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imagen del contenido Alejandro Domostoj

La venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio Méndez

Alejandro Domostoj

12.08.2018

La venta del Dique Maua y la crónica de una metamorfosis: El FA de estatizador a continuador de la obra de Aparicio Méndez

 

En las últimas semanas algunos medios de comunicación, fundamentalmente prensa escrita, han dado lugar a una serie de artículos que manifiestan una latente preocupación de diversos sectores académicos, culturales y sociales, sobre la venta de una parte de la rambla sur de Montevideo, al tiempo que otros medios han dado cobertura a reuniones de vecinos organizados que reclaman ser informados y oídos antes que la Cámara de Diputados de la sanción definitiva al proyecto de Ley (ya aprobado por el senado) por el cual el Poder Ejecutivo tendrá vía libre para concretar la inédita operación. 

En esos artículos pueden leerse sólidos argumentos sobre el fondo del asunto, por tanto esta columna no irá en ese sentido, puesto que nulo sería su aporte. Queremos dejar planteada aquí una perspectiva política, que se pregunta y se cuestiona cómo el Frente Amplio, organización política autodefinida de izquierda, ha padecido un proceso kafkiano que lo lleva a ser el portavoz de esta iniciativa.

Lo primero y va de suyo, es muy difícil imaginar que el Frente Amplio sería la fuerza política que llevara la iniciativa privatizadora de un sector de la rambla montevideana, que si bien se encuentra emplazada en Montevideo es parte del patrimonio paisajístico del Uruguay todo. Es verdad, que el sólo hecho de ser formalmente Patrimonio Nacional no impide su venta, pero es paradojal que estando el Patrimonio en manos del Estado éste se desprenda de él a los efectos que un privado lo convierta en un negocio hotelero, comercial y portuario, con un proyecto que parece más ridiculizar los valores protegidos que resaltarlos y conservarlos. Cierto es también que no puede reclamársele al Frente Amplio que mantenga sus compromisos pragmáticos fundacionales de hace más de 40 años, donde impulsaba la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la industria nacional y pública. Pero de ahí a ser ahora el impulsor de la privatización del Patrimonio Nacional de los uruguayos hay una diferencia que no puede ser justificada en un siempre necesario aggiornamento ideológico - programático, sino que se parece más a una completa metamorfosis.

Lo segundo, es que una organización de izquierda tome resoluciones de esta magnitud de espaldas a la gente, sin su consulta, sin escucharla, sin informarla. En un documento aprobado en el año 2004, previo a llegar al gobierno por primera vez, el Frente Amplio sostenía: "El gobierno progresista, sin embargo, no se podrá sostener y consolidar, solamente cambiando a las personas que integran el gabinete y aplicando otro programa.  Ello no alcanza. Un gobierno al servicio de los intereses populares y las grandes mayorías nacionales, además de instalar su equipo, integrado por cuadros de probada idoneidad técnica, para llevar adelante su programa; tendrá que modificar una burocracia instalada funcional al bloque de poder. Y eso no será tarea fácil. Llevará tiempo y esfuerzo. Para hacerlo el FA y sus aliados también tendrán que cumplir con su propósito de promover la participación, transferir capacidad de decisión a la gente y transformar a los ciudadanos y al pueblo en protagonistas activos, que gestionen sus propios intereses y participen en la difícil tarea de gobernar el país" (Documento: FUERZA POLÍTICA, GOBIERNO, TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES). 

Sobra decir que el FA y el PN votaron juntos y en bloque la venta en la cámara de senadores, previo a lo cual no convocaron más que autoridades, desconociendo e ignorando las voces del entramado social y popular de la zona y demás afectados. Pero ya no sólo se ignora a la base social, también se ignoró a la academia y a las gremiales profesionales, otrora sectores que la izquierda visualizaba como aliados. 

En tercer lugar, no puede ignorarse que detrás de esta iniciativa se encuentra el grupo BUQUEBUS y el empresario Juan Carlos López Mena. De concretarse la privatización esta empresa y este empresario verían aún más fortalecida su posición dominante, cuasi monopólica del transporte entre las capitales hermanas Montevideo y Buenos Aires. La empresa lejos de ser un ejemplo de gestión inspirada en valores progresistas, ha sido acusada más de una vez por sus prácticas antisindicales, cuando no involucrada en el penoso y bochornoso proceso de liquidación de PLUNA encabezado también por el Frente Amplio en la persona de José Mujica. Es de esperar que las "promociones especiales" que la empresa realiza a la hora de facilitar el traslado de los compatriotas en épocas electorales, no sean causa suficiente para cederle al empresario una parte de nuestra soberanía nacional, enajenado áreas costeras para favorecer su imperio económico. 

En cuarto lugar, resulta llamativo que una fuerza de izquierda no se cuestione mínimamente las consecuencias e impactos que sus decisiones pueden provocar. La expulsión de la ya escasa población originaria de la zona más inmediatamente afectada, la especulación inmobiliaria, y la generación de un primer antecedente privatizador de la costa montevideana, entre otros fenómenos, no parecen haber sopesado en la evaluación de los legisladores ahora deslumbrados por las millonarias inversiones y la supuesta creación de cientos de puestos de trabajo, que el capital ofrece cual espejitos de colores de los conquistadores a los conquistados.

Quinto y penúltimo, tampoco resultaría de recibo la situación actual del predio de referencia. La práctica -muy propia del capitalismo y de gobiernos neoliberales- de dejar en situación de abandono determinados bienes, para luego sostener que la única opción posible para su recuperación es la privatización, parecería ontológicamente incompatible con un Frente Amplio fiel a sí mismo.  Por otra parte, oponerse a la privatización del predio no implica oponerse al desarrollo e inversión en la zona. Muy por el contrario, es más que necesario revitalizar el espacio público, pero hacerlo en forma participativa y en armonía con las directivas de ordenamiento territorial nacionales y departamentales, aprobadas en procesos mucho más participativos y democráticos que esta pretendida venta procesada hasta ahora en las tinieblas y en silencio. 

Finalmente, si el Frente Amplio está dispuesto a vender el Patrimonio Nacional, a hacerlo desconociendo e ignorando a las organizaciones sociales y académicas, para favorecer al capital -y a un empresario particularmente- que generará en la práctica un monopolio privado, no debería llamarnos la atención la incómoda coincidencia que revisando rápidamente antecedentes puede encontrarse. En enero de 1978 el dictador Aparicio Méndez firmó una resolución en el marco de la política de privatización resuelta por el proceso cívico - militar, mediante la cual creó un grupo de trabajo para proyectar y formular las bases para la enajenación del dique Mauá. Parecería que la referida comisión, afortunadamente, no logró su cometido. Ahora resta esperar si exactamente 40 años después, el Frente Amplió logrará en el Parlamento lo que Méndez no logró en el Consejo de Estado. 





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