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Decreto mordaza, alerta ciudadana

Marcelo Marchese

16.07.2018

El Decreto 115/018, que pasará a la historia como "Decreto mordaza", establece en su artículo 44 que los científicos que pretendan investigar el estado de nuestras aguas, deberán comprometerse a no dar "publicidad a cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos" (1).

Aquellos científicos que pretendan atrapar un pez o una bacteria para determinar la calidad del agua, deberán presentar un proyecto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, proyecto que exigirá una serie de requisitos y además, si el Ministerio quisiera inspeccionar la investigación y para eso necesitara, por ejemplo, alquilar un bote, ese alquiler deberá ser pago por los investigadores.

Según interpretó el decreto el docente e investigador Daniel Panario, curiosamente, estas restricciones no afectarían a las universidades privadas.

Llama la atención que a poco de iniciarse la campaña electoral, el gobierno haya concebido un engendro que lo someterá al escarnio de cualquiera que no sea un obsecuente contumaz; sin embargo, no lo dude el lector, el gobierno tiene sus buenas razones para someterse al escarnio de todos aquellos que no sean obsecuentes contumaces.

 

Peligrosos antecedentes

 

En el año 2010 la UTE le pidió a la Facultad de Ciencias que estudiara el agua del embalse de Rincón del Bonete que abastece a la gente de aquella región. Los científicos descubrieron que esa agua contenía fuertes concentraciones de microcystis, el alga que produce la toxina llamada microcystina, toxina que es carcinógena, teratogénica, bioacumulativa y hepatóxica. Cumpliendo con su deber, ya que habían estudiado en sus facultades que la ciencia debía estar al servicio del hombre, informaron a la UTE y también a las Intendencias acerca de este problema ¿Resultado? Los científicos recibieron una fuerte reprimenda por parte de los jerarcas de UTE, ya que los habían llamado para informarlos a ellos, no a todos nosotros. Ellos tomarían las medidas pertinentes. Los científicos no debían generar alarma pública (2)

En el 2013 la bancada del FA pretendió modificar la Ley de Acceso a la información pública, permitiendo al Estado clasificar la información pública como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso. La promotora de aquella belleza fue nuestra actual vicepresidenta, la cual argumentó de esta manera: "Mi duda fundamental está por el lado de si la sociedad tiene la madurez suficiente como para el manejo de estas leyes".

Con total coherencia, mientras se pretendía impedir el acceso a la información para que la información no llegara a manos de los ciudadanos, se firmaban acuerdos secretos con las trasnacionales y la OSE escondía informes que hablaban de un estado penoso del agua que tomamos inopinadamente. Gracias al desacato de un honrado funcionario impune y anónimo de la OSE, el estudiante de comunicación Christian Acosta pudo sacar a luz la verdad: "Uno de los informes obtenidos demuestra la presencia de Atrazina en agua bruta. Este informe señala que dicha agua no estaba apta para ser potabilizada". "Otro informe del 26 de setiembre, es una muestra tomada del Recalque del Cerro, en la intersección de las calles Holanda y Bogotá, que dio como resultado que un 89 por ciento del total de los organismos detectados estaba compuesto por cianobacterias, todas relacionadas con la Microcystina"(3).

Mientras la OSE escamoteaba 35 informes internos de este tenor, llevando a la perfección la lógica que impulsa a aquellos gobernantes que piensan que "la sociedad no tiene la madurez suficiente", el presidente de ese organismo, Milton Machado,  declaraba el 23 de mayo de 2013 a El País que "no se han detectado nunca algún tipo de toxinas nocivas para la salud" y el 19 de marzo de 2015 insistió en que "nunca han pasado al agua cianobacterias tóxicas".

 

Disparidad de criterios

 

Mientras el Poder Ejecutivo, como buen padre, por un lado y para nuestro beneficio se convierte en un guardián celoso de la información, pues insistimos, "la sociedad no tiene la madurez suficiente como para el manejo de estas leyes", por el otro olvida con presteza su celo a la hora de vigilar las actividades de las trasnacionales, pues según el contrato que no es contrato firmado a fines del año pasado, prometimos a UPM que haríamos lo imposible para acelerar los permisos ambientales que por ley necesitase la planta de celulosa y por lo tanto, por ejemplo, otorgaríamos en menos de doce meses el permiso ambiental de localización. Cumplimos, pues lo otorgamos en sesenta días con una celeridad tan pasmosa cuan desesperada.

 

Los peligros de este decreto

 

El primer y evidente peligro es un atentado a la libertad de investigación, a la libertad de expresión y en suma, a la libertad y no veo necesario extenderme en la defensa de la libertad pues el lector tiene motivos de sobra para defenderla con uñas y dientes, pero existe un segundo peligro, pues ante este decreto lamentable, un conjunto de investigadores anunciaron que lo van a desacatar y eso no es bueno, no porque los investigadores cumplan con su deber al desacatar tamaño disparate, sino porque un Estado que no tiene poder para hacer cumplir las leyes frente a una trasnacional y ni siquiera tiene poder para hacer cumplir las leyes en ciertos barrios donde la ley la imponen los delincuentes, no está en condiciones de lanzar decretos que muevan al desacato. Lo mejor para un Estado es que se lancen leyes y decretos que generen aplauso y confianza en los gobernantes y para nada es bueno que se lancen decretos que uno se vea obligado a desacatar, pues el Estado queda evidentemente desacreditado.

Ahora bien, existe un tercer peligro o más bien, este decreto, cual punta del iceberg, señala un verdadero peligro y ese peligro es el siguiente: es tan nefasto el modelo económico aplicado en los últimos cuarenta años, es tan negativo para la salud de nuestra gente, que se debe amordazar la verdad para la mayor gloria de las utilidades de las trasnacionales.

No sabemos (estas son las consecuencias del secretismo aplicado por el Poder Ejecutivo) si este decreto es resultado de las negociaciones secretas del Poder Ejecutivo con UPM, pero uno tiene un millón (varios miles de millones) de motivos para sospechar que este atentado a la libertad responde a la necesidad de acallar la verdad, no sea cosa que la población se entere de las consecuencias funestas de la "obra" de las papeleras y que impida la instalación de la nueva papelera en el Río Negro. Al menos, una reacción ciudadana ya está en marcha con una Petición que se está firmando en toda la República para que Uruguay desista de un acuerdo perjudicial para nuestra economía, nuestra soberanía y nuestra salud.

 

Las consecuencias insospechadas de este decreto

 

Lo raro del caso es que es posible que al Poder Ejecutivo le termine saliendo el tiro por la culata. Como lo explica muy bien el genio de Machiavello en El Príncipe, uno debe avanzar allí donde pueda, o donde no surja una reacción, en caso contrario, el ataque puede despertar a la fiera.

Existe una idea que es la base de muchas cosas lamentables que ocurren en este mundo y en particular, es la base de la supervivencia de los gobiernos que aplican planes antinacionales, y esa idea es la siguiente: "esto que vivimos es horrible pero no hay otra cosa, ya está todo el pescado vendido y nada podemos hacer para cambiar la realidad".

Esta idea tan útil para soportar lo insoportable tiene un punto flojo, esa cosa tan propia del humano: el contagio que generan las acciones valientes y desinteresadas y me refiero a la reacción de los treinta investigadores que anunciaron que nada ni nadie impedirá que cumplan con su deber ante la verdad y ante el pueblo.

Acepto de antemano que las palabras "verdad" y "pueblo" suenan grandilocuentes y en todo caso, extemporáneas, pero debemos rebelarnos ante este lenguaje vacío que campea por doquier. Como cualquier ser humano, un escritor, sea un periodista o un poeta, se cuida de hacer el ridículo y por eso evita usar de palabras consideradas grandilocuentes, pero ante este gesto de nuestros investigadores que se exponen a represalias, uno está obligado, al menos, a seguir ese ejemplo de coraje y por eso digo desafiando al ridículo que hay que tener amor por la verdad y por nuestro pueblo para tomar una medida de ese calibre.

Amigo lector, negros nubarrones se ciernen sobre la República. Que este decreto bochornoso nos despierte. Que este decreto inaceptable sea el principio de nuestra regeneración moral. Que estos treinta orejanos constituyan la esperanza naciente. No sé todos sus nombres, sólo sé que entre ellos se encuentran Ofelia Gutiérrez, Marcelo Loureiro, Julio Gómez, Javier García Alonso, Marcel Achkar, Beatriz Yannicelli y Daniel Panario.

Si supiera los treinta nombres los estamparía aquí para que flamearan como banderas.

 

 

(1) https://www.impo.com.uy/bases/decretos/115-2018

(2) Un enemigo del pueblo (el agua nuestra de cada día)

http://www.uypress.net/auc.aspx?44771,67

(3) Carta a Tabaré Vázquez acerca del agua de la contaminada Democracia

http://www.uypress.net/auc.aspx?60582



Marcelo Marchese

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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