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El problema no es el dictamen sino la existencia de tribunales de honor

Jaime Secco

05.04.2019

El dictamen y las actas de un tribunal de honor del Ejército fueron ambos escandalosos. Un oficial retirado narra cómo asesinaba y hacía desaparecer cadáveres y un tribunal integrado por los generales de más grado y antigüedad consideran que no sólo se saltea el procedimiento, sino que concluye en que todo eso y otras dos docenas de asesinatos no afectan el honor de la institución.

Como mucha gente de izquierda reclamó durante años la formación de un tribunal de honor para los oficiales con sentencia firme por crímenes de lesa humanidad, podría parecer que los tribunales de honor son una institución, si no tan loable como suena su nombre, al menos natural en cualquier ejército del mundo.

No es así. Los tribunales de honor son parte de la misma cosmovisión arcaica y no civilista que las leyes de duelo. Y deben ser eliminados. Jurídicamente son una anomalía, ya que ni tienen poder jurisdiccional ni administrativo. No respetan el principio de igualdad, al ser exclusivamente para oficiales, no respetan el de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa ni permiten que un abogado siga el procedimiento.

No cuentan con un código claro de infracciones sino unos vagos criterios que veremos al final y su objetivo no es defender el honor del militar, sino el de la institución. En este sentido, no es correcto decir que constituyen un fuero especial que permita a los implicados evadir otros tribunales.

Los similares españoles, tanto civiles como militares, ni siquiera analizaban casos concretos, sino que evaluaban a la persona en general para determinar si era suficientemente honorable para continuar perteneciendo al gremio o corporación en cuestión.

Ni hablar que se fundan en una concepción escandalosa de la excepcionalidad de las fuerzas armadas: "una institución de excepción diferenciada de la sociedad civil, a la que está confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la Nación". De hecho, nuestro derecho positivo, el decreto reglamentario de 1985, tres semanas antes antes de que asumiera un presidente constitucional, fundamenta una concepción religiosa: El honor "Es la virtud por excelencia, es una religión, la religión del deber, que señala en forma imperativa el comportamiento que corresponde frente a cada circunstancia."

 

Una institución heredada de España

Los tribunales de honor no existen en casi ningún ejército. Se los cita como una institución típicamente española, pero en ese país estos tribunales fueron prohibidos. Su creación data de 1867, en medio de las convulsiones que terminaron al año siguiente en la Revolución Gloriosa que destronó a la Reina Isabel II. En 1918 fueron creados tribunales similares para los funcionarios públicos y luego para las corporaciones y gremios profesionales. Eliminados para civiles por la Segunda República en 1931, fueron reinstalados por el dictador Franco. Y, tras idas y vueltas, prohibidos por ley en 2005.

El general Martín Balsa, quien propuso eliminarlos en 1999, arranca su historia un poco antes: "Este fuero, que data del siglo XVIII, proviene de las Ordenanzas del rey Carlos III de España, y se complementa con el Código Ético que impuso el general San Martín a sus oficiales del Regimiento de Granaderos a Caballo."

En Uruguay, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de 1974, a comienzos de la dictadura, establece que los tribunales de honor "tienen por cometido juzgar la conducta de los Oficiales velando por el alto concepto que deben gozar las Fuerzas Armadas de la Nación o intervenir en las cuestiones de honor suscitadas entre Oficiales ya pertenezcan a las Armas Combatientes, a la Reserva o a los Servicios o entre aquéllos y civiles en los casos en que esté en juego el buen nombre, el decoro del Personal Superior de las Fuerzas Armadas, el honor de uno o más de sus Miembros o de la propia Corporación de Oficiales. Los Tribunales de Honor se limitarán a juzgar, solamente, el aspecto moral de las cuestiones que se les someten en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada o inspirándose siempre en el sentimiento de honor y deber militar."

Más interesante, en el Capítulo 20 que habla de la situación de reforma, dice que debe ser dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante resolución fundada y se puede aplicar: A) Por alteración grave de las facultades mentales que impida mantener el estado militar. B) Por mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar. C) Por consecuencia de sentencia dictada por los Jueces o Tribunales, o por el Tribunal de Honor correspondiente, que coloque al Oficial en situación de desmedro moral. En los casos B) y C), se requiere un previo "Fallo del Tribunal de Honor correspondiente".

La reforma impide el uso de uniforme y título de grado, pero mantiene un haber similar a la de retiro, aunque si carece de familiares con derecho a pensión, le serán retenidos dos tercios.

El Código Penal Militar, de mencionaba como causal de pérdida del estado militar a "Los delitos comunes, juzgados por los tribunales ordinarios, cuando la condena fuese de penitenciaría y aun de simple prisión, siempre que así lo resolviera, por simple mayoría, en el primer caso, y por unanimidad en el segundo, el Tribunal de Honor del Ejército y la Marina." Por otra parte, el Códogo Penal Militar contiene previsiones para atender casos de violaciones al honor. Este, aplicado a Argentina, fue uno de los argumentos de Balsa para proponer la abolición de los tribunales de honor.

 

¿Qué es el honor?

El mencionado Reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, de febrero de 1985, luego de su visita a la religión, habla de que el honor se valora según " los estados firmes de la conciencia colectiva" y establece que el criterio con que se juzga El criterio con que se juzgue, "considerará la realidad (bueno fuera), pero" no se amilana ante ella, ya que, como vimos, las Fuerzas Armadas son una institución excepcional que todos tenemos que aceptar como guía espiritual y confiarle "la custodia de los bienes espirituales y materiales de la Nación". No la integridad territorial o alguna cosa más tangible.

Se entiende que, si se trata de preservar el honor de la institución, ante el peor asesinato masivo pueda interpretarse que el verdadero criterio del tribunal sea decir que no pasó nada.

Las cualidades propias del honor militar son, según el Reglamento, la valentía, la abnegación, la disciplina, la discreción, el celo y -alerta lector-, los ideales democráticos. Cada cualidad está comentada por algunas frases de manual escolar de la época de Varela que no suelen tener que ver con el honor.

El capítulo siguiente establece normas generales. Por ejemplo: " Todo Oficial debe ser educado, perfecto ciudadano y modelo de militar." Nótese que no da seguridad jurídica alguna. ¿Acaso hay alguien que sea del todo "perfecto" y por tanto no acusable ante un tribunal? Hay nueve normas con igual grado de vaguedad.

Siguen normas para el ejercicio de la actividad militar, por ejemplo, ser puntual, que "es deber imperioso asumido para con la Nación". O "No provocar dudas, ni efectuar críticas tanto de palabras como de actos, que creen o puedan crear incertidumbre, sobre la rectitud de procedimientos de los responsables de los destinos de la corporación."

Normas para el desempeño de los deberes funcionales, como "tener ánimo sereno" y "dedicarse con tesón a la propia preparación profesional", ya que " Nada es más favorable para adquirir prestigio que la cultura general y profesional." Nótese que la confusión inundó toda pretensión de rigurosidad. Adquirir prestigio no es algo del orden del honor, sino, a lo sumo, del de la honra.

Normas de procedimientos en el medio civil. Por ejemplo: "La educación en el trato social está tan lejos de la humildad que rebaja, como del orgullo que repugna a las personas cultas". Y profusión de normas sobre la formación de una familia. " La esposa del militar debe pertenecer al mismo medio social y a una familia que no le desmerezca ante el Cuerpo de Oficiales." Y debe " cultivar el trato con las familias de los camaradas". Etc.

 

 

Terminar de una vez

¿Qué pasa si alguien no está demasiado lejos de la humildad, o alguna vez incurre en impuntualidad, ocasionalmente no valora suficientemente los ideales republicanos o no consigue distinguir a los pintores del renacimiento unos de otros? Nada. Este galimatías de normas y consejos no tiene pretensión de ser un código cuya violación debe ser seguida por una sanción. Enumera virtudes de salón, buenas maneras y conductas militares, pero sin pretensiones de cumplimiento estricto.

Si es así, seguramente sea hora de plantear la eliminación de estos tribunales. De hecho, la bancada de Diputados del Frente Amplio iba a discutir este viernes el artículo correspondiente del proyecto de nueva Ley Orgánica Militar que está a estudio hace meses. Un problema aparte es si conviene sacar una ley de este tipo por 51votos apenas, sin acordar con nadie, con un proyecto que no convence y en los descuentos, en lugar de dejarlo para la siguiente elgislatura y buscar que salga por unanimidad, como la Ley Marco de Defensa Nacional, de 2007.

En particular, sería urgente eliminar que para el pase a reforma o de pérdida del estado militar, el Poder Ejecutivo tenga que supeditarse a tribunales cuya lógica es defender la corporación. Seguramente no puede quedar librado a la arbitrariedad y habrá que implementar un procedimiento administrativo de sumario, tal vez con resolución final del Senado, como otros funcionarios públicos menos "excepcionales", pero con mayores garantías.



Jaime Secco

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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