UY Press - Agencia uruguaya de noticias

28.06.2017

La presentación de la Rendición de cuentas volvió a poner en los titulares a las discusiones internas a la izquierda en materia de enseñanza. Es evidente que no todos piensan lo mismo y que eso pesa en la gestión; pero, ¿qué es exactamente lo que se discute?

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno estuvo cinco años sin aplicar una política clara, esperando que el Frente Amplio llegara a un acuerdo. Eso fue una sorpresa. Los frenteamplistas no impulsaron coordinadamente nada particular en el primer congreso de la educación. Se pudo apenas acordar la aprobación de la Ley de Enseñanza con la defección de algún legislador. En 2008, el Programa de gobierno del Frente Amplio para el período 2010 a 2014 suprimió todo el capítulo sobre educación porque no había acuerdo. En el segundo gobierno de Vázquez, a poco de andar se expulsó, entre otros, a la persona que había puesto a punto el proyecto levantado por Tabaré candidato y al mismo director general de Enseñanza.

Se ha hecho mucho. Se ha invertido mucho, en especial en sueldos, en lo que hay acuerdo. Se están construyendo liceos por docenas. Se crearon muchos programas para atender diversidad de situaciones. Hasta se han mejorado muchos indicadores. Pero no se visualiza un proyecto general. En 2005 lamentamos que el dinero iba a llegar antes que el proyecto y, como los proyectos son caros, cuando se quisiera implementarlo no iba a haber más plata. Ahora, entre otras cosas, se critica que muchos de esos programas son inútiles; pero sin un objetivo general es muy difícil decidir. ¿Inútiles para qué?

En la prensa, claro, se tratan los temas del día uno atrás del otro. Entonces parece que la discusión fuera si 6% ya o al final del mandato, y da ganas de llorar. Cuando no baja a que si Astori quiere o no el bien de los hijos de los obreros, o que si José Olivera es o no profesor. ¿Qué más hay? No es demasiado claro. Pujas de poder, sin duda, pero ¿por qué particularmente en la enseñanza? Más precisamente en Secundaria. ¿Es solo la calidad de sus dirigentes sindicales?

Inesperada discrepancia sobre valores cardinales

Es importante para todos tratar de entender qué mueve esta sorda batalla en el interior de la fuerza de gobierno, porque afecta a todas las familias y al futuro del país todo. Y para entender las posiciones hay que pensar que efectivamente existen y son racionales. Hacer como que sus fundamentos no son inconmensurables y por lo tanto pueden dialogar. Un trabajo previo al de discrepar con una u otra.

Por suerte para los no especialistas, hay alguien que se hizo la misma pregunta y poseía las herramientas para buscar respuestas. Julia Pérez Zorrilla obtuvo en 2015 en el FLACSO-Argentina una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación con la presentación de una tesis titulada La crisis de la educación media y el mandato de la universalización: acuerdos y tensiones dentro de la izquierda política uruguaya (http://hdl.handle.net/10469/8006)*. En lo que sigue, trataremos de resumir sus conclusiones para ponerlas en común, porque no las discrepancias que halló no siempre son las que suelen aparecer en la prensa.

Con un enfoque cualitativo de análisis, Pérez Zorrilla realizó veintitrés entrevistas en profundidad a autoridades gubernamentales, parlamentarios, militantes frenteamplistas, técnicos y dirigentes sindicales, para interpretar sus posturas con respecto a esta arena de política pública, en torno a tres dimensiones consideradas centrales: 1) el gobierno del sector, 2) la inclusión de los adolescentes y 3) el cambio educativo.

La respuesta corta: constató en el seno de la izquierda "diferencias profundas en las creencias relativas al núcleo de la política educativa, diferencias vinculadas a valores tan profundos como la equidad y la justicia, que atañen a aspectos tan centrales como la inclusión de los adolescentes dentro del sistema educativo formal."

Habiéndose centrado en actores de izquierda, ella esperaba "que existieran consensos alrededor de valores cardinales como la igualdad y la justicia, y que los disensos se reservaran para otras cuestiones secundarias". Por eso concluye que "ello da cuenta de un verdadero parte aguas dentro de la izquierda en esta arena de política en particular, donde se enfrentan dos sistemas de creencias."

Acuerdos y tensiones

Pérez Zorrilla encontró, sin embargo, un núcleo de acuerdo, fundamentalmente expresado en tres cosas: un fuerte peso del Estado en la oferta educativa en relación al mercado, representación de los trabajadores en el gobierno de la enseñanza y la autonomía de la ANEP. No mucho más y ni siquiera hubo unanimidad; lo demás son desacuerdos.

En materia de gobierno, qué organismo es rector, cómo se eligen sus autoridades y qué relación tiene con el resto del Estado, algunos creen necesaria una mayor coordinación con el resto del Estado, en particular el MEC, mientras que otros creen necesario un cogobierno integral y autonomía, sin vínculos incluso entre los diferentes segmentos del Sistema Nacional de enseñanza. Como en todos los casos ella distingue una gradación entre las posiciones con varias posturas intermedias.

En materia de inclusión, hay distintas visiones sobre por qué no se cumple con la obligatoriedad que ordena la Constitución. Algunos creen que se arrastra un peso de mecanismos de expulsión en el origen elitista de Secundaria como una enseñanza propedéutica, es decir, preparatoria para estudios ulteriores. Otros echan la culpa a los propios estudiantes y sus familias por la pérdida de una cultura de esfuerzo, disciplina y sacrificio, sustituida por una de satisfacción inmediata.

En materia de cambios en la educación misma, prácticamente inalterada desde hace casi un siglo, algunos creen que es una prioridad alta, mientras otros no perciben ninguna necesidad.

Dos coaliciones

Pese a que las posiciones eran variadas y había gradaciones, la investigadora halló "dos visiones enfrentadas con respecto a cómo debería gobernarse la educación media, a quién debería dirigirse y de qué manera se debería enseñar." Es decir, núcleos de ideas coincidentes sobre todos los temas en dos grupos para los que usó el término de "coaliciones". Tanto, que constató el uso de términos compartidos. La pertenencia de cada uno en el sistema parece ser el principal factor de explicación.

"Se observó que cinco autoridades, tres técnicos y un militante frenteamplista compartían una visión particular... estos entrevistados demostraron una propensión alta a la inclusión y al cambio educativo." Entre los temas comunes a la "coalición reformista", destaca el apoyo a un marco curricular común desde Primaria, el paso a un aprendizaje por competencias, con énfasis en aprender a resolver problemas -más que por contenidos-, una mayor contextualización de la enseñanza al medio local y los proyectos específicos de cada centro, mayor coordinación en el interior del Sistema educativo y en consecuencia rechazo a consejos mayoritariamente elegidos por trabajadores.

"En el otro extremo del continuo" se ubicó "un conjunto de entrevistados unidos por un sólido sistema de creencias, demostrando un grado de inclusión bajo y una baja disposición a implementar modificaciones en el sistema educativo. Aquí se ubicaron un sindicalista de Secundaria, un representante de la ATD de Secundaria y dos militantes frenteamplistas, docentes, que han tenido fuertes lazos con los gremios."

Esta "coalición defensora del statu quo", explica Pérez Zorrilla, "identificó en los propios estudiantes, en su falta de esfuerzo, de disciplina y en la falta de apoyo de sus familias a los principales problemas de la educación media. En consonancia con ello, no se cuestionó los dispositivos funcionales al carácter propedéutico, excluyente y piramidal de la educación secundaria, como la repetición. Por el contrario, se defendió el lugar de las disciplinas, el peso de los contenidos, la multiplicación de materias y de docentes propias de secundaria, la repetición y los exámenes, tal cual se encuentran hoy planteados."

"Al no identificar ningún problema en el formato escolar actual" agrega, "tampoco pretendió modificar de manera profunda el funcionamiento de la educación media, centrando sus reivindicaciones en el aumento del gasto y la mejora de la infraestructura escolar."

Además, "al no interpretar el desgranamiento sistemático que se produce en el pasaje de la escuela primaria a la media como un problema estructural, sino individual, se rechazó la posibilidad de facilitar este tránsito. De hecho, mejorar el vínculo y el pasaje entre ambos niveles se asoció a una disminución de la exigencia y la calidad de la enseñanza media, bajo el estandarte de 'primarizar'. Con respecto al aprendizaje por competencias, se lo identificó como una amenaza al rol docente y a las disciplinas, como un vaciamiento de los contenidos escolares y un potencial avance del mercado sobre el Estado. De manera similar fue recelado el Plan Ceibal, criticado por su carácter inconsulto y vertical, identificado como una amenaza para el rol docente en el aula, e incluso asociado a una disminución de la calidad educativa y al avance del mercado sobre la educación pública. Por su parte, favorecer una mayor contextualización de los currículums en los centros educativos también fue asociado a las políticas neoliberales de los años noventa y visto como una amenaza para la igualdad de oportunidades."

El Varela pendiente

En medio, se ubican los demás entrevistados, sin que parezca haber una "tercera coalición". La politóloga señala algunos hechos destacables, como que los delegados de los trabajadores en los consejos más bien tienden a valorar la coordinación entre los organismos y que los profesores de UTU sí valoran la contextualización de la enseñanza al medio local y el uso de nuevas tecnologías en el aula.

Al resumir estas conclusiones, llama la atención que en la izquierda nadie levante, ni siquiera como alternativa a analizar, algunas de las banderas del proyecto original de José Pedro Varela que Lorenzo Latorre no le aceptó. Por ejemplo, que la enseñanza dependiera de comisiones de distritos (de áreas de 500 a 2000 habitantes) integradas por tres vecinos. Eso era lo "popular" de su "educación popular". Es cierto que los docentes tienen más conocimiento técnico, pero no se delega la administración municipal exclusivamente a los urbanistas.

Otra iniciativa parcialmente vetada a Varela fue la descentralización para que cada centro resuelva cosas dentro de los lineamientos generales. Una tercera, la creación de inspectores del cumplimiento de mandar a los niños a la escuela. Tiene razón la ministra Marina Arismendi que esa no es obligación solo para los pobres y la Asignación alimenticia no tiene nada que ver.

* Agradezco a María Ester Mancebo, directora del Instituto de Ciencia Política, el haberme llamado la atención sobre este trabajo.

Jaime Secco