TIERRAS PÚBLICAS
Antía y Colonización: los antecedentes de la rescisión del contrato y el fallo que la confirmó
07.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress) – El conflicto entre el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el exintendente de Maldonado Enrique Antía volvió a la discusión pública. El organismo resolvió rescindir su contrato de arrendamiento por incumplimientos de las obligaciones del régimen colonizador, una decisión que fue confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según los antecedentes publicados por Búsqueda.
La rescisión y el recurso de Antía
La información publicada por el semanario el 6 de agosto identifica el predio como la fracción 4D de la colonia Benito Nardone, en Maldonado, de aproximadamente 49,6 hectáreas.
Colonización dispuso la rescisión en septiembre de 2019. Entre los fundamentos figuraron incumplimientos vinculados con la residencia y el trabajo directo en el establecimiento.
Antía cuestionó el procedimiento, la motivación de la decisión y la potestad del organismo para rescindir unilateralmente el contrato. También alegó desviación de poder y vulneración de su derecho de defensa.
Según la documentación judicial recogida por Búsqueda, el TCA rechazó la pretensión anulatoria en febrero de 2024. El tribunal consideró que no se habían desvirtuado las constataciones sobre la explotación mediante una sociedad civil y el trabajo realizado por asalariados rurales.
Los pedidos para continuar con el campo
Después de ese pronunciamiento, Antía planteó en 2025 y nuevamente en 2026 un acuerdo extrajudicial para permanecer cinco años más en el predio, informó el semanario.
El INC mantuvo la rescisión y las actuaciones para recuperar su disponibilidad. Confirmar el acto administrativo no equivale a acreditar que la entrega material de la tierra ya se haya realizado.
Una controversia que volvió a Maldonado
El edil frenteamplista Javier Ramírez retomó el asunto este 6 de octubre, en declaraciones a Cadena del Mar, al anunciar una exposición sobre Colonización en la Junta Departamental.
El representante cuestionó el acceso de dirigentes políticos a tierras del organismo y defendió que esas oportunidades se orienten a familias rurales y proyectos productivos. Sus planteos constituyen una valoración política del caso, diferenciada de los fundamentos administrativos y judiciales.
Diferencias entre las versiones publicadas
Una nota de Caras y Caretas difundida este miércoles menciona dos fracciones que suman 106 hectáreas, adjudicadas en 1981 y 1985. Esa superficie difiere de la identificada por Búsqueda en su reconstrucción del expediente.
La publicación de hoy tampoco precisa la fecha de la sentencia que describe. Por ello, con la información disponible, no corresponde presentar el pronunciamiento como un fallo dictado este 7 de octubre ni dar por concretada la recuperación del campo.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
