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Otro aporte sobre reforma constitucional

Felipe Michelini

27.07.2016

A 186 años de la jura de la Constitución, sería saludable adecuar el texto constitucional vigente, al siglo XXI. La actual Constitución de la República Oriental del Uruguay se basa en la aprobada en 1966 con las modificaciones introducidas en las sucesivas reformas de los años 1989, 1994, 1996 y 2004. Muy distante por cierto de aquella de 1830 sancionada el año anterior por la Asamblea General Constituyente y Legislativa producto de la “Convención Preliminar de Paz”.

La Constitución es la norma que organiza los poderes del Estado y establece los límites de su actuación consagrando los derechos de todas las personas. Lo que esta dice u omite no es simplemente una discusión académica alejada de la gente, sino todo lo contrario.

Hay vientos de reforma. Tenues pero sostenidos. La resolución del Plenario del Frente Amplio de avanzar haciendo suyo el documento de la "Comisión para el análisis de los contenidos de una reforma constitucional a impulsar por el Frente Amplio" titulado "Consensos, avances y coincidencias", lo demuestra.

Los acuerdos no son menores y auspician una necesaria profundización para su precisión: 1) dignidad y derechos humanos, 2) nacionalidad y ciudadanía, 3) democracia y Poder Legislativo, 4) Justicia y Poder Judicial, 5) equilibrio y relación entre poderes, 6) ética y transparencia pública, 7) descentralización y tercer nivel de gobierno, 8) ambiente y su protección, 9) integración regional e inserción internacional, 10) modernización del derecho de propiedad incorporando las nuevas realidades.

La definición del procedimiento de reforma a utilizar dentro del marco constitucional vigente, ha sido postergada para otro Plenario Nacional. En última instancia, cualquiera de ellos, sea por  iniciativa popular, por dos quintos de la Asamblea General,  por  Convención Nacional Constituyente (CNC) o por ley constitucional de dos tercios de cada Cámara, termina en un plebiscito ratificatorio por el Cuerpo Electoral que aprueba o rechaza la iniciativa.

El Frente Amplio no necesita cambiar el texto constitucional para ganar las elecciones. Ya lo hizo en tres oportunidades y no es imposible que lo haga por una cuarta vez ya que depende solo de sus acciones para renovar el mandato ciudadano.

Desde nuestra visión socialista democrática, las normas jurídicas incluidas las constitucionales, son un factor central en la construcción de una sociedad más justa, más libre y más solidaria.  Los cambios sociales y su consolidación, es decir su institucionalización, durabilidad y sustentabilidad en el tiempo responden a múltiples aspectos, pero también incluyen a las normas jurídicas, su interpretación y aplicación. En ese proceso, la Constitución desempeña un papel relevante.

En este sentido por ejemplo, no es irrelevante que el texto constitucional no mencione explícitamente a los derechos humanos ni a los crímenes de lesa humanidad como que no haya incorporado a la Institución Nacional de Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo.

Se dice que las ideas del proyecto no afectan a la "sala de máquinas del Poder". La idea es que más allá de las declaraciones de derechos, lo que cuenta es como se construyen las normas jurídicas que la interpretarán para su aplicación. Se soslaya que tres de los ítems que el Frente acordó avanzar es sobre aspectos sustanciales de la "sala  de máquinas" tales como   "democracia y Poder Legislativo", "Justicia y Poder Judicial"  y "equilibrio y relación entre poderes".

El Frente Amplio está en un proceso de reflexión, avance y definición reformista. Relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil, profundizar los puntos establecidos en el documento aprobado, incorporando tal vez algún otro y finalmente llegar a un articulado.

¿Ello agota la negociación con otros partidos? De ninguna manera, pues ello dependerá del procedimiento de reforma que se defina recorrer y de la voluntad política.

Algunos sectores del Frente Amplio han puesto un especial énfasis como si fuese una cuestión fundamental, en que se convoque a la CNC.   Se dice que es la instancia más democrática en relación a los otros tres procedimientos de reforma, pues  permite el debate ideológico. Se soslaya que dicha instancia no es una idea, es un instituto previsto concreto y reglado. Se critica la Constitución, ¡excepto en el artículo que habilita la Convención! Se le presenta como perfecto, cuando en realidad tiene múltiples inconvenientes.

Se necesita un proyecto articulado (no es adecuado presentar uno de tan solo un artículo para iniciar el procedimiento) y aprobarlo por mayoría en el parlamento. Luego el Poder Ejecutivo convocará dentro de los 90 días a una elección para 260 convencionales en idénticas condiciones que para los diputados. Se tiene un año de plazo para expedirse.

En dicha elección se podrá tener mayoría y conducir el proceso. Puede suceder que no se tenga mayoría y por lo tanto será la oposición que conduzca el mismo. En todo caso un tercio de miembros de la Convención puede exigir el pronunciamiento por separado de uno o varios textos.

Él procedimiento de la CNC tiene igual valor que los otros y todos ameritan la discusión y debate público. La discusión y aprobación del texto original o los sustitutivos en la Convención, que eventualmente se plebisciten y se aprobasen, en nada le agregan a la interpretación ya que se le dará preminencia al texto mismo y a una lógica interpretativa consistente en el articulado.

¿Los integrantes de la CNC dónde se reunirán?, ¿serán honorarios o rentados?, ¿quién los asistirá en su funcionamiento  y asesoramiento? ¿Cuánto cuesta la elección y la puesta en práctica de dicho órgano? ¿Va a cambiar tanto la representación entre octubre del 2015 a fines del 2016 principios del 2017?; son todas preguntas prácticas que no ayudan a visualizar los beneficios sustantivos de la reforma.

La oposición recibirá un valioso regalo. Si continua siendo minoría, le alcanza con un tercio para plebiscitar uno o más proyectos de reforma que seguramente cuestionarían las políticas públicas del Frente Amplio. Si en cambio logra la mayoría conducirá el proceso de reforma constitucional y construirá, quien lo duda, un escenario político favorable a su estrategia de cara a las próximas elecciones.

Luego hay que pasar el plebiscito, y ganarlo. En conclusión, a través de la CNC, el Frente Amplio asumiría riesgos innecesarios en un tema central sin duda, pero que no concita, bueno es saberlo,  al menos por ahora entusiasmo popular.

El principal argumento de los que promueven la Convención es su vocación fundante. Se pretende cambiar radicalmente el texto vigente. Al contrario, el valor de una reforma promovida por la izquierda,  debería ser la de apoyarse en la Constitución actual.

Rescatar la defensa de su texto por la cual se dieron duras batallas en la calle y en el parlamento para una aplicación razonable y justa y no un simulacro durante la época del "Pachecato". La misma Constitución que en su defensa, la CNT y otras organizaciones sociales y políticas, convocaron a la huelga general ante el golpe de Estado en 1973. Esa Carta Magna que miles de compatriotas trabajaron para su restablecimiento en la década del 80. Ese texto  que protege nuestras empresas públicas. La misma que reclamamos se aplicara cabalmente para impedir la impunidad de los más graves crímenes de lesa humanidad.  

No se puede intentar un "de borrón y cuenta nueva",  desconociendo los preceptos civilizadores que nuestro texto constitucional ha consagrado desde el inicio de los tiempos, remontándose incluso a la  gesta emancipadora. La reforma debe ser una oportunidad de consolidarlos a través de la adecuación en su texto y en el contexto de las nuevas realidades. La actual Constitución nos ampara en la promoción de un proyecto de país basado en el trabajo de los uruguayos sin exclusiones y con justicia social.

Promover la iniciativa popular permite construir un consenso interno, manejar los tiempos políticos, movilizar a los frenteamplistas para lograr las firmas del 10 por ciento de la ciudadanía.

Luego de presentadas se puede negociar con el resto de los partidos políticos desde una posición clara e inequívoca de la reforma que se pretende. Si no se logran esos acuerdos para un proyecto sustitutivo se vota en última instancia conjuntamente con las elecciones nacionales. En tanto no se afecte a la forma de gobierno, no generará confusión en la ciudadanía ni en el sistema electoral. Todas virtudes por cierto, ningún riesgo.

Construidos los consensos para la reforma, sea en este período o en el próximo, con los contenidos que se mencionan, se mejoraría mucho el texto constitucional uruguayo. Así sin perder las características del constitucionalismo uruguayo reflejando su mejor tradición republicana, se consolidará una democracia de mayor calidad y de mayor participación ciudadana, ubicando al Uruguay en el constitucionalismo del Siglo XXI.



Felipe Michelini

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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