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imagen del contenido Dr Guillermo Chiribao

Manini violó las normas y su arresto a rigor es sano para la Democracia

Dr Guillermo Chiribao

13.09.2018

En medio de la tormenta desatada en torno a la grave sanción aplicada al Comandante Manini, se hace difícil encontrar tierra firme para pensar y evaluar lo sucedido, desde el punto de vista del derecho.

 

Muchas voces se han alzado, a mi juicio en forma equivocada, condenando la sanción, porque la misma violentaría el derecho del General a pensar y no es así. El comandante opinó públicamente sobre un proyecto de ley a estudio en el parlamento. Y además cuestionó a un Ministro de Estado.

Y ese detalle cambia bastante la cosa. Y por tanto la pregunta es ¿puede un militar brindar opiniones públicas sobre proyectos de ley (reforma caja militar), a estudio en el parlamento? ¿Esas son opiniones políticas?

Para responder a ello debemos repasar las normas aplicables al caso:

Constitución de la República, art. 77, num. 4 "......los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de forma parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto."

Decreto Ley 14157 art. 61

El Estado Militar impone las obligaciones fundamentales siguientes:

H) Abstención de toda actividad política, excepto sufragio, conforme a la Constitución.

Reglamento General de Servicio No. 21 (D. 305/003)

Art. 53.- En consecuencia constituyen en términos generales, como falta contra la disciplina:

 c.- Pretender influir o intervenir con prescindencia de las Autoridades Militares correspondientes, en el estudio y sanción de los proyectos de Leyes a consideración del Poder Legislativo.

Pues bien, de la lectura de las 3 normas que regulan la vida castrense, surge con meridiana claridad que los militares uruguayos están impedidos de emitir juicios con consideraciones políticas. Y si para sorpresa de algunos, no puede opinar libremente, como sí lo podría hacer un civil. Es así y por lo que se dirá, está bien que lo sea.

En el caso en cuestión notoriamente el tratamiento de una ley en el parlamento constituye un hecho que debe ser catalogado como esencialmente político. Hecho político tanto en el sentido amplio como restringido de la palabra. 

Mas allá de la razón o sin razón del cuestionamiento al Ministro Murro, el General -a través de los medios - además  defender a sus subordinados, está intentando influir o interferir en el tratamiento de una ley, algo que claramente como se vió le está vedado.

Surge de informaciones de prensa por su discurso en el acto patriótico del 18 de mayo del 2017, el General había sido sancionado.(Portal 180.com 26/5/2017). La sanción fue aplicada por declaraciones referidas al mismo tema que ahora, la reforma de la Caja Militar. Por tanto esta nueva situación constituiría en un caso reincidente. 

Además de ello, el Comandante ha sido cuestionado por supuestas violaciones a la laicidad al inaugurar una capilla religiosa en el Hospital Militar conjuntamente con la Sra. Del Presidente de la República  o por concurrir con el uniforme  de las Fuerzas Armadas a ceremonias en la Catedral. Se lo cuestionó en su momento por haber calificado al extinto Ministro de Defensa Eleuterio Fernandez Huidobro, como uno de los mejores ministros de la historia, en un hecho que claramente fue valorado como una opinión política. Algunos de esos hechos ameritaron el pedido de informes del Diputado Colorado, Dr. Ope Pasquet.

En su momento, algunos sectores no vieron con buenos ojos las consideraciones que formuló sobre la marginalidad social y las cifras sobre la pobreza, llegándose a cruzar en forma pública con una Senadora Nacional.

Todo ello indica que la exposición mediática y el protagonismo del Comandante es conflictivo y cuestionable por diversos sectores.

Muchas personas consideran que las disposiciones legales, actúan como una mordaza, para que los militares no se expresen. 

Pero ello en un estado de derecho no es tan así. El militar sabe que existe una línea de mando y de subordinación que debe respetarse. Ello significa que siguiendo los canales del mando correspondientes los dependientes, pueden hacerle llegar a sus superiores sus opiniones. 

Sabiamente en nuestro país esos mandos superiores son civiles y representan la voluntad popular surgida de las elecciones libres. Nos guste o no.

En forma personal, considero que esas prohibiciones son adecuadas y sanas para la democracia. 

No corresponde en un estado de derecho que quienes tienen en sus manos las armas del estado, presionen o intenten de alguna manera influir en las decisiones que el poder político legítimo vaya a tomar. 

Convengamos que las fuerzas armadas no son una corporación civil cualquiera. La historia reciente y aún no resuelta nos lo demuestra.

Pero además hay otra cuestión que quizá llegado el caso puede ser de una gravedad terrible.

Algunos actores de la política actual públicamente han expresado su interés en tener fuerzas armadas partidarias o en su caso fuerzas armadas populares al servicio de una pretendida revolución.

Entonces cabe preguntarse que ocurrirá si algún día lejano o no tanto un militar comandante en lugar de criticar a un ministro del gobierno de turno, se remangue, se ponga de su lado y comience a realizar discursos políticos a favor del gobierno de turno. 

En algún momento alguien alertó sobre el camino Venezolano, entonces es válido preguntarnos todos, si estamos dispuestos a tener una suerte de fuerzas "bolivarianas" al servicio de una pretendida revolución uruguaya. 

Quiero creer que los uruguayos no admitiremos tamaña afrenta a la democracia.

Preocupan algunas expresiones que en una defensa acérrima del General sostienen que el mismo no formuló declaraciones políticas, pero políticamente están de acuerdo con las declaraciones. No se logra entender tal forma de razonamientos.

Pero, por sobre todo quiero creer que el apego a las normas y la defensa de las leyes debe ser en todos los tiempos. 

Porque de lo contrario según el Comandante Manini que nos toque en el tiempo, oscilaremos entre la defensas o criticas acérrimas. 

Tampoco sería buena cosa, que el pueblo adopte, a un general en actividad, uniformado, como su vocero y referente en temas políticos. Ello constituiría un fracaso para toda la clase política. Por eso no se comprende como algunos referentes políticos alientan y fogonean actitudes como esas. Porque hoy se dice que el General habló "con la verdad", pero ¿y mañana, si esa "verdad" ya no me conviene tanto? ¿Nos pondrán cara de "yo no fuí" o de "yo no quería"?

Por tanto, en el acuerdo o no con lo expresado por Manini, o en el acuerdo o no con lo expresado por el Sr. Murro, lo mejor para que todos estemos tranquilos es apegarnos a las normas jurídicas.

 

 

 





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