemos a la Rendición de Cuentas para que se provean los cargos recién en enero del año próximo.

Lo que no se puede es seguir en una pendiente descendente muy grave que, si no se actúa con urgencia, convertirá en realidad las advertencias de Layera.

Sin embargo, nos queda la horrible sensación de que el gobierno no reacciona; por el contrario, se lo ve inerte, lento, dividido, enojado y cada vez más alejado de la realidad.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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