MONTEVIDEO (Uypress)- Tras seis meses y 17 sesiones, la comisión parlamentaria concluyó con cuatro informes: FA sostuvo que el fraude no habría sido posible sin acciones u omisiones de funcionarios públicos; Coalición Republicana negó corrupción y denunció una "operación política", mientras Cabildo Abierto e Identidad Soberana también señalaron graves fallas en el proceso de compra.
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