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Alan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?

José W. Legaspi

24.11.2018

Alan Garcia: ¿Asilo a un perseguido político o a un delincuente?

 

El pasado sábado 17, en horas de la noche, el embajador de Uruguay en Perú, Carlos Barros, se contactó con el presidente Tabaré Vázquez para comunicarle que el expresidente de Perú, Alán García, solicitó asilo político en Uruguay. García se encuentra en la sede de la Embajada de Uruguay en Perú y le transmitió a Vázquez la solicitud vía telefónica. la noticia anunciaba, también, que el expresidente peruano iniciará el trámite según los pasos dispuestos en la normativa internacional. 

Ese trámite se inició a través de una carta que García envió al presidente uruguayo. En la misma, el expresidente manifiesta la inexistencia de "fiscales ni jueces naturales o imparciales", y afirma que vive en un "ambiente de persecución política".

Asimismo, acusa al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a su jefe de Gabinete, César Villanueva, de "arrinconar" a los otros poderes del Estado y buscar la destitución del hoy fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a fin de "entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno".

"En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimientos investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones", expresa Alan García en la carta difundida en Twitter, dónde, ademá le expresa a nuestro Gobierno que al ex presidente Alejandro Toledo "se le investigó y enjuició por haber exigido y recibido veinte millones de dólares" por la Carretera Interoceánica. 

Añade que al ex presidente Ollanta Humala "se le investigó y detuvo por el hallazgo de tres millones de dólares aportados en su campaña" y al ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski se le descubrieron "supuestos servicios financieros prestados a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú al mismo tiempo que era ministro de Economía del gobierno de Toledo; y el cobro por ellos de cuatro millones de dólares, originaron su vacancia presidencial en febrero".

Alan García señala que desde que dejó la presidencia en 2011 ha enfrentado múltiples acusaciones, pese a que no se halló ninguna evidencia y solo buscaron la "destrucción sistemática y periodística" de su imagen política.

Del mismo modo, el líder del Partido Aprista indicó que el impedimento de salida del país por 18 meses, dictado por el Poder Judicial, "comprueba el uso exagerado y político de los procedimientos". Ello a pesar de haber mostrado días antes su disposición de allanarse a esta medida solicitada por la fiscalía.

El ex presidente peruano asevera que, en enero de 1992, la Corte Suprema del Perú, en última instancia, lo exoneró de acusaciones de enriquecimiento ilícito, pero tras el autogolpe del entonces presidente Alberto Fujimori, pidió asilo a Colombia. "Pero hoy la situación es similar, como se irá conociendo paulatinamente", anotó.

"Por tal causa, como presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país", culmina Alan García en su misiva.

Claro, lo que no dice este ciudadano peruano en su carta es que solicitó asilo al gobierno de Uruguay, casualmente, el mismo día que el Poder Judicial de su país le prohibió salir del Perú durante 18 meses, por el caso de los presuntos sobornos pagados por Odebrecht para la licitación de la primera línea del metro de Lima. A través de este pedido, el líder aprista se convirtió en el primer expresidente de la región en apelar a este tipo de amparo en el marco del mayor escándalo de corrupción del continente.

Y si bien es cierto que libró en la década de los años 90 de procesos por corrupción, fue tras exiliarse en Colombia y Francia, y luego de la prescripción de delitos por los que nunca fue juzgado en el 2001. Sin embargo, las sombras de las sospechas de corrupción volvieron a acechar al exmandatario desde diciembre de 2016, cuando Odebrecht reveló, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el pago de 29 millones de dólares en sobornos a gobiernos peruanos entre el 2005 y el 2014, periodo de tiempo que incluye al segundo mandato de Alan García (2006 -2011).

Pero, ¿quién es y qué hizo este señor, que amerita su prisión en perú, o, por el contrario, el asilo en Uruguay?

Recorriendo medios de prensa peruanos, encontré una cronología, publicada en rpp.pe, desde las primeras implicaciones del expresidente aprista con el caso Odebrecht hasta su solicitud de asilo a Uruguay, luego de que se le diera la orden de impedimento de salida del país el pasado sábado.

Enero 2017

El caso Odebrecht estalló en el Perú en diciembre de 2016 con la confesión de los sobornos de Odebrecht, pero los involucrados comenzaron a conocerse recién en enero de 2017. Entre los primeros detenidos figuran Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García, y Edwin Luyo, miembro del Comité para la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. Ambos fueron acusados de recibir coimas a cambio de concesionar la obra. Según dijo la constructora brasileña en esta primera etapa del escándalo, por esa licitación se repartieron 8 millones 100 mil dólares en sobornos. 

El 22 de diciembre de 2016, ante el destape, García calificó la noticia de indignante y dijo en Twitter que "el Ministerio Público debe pedir a EE.UU. nombres y pagos que hubiera hecho Odebrecht".

Marzo de 2017

En marzo, la entonces procuradora anticorrupción Katherine Ampuero presentó una denuncia contra Alan García Pérez ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por el caso de la construcción de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Ampuero incluyó en la denuncia al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y al ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima, Oswaldo Plascencia.

Abril 2017 - Iniciales AG

El 21 de Abril, el semanario "Hildebrandt en sus Trece" reveló que las iniciales de Alan García figuraban en la agenda telefónica del empresario brasileño Marcelo Odebrecht. Junto a las letras "AG", que corresponderían al expresidente, se habría escrito una referencia al proyecto hídrico Olmos y anotado el monto de un millón de dólares. Otras anotaciones con las siglas "AG" en documentos de Odebrecht fueron difundidos en mayo del mismo año por el portal Ojo Público.

En un tuit escrito el 8 de mayo, el expresidente aprista afirmó que en la agenda de Odebrecht habían apuntados "35 'AG' en anotaciones sobre Ecuador, Angola y Brasil desde el 2003".

Julio 2017

El 4 de julio de 2017, el fiscal Sergio Jiménez confirmó que seguía una investigación preliminar contra el expresidente Alan García por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Jiménez, que integraba el equipo de investigación de fiscales anticorrupción a cargo de los casos Lava Jato y Odebrecht, indicó que la investigación aún estaba en etapa "indagatoria". Agregó que la investigación se hacía a partir de la denuncia que presentó la procuradora Katherine Ampuero en marzo de ese año.

Agosto 2017

El 1 de agosto de 2017, Alan García acudió a la Fiscalía para declarar por primera vez sobre las investigaciones por el caso de la Línea I del Metro de Lima, ante el fiscal Sergio Jiménez. A su salida, aseguró ante la prensa que a él nadie lo compra y que no dio ni pidió dinero a cambio de obras.

Diciembre 2017

El 30 de diciembre de 2017, IDL Reporteros publicó la transcripción del interrogatorio hecho por fiscales peruanos a Marcelo Odebrecht, quien dijo que "con certeza apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala y a Keiko" en campañas electorales.

"Diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García. ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de Alan García, es (Jorge) Barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso", dijo el exdirector de la constructora brasileña Odebrecht.

Febrero 2018

El 28 de febrero de 2018, Jorge Barata dijo a fiscales peruanos en Brasil que en la campaña presidencial de 2006, en la que salió electo Alan García para su segundo gobierno, Odebrecht entregó 200,000 dólares al partido aprista a través Luis Alva Castro, figura del partido de la estrella que fue ministro del Interior de García.

"Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE. Otros se venden, yo no", dijo aquella vez el expresidente, a través de Twitter.

Junio 2018

El 10 de junio de 2018, el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar por presunto delito de lavado de activos a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García en tres carpetas fiscales distintas, por presuntos aportes de Odebrecht. Junto a García, se incluyó al exministro del Interior del segundo gobierno aprista, Luis Alva Castro.

Las investigaciones se dispusieron tras la declaración del exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos en febrero de 2018 en Brasil.

El 27 de junio, la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio declaró infundado el pedido de exclusión presentado por la defensa de Alan García contra José Domingo Pérez.

Noviembre 2018

El 9 de noviembre de 2018, el Pleno del Congreso aprobó el informe de la Comisión Lava Jato, que excluyó al expresidente Alan García y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como investigados.

En el caso del expresidente aprista, la comisión Lava Jato decidió exonerarlo de las acusaciones de colusión, cohecho y negociación incompatible por las irregularidades en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, donde supuestamente Odebrecht pagó sobornos por valor de 24 millones de dólares, según el testimonio dado por el ex director de contratos de Odebrecht, Antonio Carlos Nostre al fiscal José Domingo Pérez a inicios de octubre del mismo año. El informe aprobado en el Congreso fue entregado al Ministerio Público el último 12 de noviembre.

15 de Noviembre

El jueves 15 de noviembre, Alan García asistió a una citación del fiscal José Domingo Pérez para ser interrogado por el caso del Metro de Lima. A su salida de la fiscalía en el Centro de Lima, el expresidente no dio detalles sobre lo ocurrido en la diligencia, solo aseguró que esta fue suspendida "por segunda vez". La anterior había sido programada el 19 de octubre último, pero también fue suspendida.

El mismo 15 de noviembre, el portal IDL-Reporteros reveló que la conferencia que ofreció el expresidente Alan García a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) el 25 de mayo de 2012 y por la que recibió 100,000 dólares, fue pagada por la empresa Odebrecht a través de la Caja 2 de la división de 'operaciones estructuradas', encargada de los pagos de sobornos y de financiamiento no declarado a partidos políticos.

Casi al mismo tiempo, se supo que el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación preliminar a Alan García por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos.

17 de noviembre

El sábado 17 de noviembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Alan García, una medida que fue solicitada por fiscal José Domingo Pérez el 15 del mismo mes.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, consideró que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida, a fin de investigar los presuntos "actos ilícitos de concertación" de la licitación de la línea 1 del metro de Lima a la empresa brasileña Odebrecht.

18 de noviembre

La cancillería peruana informó que Alan García ingresó la noche del sábado 17 de noviembre a la residencia del embajador de Uruguay en Perú y solicitó asilo al gobierno de ese país sudamericano. Horas antes, tras prohibírsele la salida del país por 18 meses, dijo que se allanaba a las investigaciones y que para él no era una sanción permanecer en su patria.

Esta cronología, realizada por periodistas peruanos, deja a las claras en entredicho las afirmaciones del solicitante de asilo, y, por lo menos, establece los procedimientos llevados a cargo por la justicia de ese país, con la legalidad como norte y no "el uso exagerado y político de los procedimientos", como dice en su carta.

Tanto el ministro de relaciones Exteriores, como el vicecanciller, expresaron públicamente la larga tradición de nuestro país en cuanto a la aplicación del derecho de asilo, y que se evaluarían, en tiempo y forma, los documentos aportados por el gobierno peruano, para tomar una determinación.

Todos los uruguayos sabemos que nuestro país es "de puertas abiertas", solidario, que históricamente hemos cobijado a perseguidos de la región y el mundo.

Por poner algún ejemplo, Goulart y Brizola, de Brasil, Rafael Alberti anduvo también por acá, chilenos, paraguayos, argentinos, que huían de las diversas dictaduras que asolaron sus países. Eso es claro y debemos mantenerlo. 

Ahora bien, si llegamos a abrirle las puertas del asilo político a un personaje investigado por lavado de activos, en su país, vinculado a la empresa Ordebrecht, y sus coimas en toda Sudamérica, quiere decir que estamos dispuestos a manchar esa noble tradición. 

Decirle sí al asilo político solicitado por Alan García, ex presidente peruano, investigado por la justicia de su país, sería una afrenta, no sólo a la tradición uruguaya, sino al propio pueblo peruano, más hermano que este oscuro personaje, que tiene más de delincuente común que de "perseguido político".





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