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29.05.2025

LA PAZ (Sputnik)- El juzgado mixto del municipio de Colcha K, en la zona del salar de Uyuni, dispuso la "suspensión inmediata" de los contratos para la explotación de litio firmados con empresas de Rusia y de China, los cuales desde 2024 están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La decisión judicial se tomó a raíz de una acción popular presentada por 53 comunidades indígenas campesinas de la región, preocupadas por la afectación ambiental que podría causar la operación de las plantas extractivas.

Desde la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) indicaron que aún no fueron notificados: "Cuando YLB sea notificada conforme a derecho, presentará el informe correspondiente, con la argumentación técnica y legal debidamente respaldada, que demostrará que no se ha vulnerado ningún derecho, ni individual ni colectivo, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas originario-campesinos", afirmaron en un comunicado.

La acción popular fue presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) contra los acuerdos firmados por YLB con las empresas Hong Kong CBC Investment Limited, de China, y Uranium One Group Joint-Stock Company, de Rusia, para la industrialización del litio en Uyuni con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).

Según el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K, departamento de Potosí, la suspensión regirá hasta que el Gobierno nacional pueda demostrar el impacto ambiental que la explotación de litio tendrá en el territorio.

"El 27 de mayo, nuestras 53 comunidades lograron una primera victoria judicial: el juez dictó medidas cautelares históricas que frenan el avance de proyectos extractivos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra", se pronunciaron las comunidades en una nota de prensa.

El juzgado también instruyó al Ministerio de Hidrocarburos y Energías y a YLB "abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a esos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra".

"Perjudicado el país"

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo al canal estatal Bolivia TV: "Nosotros lamentamos el fallo judicial porque al final del día estos contratos son para la prestación de servicios de estas empresas, porque estas empresas no están haciendo inversión, sino que van a prestar servicios tecnológicos para la extracción del litio. (El fallo) retrasa el progreso tanto de Oruro como de Potosí", los departamentos donde se encuentran las mayores reservas de litio del planeta, calculado en 23 millones de toneladas.

"Queda claro que el perjudicado es el país. Notamos ahí una postura política, cuando no se ve la necesidad y la importancia de que las regiones puedan desarrollarse a partir de estos recursos naturales tan importantes como el litio. Quedará en la responsabilidad de aquellos que están retrasando ese tema, porque en la Asamblea no le han tomado la importancia debida a estos contratos", dijo el ministro.

Los contratos descansan en la Asamblea Legislativa desde 2024. No fueron aprobados porque el Movimiento Al Socialismo (MAS), la fuerza mayoritaria, se dividió entre los leales al Gobierno de Luis Arce y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Con el evismo aliado a la oposición tradicional, ya no se contaba con los votos necesarios para viabilizar los contratos con Rusia y China, que entre ambos suman una inversión de 2.000 millones de dólares.

Beymar Cruz, exdirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), comentó a Sputnik que faltó socialización del proyecto con las empresas de Rusia y de China entre las comunidades cercanas al salar.

Quienes sí llegaron a las comunidades indígenas campesinas fueron varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales reciben financiamiento de países de la Unión Europea para funcionar. Alertaron a las familias locales sobre los riesgos que la explotación tendría para sus fuentes de agua.

El analista Ricardo Cardona es un ingeniero especializado en energías. En diálogo con Sputnik, consideró que "estos contratos nunca iban a salir aprobados por la Asamblea Legislativa", por el desequilibrio de fuerzas a favor de la oposición.

"Entonces han recurrido a la opción judicial, impulsada por la oposición y por ONG que responden a intereses de las transnacionales o a países de Europa y Estados Unidos", explicó.

Estudio urgente

Para Cardona, es urgente la realización del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): "Cuando se va a iniciar una obra o proyecto, siempre se comienza con la EIA, porque está reglamentado por la Ley 1333. Esta ley ambiental no prohíbe firmar contratos, no prohíbe desarrollar industrias. Simplemente, determina que se debe hacer el estudio antes de iniciar cualquier obra o actividad".

Para el analista "es una falencia" que hasta el momento no se cuente con esta investigación. Según YLB, la EIA se realizará cuando se aprueben los contratos pendientes en la Asamblea.

Cardona fue consultor de decenas de empresas para realizar estudios de impacto ambiental: "Se deben considerar factores como la afectación en el agua, en el territorio, en la ecología, en las actividades socioeconómicas, el daño potencial que se puede causar al aire y a la biodiversidad. Todos estos datos deben presentarse con claridad".

Con la información de la cual dispone hasta el momento, el ingeniero evaluó que es bajo el impacto en la huella hídrica, energética y de carbón de las plantas previstas en los contratos con Rusia y China: "Por tanto, el estudio de EIA daría un resultado favorable".

Cardona destacó que las plantas contempladas en los contratos funcionarían con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), la cual prevé un menor uso de agua en comparación al método tradicional de obtención de este metal mediante piscinas de evaporación.

"Con la tecnología de EDL se usaría agua reciclada. Además, el área de explotación se restringiría al 2% del salar. A los campesinos hicieron creer que no van a poder cultivar quinua ni cañahua ni ninguno de sus alimentos, pero es mentira, porque las empresas industriales no tocan el agua, sino que la reciclan", aseguró Cardona.

Consulta previa

Cruz, por su parte, también se mostró de acuerdo con tener una EIA. Al respecto, dijo que el argumento de YLB de realizar el estudio luego de la aprobación de los contratos "ha causado gran molestia en las comunidades. Creen que esa es una trampa. No puede ser que el estudio se haga una vez ya cocinado todo. La consulta previa debe realizarse antes, para que no haya disturbios y todo sea consensuado para avanzar en el proyecto. Esa es la desconfianza que se tiene".

El referente campesino también lamentó que estos obstáculos "perjudican a las empresas extranjeras. Por eso pienso que no hay seguridad jurídica para las empresas".

El plan del Gobierno de Arce para industrializar el litio implicaba proyectos a largo plazo, como la construcción de baterías de este metal en el país.

En el contexto de las elecciones generales de agosto, candidatos de la oposición adelantaron que si llegan a la Casa Grande del Pueblo, tomarían la decisión de explotar el litio y venderlo como materia prima, sin darle valor agregado.

"Nuestro sueño siempre ha sido la industrialización, aunque con el tiempo nos hemos dado cuenta de que nos faltan muchos elementos, sobre todo en lo tecnológico. Pero queremos avanzar en ese camino", confió Cruz.

Y agregó: "En tiempos electorales aparecen los viejos políticos de siempre. ¿Quién puede creerles si hace 40 años que están con discursos, pero en el fondo lo que hacen es privatizar? Ahora vemos medios de derecha, políticos y ONG que hablan del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Pero sabemos que es un discurso para sacar rédito político. La lucha es de los pueblos, quienes vivimos en la región tenemos la voz oficial".

El acuerdo con Uranium One Group prevé producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, con una inversión de 970 millones de dólares. El contrato con Hong Kong CBC establece la construcción de dos plantas, también con tecnología EDL, por 10.000 y 25.000 toneladas anuales respectivamente, con una inversión de 1.030 millones de dólares.

Foto: © AP Photo / Juan Karita