La denominada Ley de Medios fue aprobada en los últimos días de la legislatura anterior con los votos exclusivos del partido de gobierno.

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La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectos

Pablo Mieres

10.06.2018

La denominada Ley de Medios fue aprobada en los últimos días de la legislatura anterior con los votos exclusivos del partido de gobierno.

Estratégicamente el Frente Amplio detuvo el proceso de aprobación de la ley para evitar eventuales costos políticos durante la campaña electoral de 2014, pero inmediatamente de conocerse los resultados electorales de la primera vuelta y con el triunfo al alcance de la mano, Tabaré Vázquez mandó completar la votación de la Ley de Medios, por lo que la bancada del Frente Amplio con sus exclusivos votos la convirtió en normativa vigente a fines de 2014.

Desde entonces fueron numerosas las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diferentes actores que se sintieron afectados por esta ley. Entre ellos, desde el Partido Independiente recurrimos la norma que establecía la distribución de la publicidad electoral gratuita, logrando que esa demanda fuera acogida y dejando sin efecto el referido artículo que era un atropello evidente a las reglas de equidad en el acceso a los medios de comunicación en campaña electoral.

También se admitieron otras acciones de inconstitucionalidad que determinaron la no aplicación de algunos artículos de la ley.

Sin embargo, otras normas de la ley aprobada no fueron recurridas, no porque no fueran inconstitucionales, sino porque en nuestra legislación la acción de inconstitucionalidad requiere de que el recurrente sufra una afectación directa, personal y legítima. Este extremo es muy exigente e impide que quienes tenemos una opinión general sobre la inconstitucionalidad podamos accionar ante la Suprema Corte de Justicia.

Por ejemplo, es desde nuestro punto de vista, inconstitucional que el Consejo de Comunicación Audiovisual se elija por un mecanismo mixto, en el que nada menos que el Presidente de la República nombra al Presidente del Consejo, lo que implica una inaceptable intervención del propio gobierno sobre la integración de un organismo que posee una gran cantidad de competencias que pueden afectar, nada menos, que la libertad de expresión.

Para completar el panorama, el resto de los miembros del Consejo pueden ser elegidos por  mayoría absoluta de la Asamblea General, lo que deja en las manos exclusivas del Frente Amplio la integración de todo el Consejo de Comunicación Audiovisual.

El tema no es nada menor porque este Consejo tiene potestades amplísimas para evaluar los contenidos que comunican los medios de comunicación y puede establecer un amplio espectro de sanciones que, en los hechos, puede significar incluso la pérdida de la concesión de la onda.

Es muy grave. Lo sabíamos y lo denunciamos cuando se votó la ley.

A su vez, la ley también otorga al gobierno un amplísimo margen de publicidad de su gestión, disfrazado de "campañas de bien público". En efecto, el artículo 95 otorga gratuitamente al gobierno la posibilidad de emitir publicidad hasta quince minutos diarios en cada medio de comunicación sobre una gran variedad de temas que el gobierno resuelva.

En efecto, desde hace un par de meses y en coincidencia con resultados de encuestas que mostraban un fuerte deterioro de la aprobación del gobierno y de la imagen del Presidente, comenzó una atronadora campaña publicitaria que muy poco tiene de "bien público" y sí tiene todo de un "autobombo" desaforado para promover la gestión del gobierno.

Primero fue el tema del sistema de cuidados, ahora es una campaña sobre la importancia del agua potable y el saneamiento y la supuesta gestión positiva de OSE (nada menos). Seguramente ya estarán preparando la tercera y así sucesivamente.

Esto se parece cada vez más a la estrategia de gobiernos populistas como el de los Kirchner en Argentina que utilizaban los medios de comunicación gratuitamente para generar una propaganda nada republicana sobre las supuestas bondades de su gestión.

Estos son algunos ejemplos del impacto que la ley de medios tiene y tendrá sobre la realidad política, generando una ventaja indebida para el partido de gobierno de cara a las próximas elecciones. Porque no es ninguna casualidad que estas cosas comiencen a ocurrir ante el advenimiento de los tiempos electorales.

Es cierto que es tan burda la propaganda que difícilmente mueva la aguja significativamente, pero de todas formas es inadmisible esta "jugada" escandalosa de promoción propia.

A su vez, también se ha constatado un uso y abuso de la cadena de radio y televisión para hablar de los temas más variados y con criterios totalmente arbitrarios para su determinación.

En síntesis, como dijimos en el momento de aprobación de la Ley de Medios, y ratificamos ahora ante la confirmación del uso inaceptable de esta normativa, vamos a buscar todos los mecanismos para que esta norma deje de existir.

La semana pasada advertimos en ocasión de la sesión de la Asamblea General para discutir la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual que el objetivo del Partido Independiente, en cuanto se obtenga una mayoría parlamentaria en ese sentido, será derogar la ley de medios, dejando en pie solamente aquella normativa que regula la adjudicación de ondas radiales y televisivas y el cobro de un canon por su uso.

Todo lo demás sobra y, como dijo en su momento el actual Ministro de Economía, Danilo Astori, "la mejor ley de medios es la que no existe". Claro que después de sostener eso, todos los legisladores de su partido votaron esta normativa abusiva, antidemocrática y sesgada.

Nuestro compromiso está formulado y para ello trabajaremos con firmeza.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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