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La oscuridad de la información del gobierno

Pablo Mieres

24.03.2019

Hace unos diez años se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que representó un significativo avance legislativo en los derechos de los ciudadanos para acceder a la información del Estado y, particularmente, del gobierno.

Este país ha tenido serias dificultades para aceptar que la información y los datos que maneja el Estado no son propiedad de sus jerarcas o funcionarios públicos que trabajan en las respectivas oficinas, sino que la información y datos que manejan deben estar al alcance de los ciudadanos.

El Estado y el gobierno, en una democracia, deben estar al servicio de los ciudadanos, y estos tienen derecho a conocer lo que el gobierno hace o no hace y, por lo tanto, tienen que tener los instrumentos para acceder a toda la información correspondiente. Bajo esa concepción se aprobó la referida Ley de Acceso a la Información Pública, que fue impulsada por el partido de gobierno y acompañada por todos los partidos en el Parlamento.

Durante mucho tiempo esta norma permitió que cualquier ciudadano pudiera solicitar información a cualquier oficina pública con la obligación de dar respuesta a dichas solicitudes. Esto ha permitido que mucha información que antes estaba en la zona opaca de la Administración, se hiciera pública, a través de diferentes pedidos de acceso a la información presentados sobre todo por periodistas.

La publicidad de la información es un mecanismo básico de control sobre la gestión de cualquier institución del Estado, porque su transparencia hace públicos los eventuales abusos o irregularidades, generando las condiciones para su corrección o cambio. Pero, además, previene que se desarrollen tales conductas en la medida que pueden estar sometidos a la información pública.

A tal punto este instrumento había sido útil que, en varias oportunidades, diversos legisladores hemos acudido a este instrumento porque los pedidos de informes previstos en la Constitución como un instrumento de contralor del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, en muchas ocasiones no eran respondidos por la Administración, sin que existiera ninguna consecuencia.

La Ley de Acceso a la Información obliga a dar respuesta, establece plazos y si la respuesta es negativa, se puede acudir al Poder Judicial y este puede obligar a la Administración a brindar la información requerida.

Es más, nosotros presentamos un proyecto de ley que buscaba darle a los pedidos de informes de los legisladores las mismas facultades y poderes que los pedidos de acceso a la información pública.

Sin embargo, los tiempos cambian, la bancada del partido de gobierno no quiso apoyar este proyecto de ley o quiso incorporarle algunas modificaciones que, en los hechos, mantenían las dificultades para los pedidos de informes de los legisladores.

No sólo eso, sino que hace muy poco tiempo se realizaron modificaciones a la Ley de Acceso a la Información aumentando las hipótesis en que el gobierno puede negar la información, aduciendo la naturaleza reservada de dichos datos.

Lo cierto es que, al amparo de esas modificaciones, los casos en que la Administración ha negado las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública han aumentado significativamente. En los últimos tiempos se ha desnaturalizado la ley y diferentes reparticiones del Estado se escudan en diferentes hipótesis que la propia modificación legislativa autorizó, para negar la información solicitada.

La iniciativa de transparencia aprobada hace años se ha ido restringiendo en virtud de un gobierno que no quiere que se sepan demasiadas cosas y bajo el "paraguas" de la reserva se han incrementado significativamente las negativas.

Tal es el caso, por ejemplo, de diversas informaciones que hemos solicitado con respecto a los gastos en la construcción y la actual gestión del Antel Arena.

La empresa pública de telecomunicaciones ha negado información básica sobre el uso de recursos públicos amparándose en una excusa ridícula de que el Antel Arena estaría funcionando en régimen de competencia (nadie entiende ni sabe con quién).

En virtud de dicha afirmación se ha negado la respuesta a diferentes datos fundamentales que, por ejemplo, permitieron demostrar un escandaloso sobrecosto de su construcción, que llevaron el costo final a más del doble del cálculo original. Pero, además, también se nos ha negado la información sobre cuánto le sale a Antel mantener abierto el Antel Arena, información muy relevante que permitiría conocer la viabilidad del emprendimiento.

Es por ello que estamos presentando un proyecto de ley que busca retomar el espíritu de transparencia que tenía originalmente la Ley de Acceso a la Información Pública para que este instrumento vuelva a dar garantías a los ciudadanos sobre su capacidad de información y control sobre la gestión del gobierno.

Se establece en la propuesta una fuerte restricción sobre las potestades de las reparticiones del Estado para declarar reservada la información. Se establece, además, que la calificación de reserva debe ser anterior a cualquier pedido de información, de manera tal de evitar que las oficinas públicas las califiquen de reservadas sólo cuando se hace una solicitud de información y, además, esta calificación debe ser ratificada o confirmada por un organismo autónomo como la Unidad de Acceso a la Información Pública que será la oficina encargada de avalar o establecer que la declaración de reserva efectivamente tiene fundamento.

Estamos en un momento de grave retroceso en los derechos de acceso a la información y vamos a exigir que no se restrinjan los avances que en su momento se alcanzaron en nuestro país.

En las sombras y en la opacidad nacen y se desarrollan las irregularidades, las ilicitudes y los actos corruptos que, luego, terminan pagando todos los uruguayos.



Pablo Mieres

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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