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19.05.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La Dirección Nacional de Aduanas salió a precisar el alcance del nuevo registro exigido a quienes realizan compras por Internet al exterior y buscan utilizar la franquicia de envíos postales internacionales, luego de que la medida generara preocupación pública por el tipo de información solicitada sobre tarjetas y medios de pago.

El nuevo sistema comenzó a regir el 1° de mayo de 2026 como parte del régimen actualizado de franquicias para envíos postales internacionales. La normativa mantiene hasta tres envíos por persona física mayor de edad y por año civil, pero fija un tope anual acumulado de US$ 800. Además, los envíos bajo franquicia pasan a estar gravados por IVA, salvo excepciones: obsequios familiares y envíos procedentes de países con acuerdos comerciales vigentes, actualmente limitados a Estados Unidos.

El punto que encendió la polémica fue el nuevo requisito de registrarse con identidad digital y autorizar expresamente a las administradoras de tarjetas de crédito, débito e instrumentos de dinero electrónico a suministrar información a la DNA para los controles del régimen. La propia Aduana había informado que el formulario incluye datos personales del titular, información sobre medios de pago y consentimiento obligatorio para validar la correcta aplicación de la franquicia.

Según el instructivo oficial del Comunicado 11/2026, en la sección de medios de pago el usuario debe cargar únicamente el banco o plataforma de pago, el sello de la tarjeta, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta o cuenta, el tipo de tarjeta o medio de pago y la fecha de vencimiento solo en caso de tarjetas. El documento no incluye la solicitud del número completo, el código de seguridad ni claves de acceso bancario.

La finalidad declarada por Aduanas es verificar que el medio de pago utilizado coincida con el titular de la compra y del envío. El organismo sostiene que las medidas buscan fortalecer la seguridad del régimen, proteger la identidad de los usuarios y prevenir fraudes o casos de usurpación de identidad.

En la práctica, el nuevo registro incorpora una capa adicional de control sobre una operativa que ya estaba regulada. Hasta ahora, para usar la franquicia era necesario que la compra se pagara con tarjeta o instrumento de dinero electrónico a nombre del beneficiario. La diferencia es que desde mayo la validación pasa a estar asociada a identidad digital y a una autorización expresa para que las entidades de medios de pago confirmen información ante la DNA.

La Aduana indicó que durante una etapa inicial estos requisitos no serán controlados de forma obligatoria, con el objetivo de dar un período de adaptación a los usuarios. Sin embargo, el organismo también señaló que prevé que su cumplimiento pase a ser obligatorio “en el futuro cercano”, por lo que exhortó a completar el registro para evitar interrupciones en el uso de la franquicia.

La discusión pública se abrió porque el sistema combina compras personales, datos de identidad y medios de pago. El País informó que la nueva medida obliga a los usuarios a registrarse ante Aduanas y autorizar a los administradores de tarjetas o medios electrónicos a brindar información necesaria para el control de cada compra. También surgieron advertencias sobre privacidad y alcance estatal del control de datos de consumo, planteadas por medios y usuarios a partir de la implementación del régimen.

El marco legal vuelve especialmente sensible el debate. En Uruguay, la Ley N° 18.331 reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental, otorga a las personas derechos sobre el uso de sus datos y crea obligaciones para organismos públicos y privados que los tratan. La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales es el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de esa normativa.

El propio Comunicado 11/2026 de Aduanas incorpora una referencia expresa a la protección de datos personales. Establece que la información quedará en una base de datos de la DNA, que su tratamiento se realizará exclusivamente para los fines indicados en la Resolución General 10/2026 y que los funcionarios con acceso tienen prohibido utilizar, copiar o reproducir los datos para finalidades ajenas al régimen.

El documento también señala que no se realizarán transferencias de datos personales salvo ante requerimientos de autoridad competente debidamente fundados y motivados. Además, identifica a la Dirección Nacional de Aduanas como responsable de la base de datos y habilita a los usuarios a ejercer derechos de acceso, rectificación, actualización, inclusión o supresión.

El cambio forma parte de una reforma más amplia de las compras web al exterior. Desde mayo, los operadores postales pasan a ser responsables de las obligaciones de terceros y deben abonar ante Aduanas los tributos correspondientes en nombre de los usuarios. Esto implica que el pago de eventuales tributos se gestiona directamente con el operador postal, que actúa como agente responsable de percepción y pago.

El trasfondo político y administrativo es claro: el Estado busca cerrar espacios de fraude, validar identidad y controlar mejor el uso de una franquicia que mueve miles de compras individuales al año. Pero la reacción pública muestra otro costado del problema: cuando el control aduanero avanza sobre datos asociados a medios de pago, la ciudadanía exige precisión, límites claros y garantías verificables.

La aclaración de Aduanas intenta justamente acotar ese temor. El organismo sostiene que no se trata de acceder a la vida financiera del usuario, sino de confirmar la titularidad del medio de pago usado para la compra. Aun así, el episodio dejó planteada una tensión que irá más allá de las compras por Internet: cómo equilibrar la prevención de fraudes con la protección efectiva de los datos personales en un Estado cada vez más digitalizado.