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Las expresiones del ciudadno Mario Layera

Dr. Federico Arregui

16.05.2018

Art. 7 de la Constitución de la República: Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general “

Un periodista, un jerarca policial y una opinión pública atemorizada

La nota del periodista Gabriel Pereyra publicada en El Observador, no pudo caer en momento más oportuno para el debate nacional sobre la in/seguridad que asola nuestro territorio nacional cada día y todos los días, en comparación a nosotros mismos como sociedad. Si uno pone atención a lo dicho por uno de los jerarcas técnicos más relevantes de la Policía Nacional, el Inspector Mario Layera, y lo coteja con las declaraciones realizadas en diferentes entrevistas televisivas, radiales y escritas en el correr de los últimos diez años por el fallecido Inspector Guarteche, el Subsecretario Jorge Vázquez, el Ministro Bonomi y hasta el propio Fiscal de Corte cuando fungía como titular de uno de los Juzgados del Crimen Organizado, uno concluye que no dijo nada nuevo que siguiera en esa línea de análisis por parte de primerísimas figuras en el tema de la delincuencia organizada que es, a la postre, la que debe ser atacada con todos los recursos que tenga el Estado.

Acaso, estas declaraciones que tanta polvareda levantaron se dan en un contexto de fuerte aumento de la actividad delictiva, y en un humor que, naturalmente, está bien indignado. Voladura de cajeros, aumento de homicidios, el crecimiento de zonas territoriales corriéndose hacia el Este del país en donde el Estado no es el que manda sino bandas de delincuentes con complejas y sofisticas organizaciones, no puede sino alarmar y atemorizar a la gente de bien de este país que están en todos los partidos políticos, religiones, zonas geográficas y clases sociales.

En su momento, el otrora Juez Jorge Díaz dijo que el sicariato era una nueva modalidad delictiva, y que cuando se encontrara la oferta con la demanda aumentarían los homicidios. Eso llevó a alarma, pero nadie hizo nada efectivo.

También en su oportunidad el Subsecretario Vázquez dijo, palabras más, palabras menos, que en Punta del Este había reuniones de poderosos delincuentes, lo que alteró los ánimos de aquellos que consideran esa zona del país como impoluta y angelical. Lo cierto es que con los años caerían el Jefe de un poderoso Cartel de la Droga latinomaericano que llegó a amenazar de muerte al propio Ministro Bonomi y lanzó advertencias de cuidado. Cayó también un jefe de una poderosa organización criminal multinacional de origen italiano. Cayó también un argentino que fue la comidilla de este verano. Se hizo algo y ello es mucho pero ¿ sigue sucediendo eso en esas zonas ?.

En el Programa Todas las Voces de Canal 4 del pasado jueves el panelista Oscar Andrade no dijo tampoco nada nuevo para quienes estamos en las actividades jurídicas y periodísticas: nadie puede decir que no hay éxito en las políticas represivas cuando hay más de once mil presos en las cárceles. Si el nivel de encarcelados es una medida del éxito del accionar represivo de las fuerzas estatales, no puede caber dudas que se está en el camino correcto. Pero tampoco pueden caber dudas que once mil delincuentes, nos guste o no, es poco para la cantidad de delitos que se cometen. Eso a ojo de buen cubero lo sabemos muchos pero tenemos que repetirlo las veces que sea necesario. Nos guste o no porque es la realidad y lo peor que podemos hacer ante ella es ver la delincuencia con ojos románticos y novelísticos al estilo de Victor Hugo o León Tolstoi. Y que hay causas sociales y miserias humanas atrás de ello, claro que es cierto, pero las autoridades están usando los recursos de todos nosotros para obtener resultados concretos y metas precisas, y por tanto, se deben exigir resultados.

Lo peor de una sociedad cuando analiza un tema e intenta vislumbrar el futuro para solucionar sus problemas grandes y complejos es la hipocresía de no animarse a llamar al pan: pan y al vino: vino. Y la realidad indica que efectivamente hay señales de zonas de Montevideo así como de San Carlos y Minas en donde el Estado no puede con los delincuentes ( que son señales pero no la constatación de un Estado fallido ). En ese no poder se refleja la impotencia del único ente que detenta el monopolio de la fuerza en una sociedad moderna y democrática: El Estado. No la Policía sino el Estado en su conjunto: el Poder Ejecutivo y todos sus ministerios, la Fiscalía y el Poder Judicial como el encargado de aplicar la ley. El problema es de tal magnitud que sería para no meterse a opina, salvo que hay un sinfín de derechos de personas que son violados, pisoteados, vulnerados. Empezando por el más básico de todos que es el derecho a la vida.

Conclusiones

Los gobernantes, legisladores y fiscales deben estar a la altura de las circunstancias y acometer manos a la obra. Pero no es tarea para ser hipócritas, ni timoratos, ni ensayando viejas recetas represivas sino haciendo algunas reformas impostergables: a) respaldo absoluto al accionar policial y si en ese actuar se violan derechos deberá el Estado responder según la casuística ; b) el delincuente es eso, alguien dispuesto a transgredir la paz pública y debe ser tratado como tal. Esto es, en modo alguno conculcar sus derechos, sino tener claro que es gente que, por lo razón que fuere, decidió dañar a su prójimo y por ende debe ser privado de su libertad, con todas las garantías, como el mínimo y esencial accionar estatal. Implica concebir que si alguien mata, lesiona, viola, daña debe ser sacado de circulación . Tema aparte es que si las cárceles rehabilitan o no, o si por el contrario son cursos y hasta Universidades del delito. c) como sociedad hacer conciencia que si tiene que haber veinte mil, por ejemplo, personas privadas de libertad deberán destinarse los recursos necesarios para la construcción de las cárceles que ello implica. Y que eso implica retacear recursos a otras áreas del accionar estatal ; d) las reformas constitucionales y legales necesarias para permitir el allanamiento nocturno y la legítima defensa policial presunta cuando sea declarada tal por las autoridades fiscales y policiales. Esto es un riesgo, como advierten los expertos, del gatillo fácil. Pues, si eso sucediera deberá recaer todo el peso de la ley contra el funcionario y el Estado resarcir a la víctima ; e) hay ejemplos del accionar de la Guardia Republicana en el Interior del país: en Paysandú hace unos años ante el aumento de los delitos. Con buen tino el Ministro del Interior envió un contingente allí y les puedo asegurar que se reencauzó el asunto y en Dolores cuando el tornado arrasó gran parte de la localidad y que llevó a que la gente juntara firmas para que se quedaran. Esto demuestra que la guardia republicana es uno de los modelos ya existentes y con experiencia en el terreno para actuar. Deberá estar en todo el territorio nacional.

De esta situación de muerte, plomo, amenazas y locura no se sale sino con enfrentamiento de la ley y de las armas. Y con sangre y vidas también, porque nada es gratis. Pero es tiempo de que la sangre no la pongan los inocentes.

No podemos 3 millones y medio de habitantes al compás de algunos pocos miles. Es hora de dar señales de que se acabó la paciencia.

Luego de eso, discutiremos cómo seguir atacando las bases sociales del delito.

Contacto: federicoarregui07@gmail.com





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