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La ética y la confianza

Mónica Xavier

21.02.2018

La democracia exige transparencia. El nepotismo, la falta de idoneidad, el amiguismo, son
zancadillas inexcusables a la institucionalidad. Lo primero que debemos hacer quienes
dedicamos nuestras vidas a la política es cumplir con las disposiciones institucionales.

Como toda construcción humana, siempre perfectible, debemos trabajar incasablemente para
mejorar, siempre, la legislación existente en busca de mejores mecanismos de tutela de la
transparencia.

Debemos tener tanta determinación como coherencia en nuestros actos - estar a la altura de las demandas éticas por las cuales legítimamente reclama la ciudadanía, coherentes a los
principios ideológicos que profesamos -“perseguir el paradigma de decir lo que se piensa y
hacer lo que se dice”- como nos señalaba el General Líber Seregni.

Ello hace que cuando ocurren conductas indebidas en nuestros gobiernos, actuamos drástica e inmediatamente. Pero una cosa es la férrea conducta ética y otra muy distinta la moralina y la caza de brujas. Hemos cometido errores y tan cierto como ello es que tanto a nivel de la fuerza política como de gobierno hemos actuado con determinación para reconocerlos y sancionarlos. A los frenteamplistas, las faltas éticas nos duelen.

Tampoco debemos tener amnesia de lo que fue este país hasta hace muy poco tiempo, a
nadie de mediana edad puede escapar que hasta principios de este mismo siglo, la vía de
acceso a la función pública era a través de una tarjeta de recomendación. Por lo que resulta
absolutamente hipócrita que ahora se rasguen las vestiduras quienes pudieron abordar estos asuntos cuando gobernaron durante más de un siglo y medio, y nunca hicieron nada más que auspiciar el clientelismo. Ese sistema de selección fue el imperante a lo largo del siglo XX.


Ahora, esa ya no es más la regla.

En la Administración Central, con los gobiernos del Frente Amplio, los concursos representan
el mecanismo de ingreso de casi la totalidad de las altas. No es lo mismo a nivel de las
Intendencias, donde rige la Ley Orgánica Departamental número 9.515 del año 1935, que
requiere mayorías especiales para su modificación. En el Artículo 35 numeral tercero de dicha ley se establece que al Intendente compete: “ejercer la superintendencia de las oficinas de su dependencia, nombrar sus empleados, incluso los de las Juntas Locales, establecer su disciplina y suspenderlos en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo o con medio sueldo, por períodos que en su conjunto no pasen de dos meses por año para cada empleado. Los empleados de la Juntas Locales autónomas serán nombrados por el Intendente, a propuesta de dichas Juntas”.

Esto traduce el amplio poder discrecional para la contratación de personal en un área tan
importante del Estado como las Intendencias, proveniente de legislación que tiene más de 80 años de sancionada. Aunque queda claro que estas prerrogativas tienen su marco legal
obviamente chocan frontalmente con la transparencia que exigen los tiempos actuales.
En base al informe de Vínculos del Estado de la ONSC , la organización de la sociedad civil
Cívico, que busca promover y profundizar la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana en Uruguay, concluyó que en 2016 los gobiernos departamentales
agrupados tuvieron 2.905 altas. De ellas, el 56.2%, unos 1.632 vínculos, se designaron de forma directa. En 2015 este porcentaje ascendía a 64.5% y a 64.3% en 2014. Pasando raya, más de la mitad de las contrataciones de personal de las intendencias se realizaron mediante este mecanismo.

Conducta completamente diferente es la que arrojan las designaciones directas de los
organismos que integran el Poder Ejecutivo, que fueron tan solo del 0.9% de las altas, entre los organismos del artículo 220 (Entes autónomos) fueron el 5%, y entre los del artículo 221 (Entes Industriales o Comerciales del Estado), fueron el 0.8%.

En estas semanas también tomaron estado público las designaciones de familiares en forma
directa en el TCA – organismo independiente de Justicia Administrativa, “encargado del control de la legalidad a nivel de toda la Administración”. En caso de confirmarse sería de una contradicción injustificable.

El desafío es tener un sistema cada vez más transparente donde seamos implacables en el
cumplimiento de las normas y de la ética, donde no solo están en juego carísimos valores para nuestra fuerza política – todo el sistema político debe ser consciente de la necesidad de ser éticos-.

Ni más ni menos que la confianza ciudadana en la democracia es la que está en juego.



Dra. Mónica Xavier.

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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