Niños, niñas y adolescentes migrantes
Felipe Michelini
En esta nota me referiré a la “Declaración de Montevideo para el seguimiento y el acompañamiento de la OC/21 para su efectiva aplicación” y a la actividad previa que permitió su pronunciamiento.
Dicha declaración es el producto de las reflexiones realizadas en el seminario internacional acaecido en Montevideo la semana pasada, sobre la Opinión Consultiva 21"Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional" dictada hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El seminario cuya oportunidad y pertinencia son destacables, fue organizado por el Instituto Solidaridad y Desarrollo (ISODE) y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (OPPDHM) bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de nuestro país, el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDHN) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (IINNA) con el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).
Es bueno recordar que el mecanismo de la Opinión Consultiva se inició por la acción mancomunada y decidida de los países del MERCOSUR, en ese entonces de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la activa participación del IPPDHN. Asimismo, el proceso previo a la resolución final del 19 de agosto de 2014 dio respuesta a los diversos ítems contenidos en la solicitud, contó con la activa participación de la sociedad civil organizada, marcando un hito que no puede dejarse de recordar y señalar para la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de migrante en pos del pleno disfrute de sus derechos. Por lo que para su efectiva aplicación se necesita una ciudadanía movilizada que cumpla un papel fundamental para su concreción.
En el seminario de reflexión y análisis, hecho inédito en el continente, además de las breves, sustanciosas y emotivas palabras de bienvenida, realizadas de la Sra. Silvana Lesca por la cancillería y de Jorge Muiño por la Junta Nacional de Migración, que reflejan el apoyo de ambas instituciones, hubo un conjunto de ponencias sustantivas de mucho valor.
En el primer panel coordinada por la Directora Ejecutiva del OPPDHM, la Lic. Margarita Navarrete, el Director de Investigación y Gestión de la Información del IPPDHN, Dr. Javier Palummo, el Director General del IINNA Lic. Víctor Giorgi, y el Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos Defensoría del Pueblo, Dr. Juan Faropa, hicieron presentaciones institucionales significativas. Se resaltó la preocupación de la situación de vulnerabilidad del niño migrante y la necesidad de contar con fuertes y agiles mecanismos para prevenir los abusos como parte del sistema de protección regional de los derechos humanos. Se subrayó la pertinencia y oportunidad de la solicitud de la Opinión Consultiva y el valioso contenido de la misma.
En una segunda instancia, el Dr. Alfredo Scafati coordinó el panel de juristas integrado por el Dr. Juan Miguel Petit y el Dr. José Luis González. Ambos nos brindaron extensas exposiciones en su especialidad complementarias entre sí. El Dr. Petit desarrolló las aristas en relación a los aspectos jurídicos abordados por el dictamen de la Corte Interamericana y su vinculación con las políticas públicas. El Dr. González se refirió in extenso, a los contenidos de la Opinión Consultiva y en especial el derecho al debido proceso y cómo este debe ser garantizado plenamente en el goce del mismo, aún en una situación de migración irregular.
En un tercer panel, coordinado por la Dra. Luján Criado, se abordó la Migración, y su estrecha vinculación con la Cultura y la Educación. Los procesos educativos y los patrones culturales son factores de integración, pero al mismo tiempo pueden ser de exclusión y marginalización. Por ello en toda política migratoria, se debe poner especial énfasis en el impacto para el pleno ejercicio de los derechos en esos dos ítems fundamentarles que afecta a esta población en condiciones tan particulares. El Director Ejecutivo del ISODE, Prof. Jorge Barrera así como el Prof. Richard Asayan, dieron una perspectiva nacional sobre el tema, que se completó con la perspectiva internacional brindada por la mejicana Dra. Valeria España y la estadounidense - mejicana de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Prof. Deisy del Real.
En el panel que culminó la primera jornada del seminario, coordinado por el Dr. Fernando Gómez, la Dra. Claudia Romero en representación de la Subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, presentó los desafíos que tiene el sistema nacional de salud para trabajar en clave preventiva en ocuparse sobre población migrante que en niños, niñas y adolescentes muestra una especial vulnerabilidad. Asimismo, la catedrática en Antropología y Salud Pública de la UCLA, Prof. Bonnie Taub detalló los problemas que se ven enfrentados miles de niños, niñas y adolescentes de México y Guatemala en los Estados Unidos y la necesidad de apoyarse en el estudio y las ciencias sociales en clave de derechos humanos para mejorar la calidad de vida. En un tono más personal, recordó su experiencia en el Hospital Pereira Rosell hace más de 28 años y sus impresiones tantos años después. La relatoría del Seminario Internacional quedó a cargo del Dr. Fernando Gómez.
En la mencionada Opinión Consultiva, en efecto se resaltan las obligaciones estatales en cuanto las políticas públicas en materia migratoria al priorizar el enfoque de derechos humanos que tome en cuenta en forma transversal los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente su protección y desarrollo integral, que debe primar sobre cualquier otra consideración de nacionalidad o de estatus migratorio.
En la jornada del día jueves 17, en la sede del IINNA, se leyó la Declaración de Montevideo y se le dio lanzamiento a la "Iniciativa OC/21", abriéndose un plazo de 30 días para su firma, así personas individualmente como representantes de organizaciones e instituciones, puedan adherirse a la iniciativa.
En mi intervención de ese último día, a la que fui honrado para dar cierrea la actividad y presentar la Declaración, recordé que la Opinión Consultiva 21 es un dictamen que ubica la protección y promoción de los derechos humanos en un abordaje de última generación, en tanto potencia los tradicionales deberes de los estados de respetar, garantizar y promover en clave de políticas públicas efectivas e inclusivas, abarcando un haz de derechos en forma interdependiente e interrelacionada.
La resolución de la Corte Interamericana combina inteligentemente los marcos normativos de distintas variantes del derecho internacional de protección de los derechos humanos: el derecho en clave regional, el migratorio y el internacional de los derechos del niño. Abordaje múltiple que enriquece la protección de la dignidad humana, pero que por la metodología tradicionalmente utilizada es poco frecuente. Más aún demuestra que el Sistema de Protección regional es uno vivo que se adapta a las nuevas realidades y desafíos para promover la protección de la dignidad humana.
La orientación general de la OC/21 es concluyente que el sólo hecho de ser migrante no es un delito y que por lo tanto mientras se desarrollan los procedimientos migratorios deben haber medidas no privativas de libertad y en caso extremo de suceder, estas deben respetar mínimas garantías para salvaguardar la dignidad humana. Asimismo, se ha determinado en forma inequívoca que los Estados tienen la prohibición de devolver, deportar, retornar, rechazar o no admitir a un niño, niña o adolescente cuando su vida y/o libertad estén en riesgo de violación por persecución o amenaza, violencia generalizada o violaciones masivas.
Todo ello en el marco de priorizar el interés superior del niño, niña o adolescente incluso prevaleciendo en forma ponderada sobre otras disposiciones de carácter migratorio, para no sacrificar de forma irrazonable o desmedida el derecho de toda persona menor de edad. Se puede afirmar que dedicar esfuerzos para una iniciativa de este tipo soslaya las realidades, muchas de ellas lacerantes, que nos interpelan todos los días en relación a los niños, niñas y adolescentes todos los días en Uruguay. Tal abordaje, provinciano pero tan efectivo como falso, olvida que en un mundo global podemos aprender y mucho de la promoción internacional y regional para aplicarlo en nuestra realidad cotidiana. Desde mi experiencia, eso es así cómo lo ha demostrado todos los trabajos en materia de lucha contra la cultura de la impunidad a través del Estatuto de Roma que creó un esquema para combatir los crímenes más repugnantes como el genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión.
Convoco, entonces cómo dice el final de la "Declaración de Montevideo" a "que nuestra labor permita que la OC/21 sea ampliamente conocida, así como interpretada y aplicada de buena fe por parte de los Estados y sus Poderes Públicos de nuestro continente. Seguros que de suceder, se logrará un marco mínimo para abordar la situación de extrema vulnerabilidad de los niños, niñasy adolescentes en condición de migrantes y lograr el pleno goce de sus derechos."
Felipe Michelini
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
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