UY Press - Agencia uruguaya de noticias

18.07.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- La jueza Diovanet Olivera aceptó el pedido de imputación a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, por el caso Conexión Ganadera, considerado la mayor estafa privada de la historia del país. También respaldó el pedido de prisión preventiva efectiva sobre Carrasco hasta el 10 de febrero y de prisión domiciliaria completa para Iewdiukow y Cabral.

El fiscal Enrique Rodríguez pidió la formalización de la investigación sobre los imputados por un delito continuado de estafa en reiteración real, mientras que a Carrasco sumó un delito de lavado de activos en calidad de autor. Por el "riesgo de fuga", Rodríguez solicitó a Olivera que imponga a Carrasco la prisión preventiva.

Carrasco y Basso fueron socios de la firma Conexión Ganadera, un "esquema Ponzi" que prometió a los clientes de la empresa el pago de una renta anual generada mediante inversiones ganaderas. La investigación fiscal indagó sobre el destino de los fondos y detectó que los recursos de los 5.000 inversores que participaron de Conexión Ganadera fueron destinados a otras empresas.

Según indicó en junio uno de los abogados de los damnificados, Juan Pablo Decia, hay 30 empresas investigadas por la justicia para definir si participaron de esta red. Las más conocidas del esquema las empresas Hernandarias, Gustavo Basso Negocios Rurales y Stradivarius.

Otro de los puntos relevantes del caso es el monto de la deuda. Según indicó el fiscal Rodríguez en la audiencia de la jornada, los datos primarios indican un pasivo de 250 millones de dólares, una deuda que consideró "impagable". Entre 2021 y 2024, los socios compraron bienes muebles e inmuebles por 16 millones de dólares.

Conexión Ganadera dejó de pagar a los ahorristas en noviembre de 2024. Un mes antes, falleció Basso luego de chocar su vehículo de alta gama contra maquinaria vial sobre la ruta 5. En febrero de 2025, la firma pasó a concurso y fue intervenida por el síndico Alfredo Ciavattone. Las consecuencias económicas del caso incluyen desde la pérdida de los ahorros de sus clientes, el fin de la actividad del frigorífico Casablanca en Paysandú y un perjuicio al Banco República por 4 millones de dólares.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS