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El desafío de legislar sobre las APP

José Carlos Mahía

06.09.2016

Hace ya unos meses se presentó una iniciativa del Poder Ejecutivo para legislar sobre las App, la propuesta surgió a partir del impacto de la llegada de UBER al país.

El fenómeno no es nuevo, por el contrario, se desarrolla en muchas ciudades del mundo y en todas genera lo mismo: lío con el transporte de taxis y remises legalmente establecido.

La llegada de UBER, de una nomás, destartala todo el sistema vigente.

Lo que sucede de hecho es una desregulación del mercado: el consumidor se beneficia con la competencia pero esta se realiza de pesado y vulnerando las normativas vigentes a toda escala.

Lo dicho, UBER en nuestro país elude toda tributación habida y por haber: la departamental y la nacional, los aportes a DGI, BPS, Seguros, la expedición de libretas o chapas que habiliten a conductores o vehículos. Todo.

La actividad se encubre bajo el manto de la economía colaborativa. UBER en este relato sería un mero nexo entre quien demanda un servicio de transporte y el dueño del auto, sin embargo lo que hace es poner las reglas de juego: plataforma informática de por medio fija tarifas, manda el auto, le paga al chofer, le cobra al cliente, etc.

Frente a esto no sería bueno mirar para un costado como si nada pasara. El desafío que tenemos es legislar, para regular, sin afectar otras áreas de la llamada economía digital, lo que podría ser nefasto para el país.

En los últimos años, en particular en la "década ganada", Uruguay ha ido desarrollando esta área de la economía logrando notorios avances, lo que ha merecido los elogios a nivel nacional de los integrantes de las Cámaras que nuclean a quienes se dedican a esta actividad.

El tema es muy profundo. La influencia de las plataformas informáticas en la economía es creciente y lo será cada vez más, por lo que la iniciativa que tenemos a estudio trasciende largamente el caso UBER, aunque este sea su detonante.

Para quienes no creemos que la economía se deba regir solo por las leyes del mercado también está en juego el rol del Estado en esta área.

Si las actividades que devienen de la economía digital actuaran todas como la empresa UBER, en un lapso no muy lejano en el tiempo nos preguntaremos ¿cómo va hacer el Estado - gobierne quien gobierne - para financiar políticas públicas tan básicas como la Educación, la Salud, la Justicia o la Seguridad?

¿O simplemente financiar el pago de salarios públicos, jubilaciones y pensiones?

Pongamos un ejemplo: muchas veces a fin de año surgen conflictos entre los comerciantes formales, que pagan los tributos todo el año y los comerciantes informales, que buscan en fechas claves hacer la zafra. Allí, mal o bien, el Estado interviene, regula y ordena.

En un mundo en que cada vez más gente compra y vende de todo por internet ¿es posible tapar el sol con un dedo?

Las nuevas tecnologías nos desafían, nos interpelan, pero no por ello vamos a aceptar la precarización del trabajo.

El Frente Amplio ha promovido con éxito una creciente formalización de la economía y junto a ello los derechos de los trabajadores.

Nuestro desafío será pues legislar y trabajar para promover un marco legal que siga estimulando por un lado el desarrollo de la economía digital y por otro asegure las obligaciones legales que garanticen reglas de juego parejas para todo el mundo. Todo ello sin que el Estado renuncie a su rol regulador y garante de los derechos de todos los ciudadanos.



José Carlos Mahía



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