VERSIÓN PARA IMPRESIÓN
13/06/19

OSINFOR Y LA FISCALIZACIÓN EN LA AMAZONIA

Gobierno peruano "viola las normas ambientales" y EEUU iniciaría acciones legales

LIMA (Uypress/JoséWLegaspi)- Hace una semana, el Ministerio del Ambiente planteó la incorporación a su despacho de la entidad que fiscaliza el tráfico de madera (Osinfor) y que deje de reportarle a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que fue aprobado por el Gobierno a través de un Decreto Supremo, que, según operadores judiciales, no puede modificar la ley que creó dicho organismo.

Foto: El Comercio / Perú

Según informaba en la oportunidad Ojo-Público.com, el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor), entidad encargada de fiscalizar la extracción de madera, dejaría de depender de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y sería adscrita al Ministerio de Ambiente (Minam). En una sesión de la PCM realizada el 12 de diciembre último, a la que no fue convocado ningún representante del Osinfor, se discutió y aprobó esta propuesta a pedido del propio Minam.

El proyecto de Decreto Supremo en cuestión busca modificar el Decreto Legislativo 1085 (que tiene rango de ley) que crea el Osinfor y lo adscribe a la PCM. Aunque estas decisiones no se han hecho públicas, Ojo-Publico.com accedió a documentos que confirman que el gabinete aprobó la propuesta y que en los próximos días sería publicada en el diario oficial "El Peruano".

Estos cambios debilitan la gestión y fiscalización del Osinfor en sus inspecciones contra el tráfico de madera desde la Amazonía. El abogado experto en Derecho Ambiental, César Ipenza, sostuvo que el gobierno pretende cambiar irregularmente la entidad a la que le reporta Osinfor. "La única forma de hacer efectivo este cambio sería a través de otro decreto legislativo o con un proyecto de ley desde el Congreso de la República, no con un Decreto Supremo que tiene menos rango", preciso. 

La propuesta de que el Osinfor pase ahora a depender del Ministerio del Ambiente, llegó precisamente de la ministra Fabiola Muñoz Dodero. La actual titular del sector fue antes directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y mientras ejercía este cargo, en el 2016, intercedió a través de varias comunicaciones oficiales a favor de un grupo de empresarios propietarios de un cargamento de madera que Osinfor había identificado como de origen ilegal.

En noviembre del 2015, la fiscalía ambiental de Loreto, con información de Osinfor, intervino un enorme cargamento de madera que se encontraba dentro del barco Yacu Kallpa. La nave buscaba exportar la madera hacia México y Estados Unidos. Las empresas involucradas argumentaron que no conocían que la madera tuviera un origen ilegal y que la habían comprado de buena fe y cuestionaron en su momento el rol del Ministerio Público y del Osinfor. 

Mientras la fiscalía ambiental de Iquitos defendía la inmovilización del cargamento, varias voces presionaron a las autoridades fiscalizadoras. La actual ministra del Ambiente envió entre febrero y abril del 2016 varias cartas a las autoridades de Estados Unidos en las que señalaba que el cargamento de madera contaba con todos los papeles y permisos del Estado peruano. Además, Muñoz criticó la labor que venía realizando el Osinfor al indicar que su plataforma no registraba ninguna información sobre la ilegalidad de la madera.

Este jueves, la publicación El Comercio, de Perú, cita a The New York Times, para afirmar que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a actuar agresivamente sobre la deforestación en la Amazonía peruana y se estaría preparando para actuar contra Perú por violar las normas ambientales estipuladas en el Acuerdo de Promoción Comercial (ACP) entre Perú - Estados, según fuentes del medio neoyorquino.

La publicación estadounidense indicó que el jefe del Departamento de Comercio de EE.UU, Robert Lighthizer, está dispuesto a actuar agresivamente en asuntos que la administración de Donald Trump considera importantes, en este caso, relacionados al tema forestal y a la deforestación de la Amazonía, en el marco de la reciente decisión del Perú sobre el Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales (Osinfor), que esta semana pasó de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente.

De acuerdo a las fuentes del NYT, los Estados Unidos podrían solicitar la convocación de un tribunal independiente para decidir sobre el caso, cuyo plazo podría ser planteado inicialmente para este viernes.

Esta acción se produce cuando el presidente Trump reduce las protecciones de las áreas silvestres en los Estados Unidos. Esto según explica la publicación, podría tener consecuencias significativas para el nuevo acuerdo comercial de América del Norte bajo el escrutinio de la mayoría demócrata.

La representante forestal Nancy Pelosi, senadora demócrata de California, insertó el tema del acuerdo forestal en el acuerdo comercial de 2007. El lenguaje es la base de las disposiciones de cumplimiento de las normas ambientales y laborales en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá que los tres países establecieron este año.

El nuevo acuerdo comercial (entre México, Estados Unidos y Canadá) que reemplazaría al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), aún no ha sido aprobado por el Congreso, y los demócratas han cuestionado si el acuerdo revisado tiene la suficiente fuerza para obligar a México a cumplir con los compromisos de aumentar los salarios en la industria automotriz.

En ese contexto, el anexo forestal entre el Perú y Estados Unidos (incluido en el Acuerdo de Promoción Comercial) fue considerado un modelo para un nuevo sistema de inspección que podría incluir el decomiso en la frontera de las mercancías que se considera que violan el tratado, y el enjuiciamiento de las empresas que importan productos ilegales.

La acción del gobierno de Trump pretende, en parte, demostrar a los demócratas de la Cámara de Representantes que el presidente Trump está dispuesto a tomar medidas para garantizar que todas las disposiciones del nuevo tratado de América del Norte se apliquen en la mayor medida posible, dijo un funcionario de la administración al NYT.

Lighthizer ha intentado contener las consecuencias del anuncio de Trump el 2 de diciembre, de que planeaba retirarse de Nafta, una declaración que estaba destinada a presionar a los demócratas para que aprueben el nuevo acuerdo en los próximos seis meses.

Lighthizer ha insistido en que la administración de Trump planeaba implementar un sólido sistema de inspecciones en la frontera para garantizar que México cumpliera con sus obligaciones laborales y ambientales.

"Si bien hay aspectos positivos en este acuerdo comercial propuesto, es solo una lista sin una aplicación real de las protecciones laborales y ambientales", dijo Pelosi.

Lighthizer ha persuadido al presidente Trump para que demore su solicitud formal de retirarse de Nafta, según tres funcionarios con conocimiento de sus acciones. 

Según publica el NYT, en los últimos años el Perú ha reducido la aplicación de la legislación ambiental en un intento de atraer inversión extranjera. En el 2016, el Gobierno peruano despidió al entonces jefe de Osinfor, Rolando Navarro, luego de que ejecutivos de la industria maderera protestaron por la confiscación de madera Amazónica por parte de funcionarios estadounidenses.

La semana pasada, el Gobierno peruano redujo drásticamente la autoridad de Osinfor, organismo que fue creado para cumplir con el tratado con los EE.UU. El Osinfor fue adscrito al Ministerio del Ambiente, luego de estar desde su creación en la Presidencia del Consejo de Ministros.

En los últimos 10 años, el Congreso ha enviado a Perú US$90 millones en ayuda destinada a reforzar la aplicación del acuerdo comercial. 

Los demócratas de la Cámara de Representantes, incluidos los miembros que forzaron a la administración Bush a insertar las disposiciones de selva tropical en el tratado hace una década, han protestado por las acciones de Perú.

Los Representantes de la Cámara del Comité de Formas y Medios, presentaron ante el representante comercial de EEUU un reclamo, que daría pie para el inicio de acciones legales contra el gobierno del Perú. 

 

UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias



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