UY Press - Agencia uruguaya de noticias

30.07.2026

MONTEVIDEO (Uypress) — Uruguay consolidó durante 2025 su posición como destino regional para la inversión inmobiliaria, impulsado por la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la posibilidad de operar en dólares y un régimen tributario que no establece restricciones especiales para la compra de propiedades por parte de extranjeros.

El mercado registró operaciones por un mínimo estimado de US$ 2.700 millones durante el año. La cifra surge de la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales informada por la Dirección General Impositiva, que alcanzó aproximadamente $4.216 millones y aumentó 10,7% nominal frente a 2024.

El impuesto grava con un 2% al comprador y otro 2% al vendedor. Su recaudación permite aproximarse al volumen económico de las operaciones, aunque el resultado debe considerarse un piso, porque la base imponible se determina mediante el valor catastral de los inmuebles, generalmente inferior al precio efectivo de compraventa.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman el dinamismo del sector. En diciembre se inscribieron 6.925 altas de compraventa en todo el país. Montevideo concentró el 35,18%, seguido por Maldonado, con el 16,87%, y Canelones, con el 14,92%.

Maldonado cerró 2025 con 9.473 operaciones, un aumento del 8% frente al año anterior. El departamento continúa siendo el principal mercado inmobiliario del interior por la incidencia de Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio.

Los argentinos permanecen como el grupo predominante dentro de la demanda extranjera. Estimaciones de operadores inmobiliarios ubican su incidencia cerca del 15% de determinadas operaciones realizadas en Montevideo, especialmente en apartamentos nuevos y unidades incorporadas al régimen de Vivienda Promovida.

Ese porcentaje no surge de un registro oficial que clasifique todas las compraventas por nacionalidad. El INE y la Dirección General de Registros informan cantidades, precios y distribución territorial, pero no publican una desagregación completa de los compradores según su país de origen.

Los relevamientos privados ubican a los argentinos entre el 65% y el 70% de la demanda inmobiliaria extranjera. Sus inversiones más frecuentes se encuentran entre US$ 80.000 y US$ 250.000 en Montevideo y entre US$ 150.000 y US$ 500.000 en Punta del Este, aunque estos rangos varían según el tipo de propiedad.

Una parte compra apartamentos para alquilar y obtener una renta en dólares. Otros buscan una segunda residencia, diversificar su patrimonio fuera de Argentina o disponer de una propiedad ante una posible radicación futura.

Los brasileños constituyen el segundo grupo extranjero con mayor presencia, especialmente en Punta del Este y la costa de Rocha. Su demanda se concentra en propiedades de playa, apartamentos de mayor superficie y desarrollos con servicios, aunque también comenzó a extenderse hacia barrios privados de Maldonado y Canelones.

Durante 2025 también aumentó el interés procedente de Estados Unidos y Europa. En este caso, el volumen de compradores es menor, pero el monto promedio de las operaciones suele ser más elevado. Carrasco, Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio son los principales destinos elegidos.

José Ignacio profundizó su posicionamiento entre compradores estadounidenses vinculados con Nueva York, Miami y los Hamptons. A ese flujo se suman europeos, principalmente españoles, italianos, franceses, alemanes y británicos, interesados en propiedades de alta gama, residencias permanentes y proyectos turísticos.

También se registraron consultas e intervenciones de inversores chilenos, paraguayos, colombianos y peruanos. Sin embargo, no existe información pública suficiente para determinar qué participación tuvieron estas nacionalidades en las operaciones realizadas durante 2025.

El crecimiento del interés extranjero no significa que el mercado dependa exclusivamente de compradores externos. La demanda uruguaya continúa representando la mayoría de las compraventas, particularmente en Montevideo y Canelones, donde predominan las adquisiciones destinadas a residencia permanente.

El régimen establecido por la Ley de Vivienda Promovida sigue siendo uno de los principales motores de la construcción y la inversión. La Agencia Nacional de Vivienda contabiliza más de 2.190 proyectos ingresados desde la implementación del sistema, con cerca de 63.000 viviendas presentadas.

Dentro de ese universo, más de 1.800 proyectos y unas 52.000 viviendas fueron promovidos. Los beneficios incluyen exoneraciones tributarias para la construcción, compraventa y alquiler de unidades ubicadas en las zonas comprendidas por el régimen.

La concentración de inversiones también plantea interrogantes. El aumento del precio de los terrenos, la valorización de los apartamentos y la utilización de viviendas como activos de renta pueden profundizar las dificultades de acceso para los hogares uruguayos.

El desafío para la política pública será mantener la capacidad de atraer capital y generar actividad en la construcción sin perder el objetivo habitacional de los incentivos. La actual administración anunció que pretende orientar una parte mayor de los beneficios hacia hogares de ingresos medios y medios bajos, proyectos de menor escala y desarrollos ubicados en el interior.

Uruguay conserva ventajas relevantes frente a otros mercados regionales: estabilidad normativa, libre movilidad de capitales, operaciones habitualmente expresadas en dólares e igualdad jurídica entre compradores nacionales y extranjeros. Esos atributos explican la continuidad del capital argentino y, al mismo tiempo, la diversificación gradual hacia Brasil, Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos.