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El sistema de justicia: una reforma estructural pendiente

Felipe Michelini

16.11.2018

La elección nacional será dentro de un año. A pesar que la opinión pública y los medios de comunicación concentran su atención en quienes serán los precandidatos en cada partido político, en las elecciones internas a realizarse en los primeros meses del año próximo, la instancia más importante es la elección nacional y no las internas. Todos los partidos están definiendo sus programas para la presentación de sus propuestas a la ciudadanía.

En perspectiva, en lo que a mí respecta, no tengo dudas: mi deseo es ser partícipe del triunfo en octubre que permita un cuarto gobierno del Frente Amplio. Más allá de quienes integren la fórmula presidencial.

No quiere decir que se haya hecho todo bien, ni que todo este perfecto. Falta mucho aún para continuar avanzando  hacia una sociedad que brinde más y mejores posibilidades y calidad de vida a todos los uruguayos. En el camino recorrido, seguro se han cometido errores.

El Frente Amplio en el gobierno ha corregido los problemas de gestión allí donde los identifico, sin duda habrá que trabajar más aún en como identificar problemas y resolverlos en tiempo y forma, pero no se ha sido insensible a los hechos y la crítica.

Hechas estas aclaraciones, el balance es más que positivo y justifica ampliamente que el Frente Amplio asuma la responsabilidad de un nuevo gobierno.

Hagamos un poco de memoria. La construcción de la nueva mayoría en el 2004 que una vez en el gobierno, logró sacar al país del estancamiento social, económico y anímico en el cual se encontraba luego de la crisis más importante de nuestra historia. Toda comparación sincera en cuanto a como estábamos en el 2004 y como estamos ahora en el 2018, no puede dejar de reconocer que todos los índices sociales y económicos han mejorado sustancialmente. Por lo que me siento como miles de frenteamplistas profundamente orgullosos de lo construido hasta ahora en el cumplimiento de las promesas realizadas.

Reconocer que es necesario trabajar mucho para darle solución a situaciones complejas donde se identifican problemas como la educación, la seguridad, la vivienda, la salud, la matriz productiva, el trabajo de calidad y el medio ambiente entre otros. Algunos de los problemas es producto de los aciertos de las políticas públicas desarrolladas, como por ejemplo en educación que hay familias que tienen por primera vez miembros de sus familias en educación secundaria o universitaria.

Este balance de corregir errores y lo que se ha hecho mal, hacerlo bien y comprender que los desafíos de hoy no son los del 2015, no puede llevarnos a renunciar al compromiso que se tiene frente al pueblo uruguayo: el de construir y consolidar una sociedad basada en el trabajo productivo nacional, con el pleno respeto de las libertades y derechos de todos, asumiendo en su caso, los deberes de cada uno hacia la sociedad en la que vivimos.

Aclaraciones realizadas, vayamos al programa del Frente Amplio. Este lo definirá en su próximo Congreso dentro de pocos días, el primer fin de semana de diciembre. El debate interno se ha sintetizado en un documento borrador "Propuesta Bases Programáticas 2020/2025" como base de discusión que contemplan cinco desafíos esenciales: Desarrollo; Igualdad y Diversidad; Integración e Inclusión; Democracia y como último Inserción Regional, Internacional y Soberanía.

Una vez aprobados por el Congreso, estos serán los compromisos que como frenteamplistas cumpliremos los próximos cinco años en caso que el voto popular nos otorgue la honrosa distinción de ser una vez más el partido político más votado y por ende asumir con la responsabilidad ineludible e irrenunciable, de conducir los destinos del país.

Se trata de hacer política desde los sentimientos y el corazón, pero también desde las ideas y la razón, para hacer del Uruguay, una sociedad más justa, no solo en lo material sino también en la forma de relacionarnos como individuos integrantes de una sociedad civilizada. 

                El respeto al sistema jurídico y a sus normas, al Estado de Derecho, así como los derechos de las personas, la previsibilidad en el cumplimiento de los contratos, la transparencia y probidad en la gestión del estado y en particular del Poder Judicial, la seguridad jurídica, son todos intangibles valiosísimos para el desarrollo de un país, más aún para uno pequeño como el nuestro.  Por lo tanto, en clave de desarrollo es fundamental comprender la importancia que el sistema de justicia tiene en este tema y no sólo como un garante de los derechos humanos.

A su vez, el sistema de justicia es parte esencial en el concepto de democracia. El papel en el que ubicamos la justicia, habla de que tipo de sociedad queremos. Asumir como un desafío programático que todos los ciudadanos sin distinción ni discriminación, puedan ejercer sus derechos, así como cumplir con los deberes, en un marco de respeto a las personas y a las instituciones es central para la vida de la República.

Todos iguales ante la ley: ni privilegios ni tampoco impunidades, provengan de las normas o de los hechos. Un sistema jurídico que promueva, respete y garantice que toda persona será tratada en igualdad de condiciones. Si ocurre un caso de un conflicto con otras personas o con el Estado, este se resolverá bajo las normas jurídicas prestablecidas y ante una administración de justicia independiente, imparcial y en un tiempo razonable. 

Este objetivo, sencillo en su formulación, es por cierto de compleja resolución.  La realidad nos indica que pecaríamos de ingenuos, si se cree que la solución sería de un día para otro. Sin embargo, si queremos realizarlo, entendiéndola como una reforma estructural, debe asumirse en algún momento, comenzarla.  

El progresismo expresado en el Frente, ha entendido correctamente que la independencia del Poder Judicial como Poder del Estado y a la interna de la corporación, la de sus magistrados, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Pero si ello es fundamental, no es suficiente y el Estado a fin de garantizar el derecho a la justicia, tiene que hacer mucho más que proclamar retóricamente, tal independencia.

En ese sentido, es necesario y fundamental comprender que los factores culturales son esenciales para poder avanzar en la idea de todos iguales y el pleno ejercicio de derechos como cumplimiento de deberes. El Poder Judicial y sus magistrados, así como los integrantes del Ministerio Público tan relevantes con el nuevo Código Penal, no son inmunes a las contradicciones y complejidades de la sociedad en la que vivimos y están insertos.

Proclamar la independencia del Poder Judicial, sin una acción decidida para que una justicia de calidad sea accesible a todos por igual y que por ende la defensa de derechos no dependa del dinero o las relaciones sociales, es en definitiva aceptar las inequidades existentes. En nuestra sociedad muy a nuestro pesar y de las políticas públicas para cambiarlo, el poder económico y social permea también al sistema de justicia y generalmente beneficia a los más poderosos.  Por lo tanto, es fundamental incorporar en el programa del Frente Amplio una definición programática que integre, desde esta perspectiva, el cambio que el sistema de justicia necesita.

En esa transformación, obviamente es necesario integrar y promover un adecuado intercambio y respetando la autonomía y libertad de cátedra, con las facultades de Derecho, en particular la de la Universidad de la República, donde se enseña a los operadores del derecho del futuro, como se interpreta y aplica el sistema jurídico. Si ello no se hace, probablemente se seguirá autorreproduciendo una concepción tradicional del derecho como garantizador exclusivo del statu quo.

Por otra parte es necesario, generar condiciones para comprender los fenómenos sociales tan complejos en los que el derecho actúa, así poder tener un conjunto de datos fundamentales para la construcción de una política pública en materia de justicia que responda a los desafíos que un gobierno para las grandes mayorías se plantea. Esa información probablemente se encuentre ya disponible, y en otros casos habrá que construirla, pero es evidente que ninguna política pública se puede diseñar, ejecutar y posteriormente evaluar si no hay una información específica sobre la realidad en la que se quiera aplicar.

Asimismo, se debería repensar el diseño institucional en el que se definen los objetivos de la política de la justicia en el país. Tenemos, lamentablemente el peor Ministerio de Justicia imaginable: invisibilizado, oculto y disperso en diversos organismos del Estado, por lo que imposibilita cualquier proceso de liderazgo posible, así como su control y a su vez promueve y consolida el status quo.

La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podría ser una iniciativa que permita en el marco de las competencias del Poder Ejecutivo, generar un interlocutor que lleve adelante una política pública de justicia y Derechos Humanos, identificando necesidades, optimizando y mejorando los recursos humanos y materiales para que la justicia sea efectiva y realizable en plazos razonables, con todas las garantías de un Estado de Derecho.

No se trata de producir más burocracias, aumentar gastos o controlar al Poder Judicial. Este debe mantenerse en el ejercicio del cumplimiento de sus cometidos asignados constitucionalmente, que es de dictar justicia, no generar la política de la justicia. Dejar las cosas como están en el diseño institucional que heredamos de los gobiernos de los partidos  tradicionales post dictadura, es seguir pensando que puede haber política económica o política de salud sin ministerios especializados en dichas áreas. A nadie se le ocurría tremendo disparate, pero si se acepta que la política de la justicia, sea llevada adelante en forma oculta. La única razón es que este diseño institucional, beneficia a los sectores que promueven el statu quo.

Si a esta propuesta repasamos, reafirmamos y fortalecemos las competencias y formas de acción de la Institución Nacional de Derechos Humanos - Defensoría del Pueblo, tendremos una institucionalidad más adecuada a los desafíos para concretar la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de una sociedad democrática

                Muchas veces se piensa que una situación no puede empeorar, pero lamentablemente esa no es necesariamente la regla. La sociedad global del Siglo XXI con los fenómenos de profundización de la globalización, tanto en sus efectos positivos como negativos, ubica al derecho en un cruce de caminos de difícil resolución. En ese sentido debería agregarse al análisis, de cómo nos preparamos para la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia.

                No solo son los fenómenos transnacionales como el crimen organizado, la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas y drogas, las que debilitan los estados nacionales y el concepto de soberanía.

Los casos contra Uruguay, como el de Philip Morris más allá que nos felicitamos por su resolución, como el acontecido a Luis Suarez en el 2014 en la copa del Mundo, por mencionar tan solo dos, deberían ser un gran llamado de atención a los ataques de un Estado soberano por las grandes compañías transnacionales. Estas no dudan en ejercer su particular criterio de justicia y cuestionar los poderes de los estados con tal de aumentar sus niveles de ganancia o disciplinar a los díscolos, sea a expensas de la salud de un pueblo entero o la de intereses oscuros.

No hay dudas que el Frente Amplio necesita proponerle a la ciudadanía un programa que permita gobernar y seguir transformando en beneficio de las grandes mayorías nacionales como hasta ahora, sin que nadie quede a la vera del camino. Es necesario apelar sin duda, a todos los logros realizados que han sido enormes y decisivos para que el Uruguay sea considerado una de las sociedades más igualitarias en el continente americano y que los frenteamplistas nos sentimos tan orgullosos.

 Es esencial ganar un próximo gobierno para profundizar los cambios y apostar una vez más que el Uruguay sea un buen lugar para vivir hoy nosotros y los sea para las futuras generaciones. Pero para ello necesitamos un programa cuyo objetivo sea establecer un salto de calidad en temas centrales como la educación, la vivienda, la matriz productiva, el trabajo, la seguridad ciudadana y el medio ambiente. En esa lista debería también estar incluida la justicia, sin impunidades ni privilegios.



Felipe Michelini

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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