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22.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress)- El gobierno habilitará el autodespacho de importaciones y exportaciones y eliminará ciertos precintos. La reforma genera reparos por la seguridad de las cargas.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se prepara para una profunda transformación de sus procedimientos, que permitirá a las empresas realizar directamente sus operaciones de importación y exportación, reducirá exigencias burocráticas y eliminará determinados precintos utilizados para controlar el movimiento de mercaderías. La reforma, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), promete reducir costos, pero también abrió interrogantes sobre la seguridad de las cargas y los mecanismos de prevención del narcotráfico.

El director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, presentó los principales cambios durante las XIV Jornadas Tributarias de la Dirección General Impositiva (DGI), realizadas en la Facultad de Ingeniería.

Las modificaciones forman parte del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, aprobado por el Senado y actualmente a estudio de la Cámara de Representantes.

Las empresas podrán operar sin despachantes obligatorios

Una de las transformaciones más relevantes será la introducción del autodespacho aduanero. Actualmente, las operaciones comerciales internacionales requieren, como regla general, la intervención de un despachante de Aduana. La reforma permitirá que importadores y exportadores debidamente habilitados realicen directamente sus propias declaraciones.

Esto no supondrá la desaparición de los despachantes, sino que su contratación dejará de ser obligatoria para las operaciones comprendidas en el nuevo régimen. El MEF sostiene que la modificación busca aproximar el sistema uruguayo a las prácticas internacionales y otorgar mayor libertad a las empresas.

La Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU), que inicialmente manifestó reparos, participó en las discusiones para incorporar requisitos de capacitación, garantías económicas y responsabilidades administrativas y tributarias.

El nuevo régimen exigirá condiciones de idoneidad y garantías destinadas a proteger la recaudación y asegurar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Serra adelantó que la DNA desarrollará aplicaciones informáticas para facilitar los trámites a pequeñas y medianas empresas que no dispongan de sistemas especializados.

También se reforzará un servicio de asistencia para acompañar a quienes opten por realizar sus propias operaciones.

Menos papeles y mayor intercambio de información

La reforma contempla una integración más estrecha entre Aduanas y la DGI, con el objetivo de evitar que las empresas deban presentar reiteradamente información que ya se encuentra en poder del Estado. Según explicó Serra, ambos organismos trabajan en mecanismos para compartir datos, disminuir errores y facilitar las gestiones.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) incorporará más certificados electrónicos, mientras que la documentación complementaria pasará progresivamente a gestionarse en formato digital. Esto permitirá eliminar archivos físicos y suprimir determinadas obligaciones de conservación de documentos en papel durante cinco años.

También se prevén cambios en el tratamiento de tributos vinculados al comercio exterior. Para exportadores que cumplan las condiciones de certificación y seguridad previstas, los plazos de devolución de tributos podrían reducirse de 180 a 30 días.

La eliminación de precintos genera controversia

El aspecto más discutido de los anuncios fue la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de ciertos precintos utilizados en el transporte de mercaderías. Serra argumentó que, en determinadas operaciones, el costo de instalar esos dispositivos puede superar el valor de las cargas transportadas, por lo que mantenerlos carecería de justificación económica.

Sin embargo, la propuesta despertó reparos entre profesionales presentes en las jornadas tributarias. Los cuestionamientos se concentran en el riesgo de debilitar la trazabilidad de las mercaderías y facilitar eventuales intervenciones ilícitas sobre los cargamentos.

La preocupación adquiere particular relevancia por los antecedentes de utilización de cadenas logísticas legales para el tráfico internacional de drogas. La discusión no es nueva. En agosto trascendió un proyecto de resolución de Aduanas para exonerar del precinto electrónico a determinadas operaciones de tránsito realizadas dentro de cadenas logísticas consideradas seguras.

En esos casos, la sustitución del dispositivo electrónico podría implicar la pérdida del seguimiento geográfico continuo del transporte y de información sobre eventuales aperturas de la carga. El organismo ha defendido el sistema de operadores certificados como una herramienta para diferenciar los niveles de riesgo y concentrar los controles donde resulten más necesarios.

No obstante, especialistas han advertido que una cadena logística certificada no está completamente exenta de posibles infiltraciones criminales.

El narcotráfico, una preocupación persistente

Durante su exposición, Serra también se refirió a las modificaciones registradas en las modalidades del tráfico de drogas. Señaló que, en el último año y medio, uno de los principales focos de riesgo se ha trasladado hacia los envíos postales, particularmente mediante pequeños paquetes con drogas sintéticas.

El fenómeno obliga a adaptar los procedimientos de inspección y a desarrollar mecanismos de control capaces de identificar operaciones sospechosas sin paralizar el comercio legítimo. Sin embargo, entre los asistentes a las jornadas surgieron cuestionamientos respecto a la prioridad otorgada a la reducción de costos y la facilitación comercial frente a la prevención del narcotráfico.

El desafío consiste en determinar qué controles pueden eliminarse por resultar redundantes y cuáles deben mantenerse para evitar vulnerabilidades en la cadena logística.

Nuevos desafíos para el transporte ferroviario

Aduanas también deberá adaptar sus procedimientos a la creciente utilización del transporte ferroviario. Serra señaló que buena parte de los sistemas de control portuario fueron diseñados para el movimiento de camiones y que el transporte de mercaderías por tren requiere mecanismos específicos de fiscalización.

La incorporación de nuevas modalidades logísticas obliga a revisar la coordinación entre los operadores, las terminales y los organismos públicos encargados del control de las cargas.

Una reforma con beneficios y riesgos

El gobierno presenta la modernización aduanera como una herramienta para mejorar la competitividad, disminuir costos operativos y simplificar la relación entre las empresas y el Estado.

Sin embargo, la discusión sobre los precintos electrónicos revela una tensión que trasciende los aspectos administrativos.

Reducir burocracia no necesariamente significa reducir controles, pero eliminar mecanismos de trazabilidad exige demostrar que existen procedimientos alternativos capaces de ofrecer garantías equivalentes.

En un país cuyo puerto constituye una plataforma estratégica para el comercio regional, esa distinción resulta especialmente importante. La discusión parlamentaria deberá definir el alcance de las nuevas facultades empresariales, las responsabilidades de los operadores y los mecanismos de supervisión.

Mientras tanto, Aduanas avanza en su preparación tecnológica y administrativa para una reforma que promete modificar profundamente el comercio exterior uruguayo, pero que también deberá responder a una pregunta central: cómo facilitar las operaciones sin debilitar la capacidad del Estado para prevenir el contrabando y el narcotráfico.

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS