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Conceptualizando una controversia

Carlos Vivas; Homero Bagnulo

26.11.2018

En días pasados quienes estamos interesados en los problemas de la atención sanitaria, asistimos a una controversia entre el Sub Secretario de Salud, Dr. Jorge Quian y el Presidente del Sindicato Medico del Uruguay, Dr. Gustavo Greco.

En un programa periodístico el Sub Secretario entre otras  manifestaciones realizó dos afirmaciones que fueron rápidamente respondidas por el Presidente del SMU. Resumiendo su contenido estas fueron: 1- que el pago por acto médico había derivado en un aumento de las prestaciones. 2- que en oportunidades los vínculos de los médicos con la industria farmacéutica derivaban en una mayor demanda de recursos.

A esto el Dr. Greco,  respondió: 1- que no le constaba por los datos que manejaba el SMU que los actos médicos hubieran aumentado tal como lo sostenía el Dr. Quian, y 2- que si el Sub Secretario manejaba información sobre vínculos entre la industria y representantes del cuerpo médico, debería elevarlo a la justicia.

Siempre se dice que en una controversia ambas partes tienen porcentajes de razón y también porcentajes de errores en sus razonamientos. Por nuestra parte consideramos que  las consideraciones sobre los temas plantados debieron ser distintas. Empezando porque  es difícil discutir temas tan complejos a través de los medios y continuando en que la búsqueda de soluciones a estos temas no debieran basarse en personalizarlos, sino en la búsqueda de  elaboración de acuerdos que mucha falta están haciendo y que bastante atraso llevan ya.

Analizando las respuestas del Dr. Greco, cabe consignar que difícilmente se pueda aportar datos recientes de un proceso (el pago por acto médico ) que lleva 24 años de implantado y que nunca ha sido analizado por las autoridades sanitarias, los gremios o  las sociedades científicas, en profundidad y con trasparencia, pese al compromiso asumido cuando dicho pago se aprobara. Sin duda las instituciones han desarrollado estrategias de contención de actos, algunas más eficientes que otras y que  han pulido las aristas más filosas de esta forma de remuneración. Sin embargo algunos datos aislados, tal vez anecdóticos, de cuando el sistema se implantó apoyan la tesis del Sub Secretario. También la apoyan experiencias diversas a nivel internacional que midieron los resultados que se obtienen vinculándolos a las formas de pagos. Hay literatura abundante disponible sobre el tema.

 En cuanto al  segundo punto planteado, es claro, tal como se ha discutido recientemente en otros ámbitos ajenos a la medicina, que "los acuerdos" entre privados, en el caso la industria farmacéutica y los productores de insumos médicos por una parte y los médicos que indican o utilizan estos productos por otra, no tienen responsabilidades legales, por lo que  no nos parece que hayan razones valederas para que  el Dr. Quian deba presentar estas situaciones ante la justicia. Lo que no niega que las mismas puedan existir. Lamentablemente en nuestro país no disponemos de instrumentos de trasparencia que nos permitan acceder a la información sobre estas situaciones. Sin embargo,  dos artículos publicados en estos días que toman como base la  información disponible en EE.UU sobre pagos a los médicos por parte de las compañías farmacéuticas ( Open Payments Database) nos muestra algunos datos irrefutables. Así  Ziaik , en JAMA Surg 2018 pag 997, analiza 100 cirujanos que reciben las mayores compensaciones por parte de la industria que totalizan en promedio 96.000 dólares. Destaca el autor que 37% de los mismos realizan sus declaraciones de conflictos de interés en forma inadecuada. También  John Mandrola resume un poster presentado en el último congreso de la American Heart Association por A. Annapureddy sobre el efecto de los pagos de la industria a los cardiólogos electrofisiólogos . Identificaron 3500 especialistas que recibieron 23 millones de dólares de las 4 compañias que  comercializan desfibriladores implantables. Los  que recibieron mayores pagos de una empresa en particular, implantaban los  desfibriladores hechos por la tal compañía. Y los que más dinero recibían de una compañía dada, implantaban 3 a 11 veces más insumos de esa compañía que de alguna de las otras 3 que también producían dicho insumo. En suma, cuanto mayor el pago recibido de una determinada compañía, mayor la posibilidad que dicho electrofisiólogo implantara un desfibrilador de esa compañía.

Lo que en nuestra opinión debió haber planteado el Dr. Greco es que está en las atribuciones de la propia autoridad sanitaria que el Dr. Quian representa el tomar las medidas necesarias para Trasparentar las situaciones que el mismo denuncia  dada la gravedad de las mismas. Insistimos en que pese a los años transcurridos y los diferentes partidos políticos que han ocupado el Ministerio, nadie  se ha puesto a analizar en profundidad las repercusiones , tanto clínicas como económicas vinculadas a las formas de pago.  Destacando que en gran parte del territorio no se aplica el pago por acto,  tal vez pueda ser de utilidad la comparación entre  distintos modelos de remuneración.

En cuanto al segundo tema, o sea la relación de los grupos médicos con la industria farmacéutica y de producción de otros insumos, está también el Ministerio de Salud empoderado para decretar  instrumentos que le permitan trasparentar los aportes que algunos profesionales pudieran estar recibiendo. Si no lo hace, no parece la mejor estrategia salir a "cacarear en nido ajeno".

Como se desprende de estas rápidas consideraciones , siempre es posible  apuntar hacia  otros rumbos  que los que  hasta ahora se han transitado.



Dres. Homero Bagnulo; Carlos Vivas


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