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Gatillo presunto

Fernando Gil Díaz

26.04.2019

Que pidan la renuncia de Bonomi ya no es novedad, lo hicieron desde que asumió el cargo prácticamente, luego de romper el acuerdo multipartidario al que se había llegado durante el gobierno de Pepe Mujica y al que el Ministro cumplió en su totalidad aún después de roto aquel consenso de todos los partidos con representación parlamentaria.

Apuntaron siempre contra él, incluso cuando las cifras de delitos venían revirtiendo su incremento tras la irrupción del PADO, hasta que llegó Noviembre de 2017 y aquel terreno ganado a la delincuencia se perdió rápidamente. Nunca creen en las cifras del Ministerio del Interior, salvo cuando estas dan mal, allí las usan hasta el hartazgo para denostar la gestión de quien hizo una profunda transformación en la cartera más expuesta y difícil de gestionar sin dudas. En el último año de gestión no dejarían escapar la ocasión para volver a insistir con la pregunta sobre su renuncia. No lo conocen al Bicho, hombre que no rehúye ningún desafío y si no se fue cuando las cifras le daban muy bien, menos lo hará cuando hay que revertirlas a como dé lugar. En eso estuvo, explicando en Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, cuando el Senador convocante intentó fundamentar un proyecto de ley de su partido con un ejemplo que lo dejó muy mal parado. Fue peor la enmienda que el soneto y el gatillo fácil quedó sobrevolando aquella Sala de Ministros al punto que la convocatoria casi que terminó allí mismo y el otro convocado - Soc. Gustavo Leal- quedó para otra oportunidad.

Dualidad de criterios

A esta altura casi que perdimos la cuenta de las veces que Bonomi fue al Parlamento, ya sea a Comisiones o por tratarse de interpelaciones. No en vano es el Ministro del Interior más longevo en el cargo sumando dos períodos consecutivos que no pueden medirse solo por los resultados de las estadísticas de los delitos, aunque el propio Bonomi lo haya reconocido como una forma de medir su gestión. Y no se puede porque, de hacerlo así, se cometerá la tremenda injusticia de echar al olvido la profunda transformación de una cartera abandonada en el tiempo por la desidia institucional a la que estuvo sometida durante décadas.

Si así se midiera su gestión, ¿cómo se explica que mientras se pida la renuncia del Ministro y se lo critique con mucha vehemencia, por otro lado la Policía recoja -cada vez más- mejores niveles de confianza de parte de la población? Algo no cierra en ese razonamiento pues si la Policía depende de lo que ordena y ejecuta el titular de la cartera, todo lo que ella haga o deje de hacer forma parte de la gestión del primer responsable de las decisiones. En suma, la Policía no es autónoma ni se rige por criterios propios sino que responde al mando político que le fija un rumbo y le provee los instrumentos para que los use en proteger a la población. Esa misma población que refleja su confianza en niveles históricos jamás alcanzados antes, por lo menos desde que fuera recuperada la democracia. Eso no es obra de nadie más que del mismo al que le piden la renuncia, ese que transformó la Policía y le devolvió profesionalismo y dignidad, elementos que contribuyeron en el aumento de la confianza de la ciudadanía uruguaya.

Que alguien explique, si no, cómo se puede separar tan livianamente la gestión del Ministro de la de la Policía a la que no cuestionan sino que -por el contrario- reconocen como cada vez más eficiente y confiable. Porque, Bonomi se podrá ir pero dejará a la misma Policía que transformó durante estos casi diez años de gestión, esa misma Policía a la que ningún político de la oposición critica con la vehemencia que lo hace con el Ministro. En estos tiempos eso tiene una explicación muy clara, los policías no podrán actuar en política... pero votan.

Por eso, porque cada policía es un voto, es que no se atreven a criticar su trabajo y, en cambio, se esgrimen en sus defensores como si nadie recordara que todo lo que se mejoró en la profesión policial tuvo que ver con lo que hizo Bonomi. Hoy parece que no recuerdan que cuando asumió el Frente Amplio el gobierno un Policía ganaba unos $ 4.500 y tenía que hacer ocho o más horas de servicio extraordinario, (Art. 222), que terminaba siendo su único ingreso. Un ingreso irregular, que no tributaba leyes sociales, absolutamente en negro. Efectos del abandono al que estuvo sometida esta institución durante los años en que fueron gobierno.

Hoy ya no recuerdan los pésimos uniformes, las armas de bajo poder de fuego, los vehículos rotos o inexistentes, las comunicaciones pinchadas que todos escuchaban, la respuesta policial deficiente y mala. Todo eso -que parece de otra época- pasaba no hace mucho tiempo, apenas casi una década atrás. Hoy la realidad es otra muy diferente y pareciera que Bonomi no tuvo nada que ver.

Luz, cámara y... pantalla!

Las cámaras ingresaron al recinto y todos los presentes hicieron silencio mientras de disparaban los flashes y las luces rojas daban cuenta de la grabación de imágenes. Los honorables miembros de la Comisión posaban para las mismas como si no les interesara pero todos sabíamos que, en tiempos de elecciones, cualquier "pantallita" sirve y esta no sería una excepción. Fueron pocos pero intensos minutos de exposición mediática sin sonido, pero ya tendrían tiempo luego para hacer su exposición para el noticiero central.

Si bien la primera razón de la convocatoria fue el tema de las cifras de los delitos y el "fracaso" con que calificaron la gestión del convocado, hubo un tema que puso en la agenda el Senador convocante y fue el de la legítima defensa presunta para la policía. Un proyecto al que se opone la cartera encabezada por Bonomi pues entiende que a la Policía el mejor apoyo que se le pudo brindar se le otorgó al dignificarle su labor con mejor salario, un horario laboral razonable (no extensas jornadas de más de 16 horas), mejor armamento, uniforme, vehículos y, algo fundamental, mejor capacitación. Al tiempo que se le otorgó un marco legal que constituye un instrumento de trabajo para quien tiene el ejercicio legítimo de la fuerza para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

Si esas razones no bastaban para responder a la propuesta, hubo tiempo para que un policía -el subdirector de la Policía Nacional, Crio. Gral. (R) Hugo de León- diera los suyos como policía y como abogado (que también lo es). Su respuesta, mesurada y sincera, se valió de su propia experiencia personal como policía de carrera que nunca necesitó siquiera pensar en la posibilidad de un instrumento como el propuesto ya que con los instrumentos legales que hoy cuenta la Policía bastan para que tengan el respaldo jurídico necesario. En suma, habló un Policía pero también, un abogado.

A su turno, Bonomi refirió que en este año, hubo 11 delincuentes abatidos por la Policía (en 2018 fueron 17), y en ninguno de los 11 casos los agentes tuvieron consecuencias legales. Todos actuaron ajustado a la ley y eso habla de un profesionalismo y una capacitación que no tiene nada que envidiar al resto de las Policías de la región.

Pero la frutilla de esta corta sesión en Comisión, fue el resbalón que significó el ejemplo que utilizó el Senador García para justificar la pertinencia del proyecto que defendía. Pues no tuvo mejor idea que preguntarle al Ministro si no conocía los videos donde le toman el pelo a los policías... "videos que circulan y que cada vez son más. Hay videos donde gente en patotas  filman a los policías y estos quedan inactivos porque saben a lo que después se someten" (transcripción literal de las actas de la Comisión).

Si ese es su ejemplo para fundamentar que la Policía -en ejercicio de la legítima defensa presunta- cuando es filmada por una patota hay que habilitarle el uso del arma de reglamento, entonces no queda otra opción que legitimar el gatillo fácil o podríamos llamarlo el "gatillo presunto". Realmente increíble y absolutamente inadecuado e infeliz ejemplo el utilizado. Si un policía repele un insulto o una filmación de cualquier particular (solo o en patota) con su arma de reglamento, va a tener problemas -sí o sí- con la Justicia.

Seguramente en su afán de justificar su postura tuvo la infeliz idea de citar un ejemplo que para nada cabe como fundamento de peso para que la legítima defensa presunta policial, es decir, la presunción de uso legítimo de la fuerza, se haga ley para casos como el que ejemplificó el Senador García. Absolutamente, NO... sería un disparate mayúsculo que no entra ni con fórceps en la tríada de la legítima defensa al vulnerar una de sus patas (la racionalidad del medio empleado para repeler la agresión).

Fue tal el yerro que ya no habría tiempo para mucho más y la sesión se terminaría rápidamente quedando para otra oportunidad escuchar al otro convocado.

Ni presunto ni fácil, esta vez el tiro le salió por la culata...





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