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Omertá acorralada

Fernando Gil Díaz

05.04.2019

Manejaron el poder (en comunión con civiles) durante 13 años y aún más, pues recuperada la democracia mantuvieron sus privilegios al punto de constituirse en una casta a la que la Justicia no le llegó a aplicar el peso de la ley conforme a sus responsabilidades.

Fueron impunes durante mucho tiempo - demasiado - por los actos de terrorismo ejercidos cuando ostentaron el poder de facto. Se afiliaron al silencio como estrategia y nada les importó el dolor ni el sufrimiento de los familiares de quienes fueron "chupados" por sus acciones haciéndolos desaparecer sin dejar rastros. Ese pacto de omertá, al parecer, fue roto por uno de sus principales brazos ejecutores en un acto que no encierra ningún mérito sino todo lo contrario, ya que no hay un atisbo de arrepentimiento en su declaración. Parece más una venganza interna de quien reconoce en el ocaso de su miserable vida, lo que durante tanto tiempo negaron (protagonistas y cómplices), sobre el destino de los desaparecidos uruguayos.

Tabaré recargado

Todavía recuerdo todo el periplo pos dictadura con el episodio de la sanción de la Ley de Caducidad y el desafuero de Germán Araújo. Eran tiempos oscuros de una democracia débil y tutelada, que mantenía sobre sí -cual Espada de Damocles- la velada presión militar que se resistía a cualquier acto de revisionismo sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar que habíamos vivido.

Ni bien llegada la democracia, los intentos legislativos por verdad y justicia se tradujeron en sendas comisiones parlamentarias que recogieron testimonios que desnudaron aquellos oscuros años para ponerle nombre a los desaparecidos y procurar que la justicia alcanzare a los responsables de su destino. A pesar de aquel intento, la soberbia castrense se hizo carne en un Gral. Medina -Ministro de Defensa del gobierno de Sanguinetti- quien desafió a los jueces poniendo bajo llave en una caja fuerte todas las citaciones que iban llegando a los militares implicados en los casos de detenidos desaparecidos, en un desacato flagrante que fue salvado con la sanción de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Una ley que fue resistida, que se votó en medio de una fuerte presión popular que hacía sentir todavía las cacerolas como forma de protesta y que debió soportar el desafuero de uno de los referentes de aquellos años en la denuncia de violaciones a los DDHH como fue el extinto Germán Araújo.

Fueron años donde se inició el largo trayecto del voto verde y la Comisión Nacional Pro-Referéndum. Aquel espacio de verdad y justicia que no pudo cuajar ante una ciudadanía abrumada por el miedo que llevó a aquel casi 56% de votos amarillos contra el 41,3% de verdes que igual mantuvieron en alto la dignidad oriental.

Luego vendrían años de silencios cómplices, bálsamos de olvido que sufrieron episodios como el caso Berríos (1992) que dejó nuevamente sobrevolando la impunidad con que se manejaban los militares entonces y las conexiones regionales con las que cubrían sus excesos.

Llegaría así el año 1996 con la primera Marcha del Silencio, donde unas 50 mil personas expresaron su voluntad manifiesta de seguir buscando la verdad marchando silenciosamente por nuestra principal avenida, en un grito ensordecedor para la vista que hizo estremecer a los reaccionarios que veían ante sí a miles de uruguayos que no estaban dispuestos a olvidar a sus desaparecidos. La consigna "Todos somos familiares" se empezaba a gestar con fuerza...

No fue sino hasta la llegada del Frente Amplio al poder que -con los mismos instrumentos vigentes, ratificados por la voluntad soberana-  se logró llevar ante la Justicia a quienes tuvieron alguna responsabilidad en los delitos de lesa humanidad contra uruguayos detenidos-desaparecidos. Aplicando el mismo Art. 4º de la Ley 15.848, sin cambiar una coma, se hizo lo que ningún otro gobierno realizó hasta entonces: someter a la justicia a los responsables de aquellos hechos, los que hoy purgan sus condenas en prisión. Claro que lo hicieron manteniendo aquel pacto de silencio que encubre todavía a muchos otros responsables de crímenes contra uruguayos cuyo paradero todavía es incierto merced esa estrategia.

Una conspiración que respetaron (hasta ahora), que no aceptó ninguna salida, ni siquiera el secreto de confesión que supo ofrecer el recordado cura "Perico" Pérez Aguirre al frente de SERPAJ entonces. Un pacto de omertá que hoy se rompió con la confesión de uno de esos represores (de los más nefastos), que originó una profunda desazón en los militares detenidos que aspiraban a una excarcelación que seguramente no obtengan al quebrarse ese silencio y reconocerse -por confesión- el homicidio de Roberto Gomensoro.

Fuera de foco

Mientras aquellos que fuimos parte de la corriente verde contra la impunidad, celebramos el ejercicio de autoridad del Presidente, otros se aferran a la letra chica y buscan contradicciones u omisiones en su proceder o el de sus asesores. Esos mismos que le critican omiten hacer pie en la trascendencia de su decisión que llevó a solicitar la renuncia del mando político de la cartera de Defensa, la destitución de la máxima jerarquía castrense y la solicitud de venia para el pase a retiro de los generales que formaron parte de los Tribunales de Honor que, faltando al mismo, nada dijeron sobre aquel delito confesado por Gavazzo.

El lente desenfocado tiene su razón de ser en el año electoral, donde todo sirve para desprestigiar a la única fuerza política que hizo causa contra la impunidad usando los mismos instrumentos jurídicos pero con una voluntad expresa de hacer la justicia que estuviera a su alcance hacer.

En la primera presidencia de Tabaré, en ocasión de ser llevado al Hospital Militar, se produjo la fuga de Gilberto Vázquez (poco tiempo le duró pues fue recapturado). No faltó quien hiciera alusión a ese hecho criticando al gobierno. Uno de los que mejor respondió entonces a aquel bastardeo político fue el entonces diputado Carlos Gamou: "a nosotros se nos escapan porque fuimos los únicos que los metimos presos".

En otra ocasión y sobre el tema desaparecidos, fue Larrañaga quien lanzó su desgraciada e inoportuna frase: "Vázquez prometió remover hasta las raíces de los árboles, y lo único que removió fue la tierra y no encontró nada" (LA REPUBLICA 6/12/05); a los pocos días se hallaba el primer cuerpo de un detenido desaparecido.

Tabaré asumió toda la responsabilidad política, y lo hizo ejerciendo el mando, sin que le temblara el pulso. En tiempos en que flamean banderas de derecha por la región y suenan tambores de militarismo cerca, esta es una clara señal de ejercicio del poder político consagrado por la Constitución que todos deberían reconocer y resaltar, más aún en un país que ostenta el primer lugar como democracia plena de América Latina.





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