UY Press - Agencia uruguaya de noticias

13.10.2026

MONTEVIDEO (Uypress) - Comerciantes y residentes llevaron sus reclamos al Parlamento. Denuncian amenazas, robos reiterados y problemas de convivencia, y cuestionan el funcionamiento de un refugio.

Vecinos y comerciantes del barrio Aguada denunciaron un deterioro de las condiciones de seguridad y convivencia en la zona y reclamaron mayor presencia policial, medidas preventivas y una intervención coordinada de las autoridades para recuperar la tranquilidad del barrio.

Una delegación compareció ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, donde expuso una serie de situaciones que, según sus integrantes, afectan desde hace meses a residentes, trabajadores, establecimientos comerciales e instituciones educativas.

Los reclamos comprenden principalmente el área delimitada por el Palacio Legislativo, el Palacio de la Luz y las instalaciones de Antel, una zona de intensa circulación donde, de acuerdo con las estimaciones presentadas por los vecinos, transitan unas 28.000 personas diariamente.

José Luis Romero, uno de los representantes de la delegación, advirtió que los problemas de inseguridad y convivencia también repercuten sobre la actividad económica, al generar incertidumbre entre comerciantes y empresas. Según explicó, se han registrado robos, amenazas y situaciones que dificultan la circulación peatonal y el uso de los espacios públicos.

Un comercio habría sufrido 62 robos en cinco meses

Uno de los testimonios más significativos fue presentado por Ignacio Izquierdo, quien aseguró que un comercio situado a tres cuadras del Palacio Legislativo sufrió 62 robos entre abril y agosto. El dato fue expuesto ante los legisladores como ejemplo de la reiteración de delitos que denuncian los comerciantes de la zona.

Los vecinos insistieron en que no reclaman únicamente respuestas policiales posteriores a los hechos, sino medidas que permitan prevenirlos. Romero sostuvo que la prioridad debe ser incrementar el patrullaje y anticiparse a las situaciones delictivas, antes de que se produzcan nuevas víctimas.

La delegación también manifestó su disposición a colaborar con las autoridades, aportar información y participar en la búsqueda de soluciones.

Cuestionamientos por el funcionamiento de un refugio

Otro de los asuntos planteados fue el funcionamiento de un centro de alojamiento para personas en situación de calle, ubicado en la zona de Cuareim y César Díaz. Los vecinos aseguran que, desde su apertura durante este año, se intensificaron los problemas de convivencia en las inmediaciones.

Heidi Do Mato, integrante de la delegación, señaló que el establecimiento llegó a recibir aproximadamente 220 personas por día y sostuvo que su funcionamiento habría superado la capacidad de atención disponible. Según su testimonio, se producen aglomeraciones en el exterior, conflictos entre usuarios, acumulación de residuos y situaciones de violencia que afectan la vida cotidiana del barrio.

Los residentes también cuestionaron que el centro comenzara a funcionar sin condiciones adecuadas para atender a una población numerosa. Estas afirmaciones corresponden a denuncias de los vecinos y no constituyen, por sí solas, una comprobación de que los delitos registrados sean responsabilidad de las personas alojadas en el establecimiento.

El Mides anuncia cambios en el centro

De acuerdo con información difundida por Subrayado, el Ministerio de Desarrollo Social informó que el centro, inicialmente utilizado en el marco de la respuesta de emergencia por frío, será incorporado al sistema de protección social con nuevas características.

El establecimiento pasará a funcionar como un centro de contingencia y respuesta inmediata, con modificaciones orientadas, entre otros objetivos, a mejorar la convivencia con los residentes de la zona. El anuncio se produce mientras los vecinos mantienen su reclamo de mayor vigilancia y de medidas concretas para enfrentar los problemas denunciados.

La situación también había sido expuesta durante septiembre, cuando residentes del barrio solicitaron reuniones con autoridades del Ministerio del Interior y organismos vinculados a la atención de personas en situación de calle.

Seguridad y atención social, dos desafíos simultáneos

El conflicto en Aguada vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de coordinar las políticas de seguridad pública con las respuestas sociales destinadas a las personas que carecen de vivienda.

Los vecinos reclaman que se garantice su derecho a vivir y trabajar en condiciones de seguridad, mientras que las autoridades deben asegurar una atención adecuada a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La comparecencia parlamentaria dejó planteada una demanda concreta: reforzar la prevención policial, mejorar las condiciones de convivencia y establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los resultados de las medidas adoptadas.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS