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09.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, afirmó que Uruguay todavía no está en condiciones de gravar los vehículos eléctricos, en una posición que marca distancia con el planteo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien semanas atrás sostuvo que el gobierno revisará los incentivos tributarios al sector.

La discusión se concentra en los beneficios fiscales que hoy tienen los vehículos eléctricos, especialmente la exoneración del Impuesto Específico Interno y de la Tasa Global Arancelaria para la importación de vehículos, cargadores y baterías. Esos estímulos fueron diseñados para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y reducir la brecha de precio frente a los vehículos a combustión.

Cardona dijo que la decisión “no está tomada” y que el tema está siendo intercambiado con el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia. Sin embargo, expresó con claridad su posición personal: “No creo que estemos en condiciones de poder gravar eso”.

La ministra explicó que una cosa es observar el crecimiento acelerado de las ventas y otra distinta es medir cuánto representan los eléctricos dentro del parque automotor total. Según su visión, el país todavía está en una etapa de consolidación de la tecnología y necesita mantener estímulos para sostener el cambio.

El matiz no es menor. Oddone había señalado en mayo que el gobierno trabaja en revisar el régimen de promoción de venta de vehículos eléctricos para hacerlo “no tan beneficioso”, bajo el argumento de que el mercado ya alcanzó un nivel de madurez. “Es buena política que cuando algo maduró se desenvuelva con menos muletas”, sostuvo entonces el ministro de Economía.

La diferencia entre ambos ministros expone una tensión dentro del propio Poder Ejecutivo: por un lado, la mirada fiscal del MEF, preocupado por el costo de las exoneraciones; por otro, la visión del MIEM, que prioriza la continuidad de una política energética y ambiental que todavía considera en desarrollo.

El mercado eléctrico creció con fuerza en los últimos años. En el primer cuatrimestre de 2026 se vendieron más de 7.000 vehículos eléctricos, con un aumento superior al 130% respecto al mismo período del año anterior, según datos del sector automotor. Ese dinamismo alimenta el argumento de quienes sostienen que el régimen ya cumplió su función inicial.

Sin embargo, Cardona relativiza esa lectura. Para la ministra, el crecimiento de las ventas no alcanza para concluir que el proceso está consolidado. El peso de los eléctricos dentro del parque automotor sigue siendo reducido y la infraestructura de carga, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de modelos y la sustitución efectiva de vehículos a combustión todavía plantean desafíos.

Actualmente, los beneficios incluyen Imesi cero y Tasa Global Arancelaria cero para vehículos eléctricos, baterías de litio y cargadores. Además, la patente mantiene un tratamiento diferencial: para 2026, los eléctricos 0 kilómetro pagan 3% sobre el valor de mercado sin IVA, mientras los vehículos a combustión tributan 5%.

La discusión no involucra únicamente a los ministerios. El sector automotor advirtió que una reducción simultánea de beneficios tributarios y bonificaciones en la carga pública puede enlentecer el crecimiento del mercado. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay planteó la necesidad de que cualquier cambio tenga un período de transición para evitar un impacto brusco en las ventas.

También hay presión desde otros sectores empresariales. La Confederación de Cámaras Empresariales señaló que las exoneraciones a vehículos eléctricos e híbridos representan un gasto tributario significativo y cuestionó que parte del costo de la política energética recaiga indirectamente sobre otros combustibles, como el gasoil.

Ese planteo abrió un debate más amplio: si los incentivos deben mantenerse de forma general para todos los autos eléctricos o si corresponde diferenciarlos según el uso. Una alternativa que aparece en la discusión es preservar beneficios para transporte público, taxis, utilitarios, flotas productivas y servicios esenciales, pero reducirlos para vehículos particulares de alta gama.

La cuestión de fondo es cuándo una política de estímulo debe empezar a retirarse. Los incentivos fueron centrales para crear mercado, bajar barreras de entrada y acelerar la adopción de una tecnología alineada con la transición energética. Pero, a medida que aumentan las ventas, también crece el costo fiscal de mantener exoneraciones amplias.

Uruguay enfrenta además una paradoja. El país tiene una matriz eléctrica mayoritariamente renovable, lo que vuelve especialmente atractiva la electrificación del transporte desde el punto de vista ambiental. Pero el transporte sigue siendo uno de los sectores más dependientes de combustibles fósiles, por lo que acelerar la sustitución tecnológica continúa siendo un objetivo estratégico.

Si los beneficios se retiran demasiado rápido, el riesgo es frenar una transición que recién empieza a masificarse. Si se mantienen sin ajustes, el costo fiscal puede volverse cada vez más difícil de justificar, sobre todo en un contexto de restricciones presupuestales y demandas sociales crecientes.

La posición de Cardona introduce una advertencia política: la movilidad eléctrica todavía necesita apoyo. La de Oddone instala una pregunta fiscal: cuánto tiempo puede el Estado sostener exoneraciones crecientes cuando el mercado muestra señales de expansión.

El debate queda ahora abierto dentro del gobierno. La definición no será solo tributaria. También marcará qué velocidad quiere darle Uruguay a la transición energética en el transporte y qué sectores serán priorizados en una eventual revisión del régimen.

Por ahora, la ministra de Industria puso un límite: no ve condiciones para gravar los autos eléctricos en este momento. El Ministerio de Economía, en cambio, mantiene sobre la mesa la revisión de beneficios. Entre ambas posiciones se jugará la próxima etapa de una política que pasó de ser un incentivo incipiente a convertirse en una discusión fiscal, ambiental e industrial de primer orden.