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18.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – La muerte de un adolescente de 16 años durante un allanamiento policial en barrio Borro abrió una investigación judicial y volvió a colocar bajo foco el uso de la fuerza en operativos contra la violencia armada.

El hecho ocurrió este jueves de mañana en una vivienda ubicada en la zona de Horacio García Lagos y José Martirene, en el marco de una serie de allanamientos vinculados a disparos de arma de fuego registrados en el barrio.

Según informó el Ministerio del Interior, la investigación fue desarrollada por personal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, bajo la dirección de la Fiscalía de Flagrancia de 12.º Turno.

Las actuaciones incluyeron tareas de información, análisis e inteligencia, además del procesamiento de datos obtenidos mediante el sistema ShotSpotter, utilizado para detectar detonaciones. A partir de esos elementos, se identificaron cuatro viviendas de interés para la causa y se solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el procedimiento contaba con autorización judicial y que en total se realizaron cuatro operativos: tres en barrio Borro y uno en La Chancha.

La versión oficial sostiene que, al ingresar a una de las viviendas, los efectivos se encontraron con un joven que portaba un arma de fuego y que, según las actuaciones preliminares, la esgrimió en dirección a los policías. Ante esa situación, un efectivo disparó con su arma de reglamento.

El adolescente fue trasladado por personal policial a la Policlínica de Capitán Tula, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Negro respaldó el accionar policial y destacó que los efectivos ingresaron con cámaras corporales, lo que permitió registrar lo ocurrido durante el procedimiento.

El ministro afirmó que esas imágenes brindan “gran tranquilidad” sobre la actuación policial y serán un elemento central para esclarecer los hechos. Sin embargo, evitó adelantar detalles del contenido porque el material ya fue remitido a Fiscalía y se encuentra bajo reserva.

“Ese dato nos da una gran tranquilidad respecto del procedimiento policial, de la acción del policía que dispara al adolescente, y vamos a esperar a la resolución de la Justicia”, señaló el jerarca.

Durante el allanamiento se incautó, según Interior, una pistola Glock 19 con numeración limada y modificada, equipada con cargador extendido. En la misma vivienda fueron halladas otras dos armas.

En el conjunto de los operativos vinculados a la investigación se incautaron cinco armas de fuego, cinco cargadores —incluidos cargadores extendidos con capacidad para 30 y 50 disparos— y sustancias estupefacientes. También hubo dos personas detenidas.

La versión de la familia es diferente. Familiares del adolescente afirman que el joven no representaba una amenaza y que se encontraba durmiendo cuando la Policía ingresó a la vivienda. Sostienen que los efectivos dispararon sin justificación y reclaman que se investigue el caso con todas las garantías.

El padre del adolescente dijo ante medios locales que escuchó disparos y luego vio cómo los policías trasladaban a su hijo en una camioneta. También afirmó que el joven se asustó al ingreso de los efectivos y se dirigió hacia el fondo de la vivienda.

Consultado sobre el arma incautada, el padre reconoció que una pistola “sería de él”, aunque enmarcó esa situación en la realidad delictiva del barrio. Otros familiares insistieron en que el adolescente no tenía antecedentes y reclamaron justicia.

Tras la muerte se produjeron incidentes entre vecinos y efectivos policiales. Hubo pedradas, corridas y uso de balas de goma por parte de la Policía para dispersar a quienes se encontraban frente a la vivienda.

La investigación por los disparos que motivaron los allanamientos quedó en la órbita de Fiscalía de Flagrancia. La investigación sobre la muerte del adolescente será analizada por la Fiscalía de Homicidios, que deberá determinar si el uso del arma de reglamento se ajustó a derecho.

El caso presenta dos planos distintos. Por un lado, la investigación policial sobre armas, disparos y violencia en la zona. Por otro, la muerte de un menor de edad durante un procedimiento estatal, que exige esclarecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

Las cámaras corporales aparecen ahora como una pieza central. Si registraron de forma completa el ingreso, el momento del disparo y la posición del adolescente, podrán aportar evidencia clave para confirmar o descartar las versiones en disputa.

El Ministerio del Interior sostiene que las imágenes respaldan el accionar policial. La familia afirma lo contrario y pide que la Justicia investigue sin asumir como válida la versión oficial.

En un contexto de alta sensibilidad por la violencia armada en varios barrios de Montevideo, el episodio obliga a una investigación rápida, transparente y rigurosa. La presencia de armas incautadas no elimina la obligación de determinar si el disparo policial fue necesario, proporcional y ajustado al protocolo.

La muerte de un adolescente durante un allanamiento no puede resolverse solo con comunicados. Requiere prueba, pericias, análisis de cámaras, testimonios y control judicial.

La última palabra la tendrá la Fiscalía y, eventualmente, la Justicia. Hasta entonces, el caso del Borro queda marcado por una tensión central: la versión oficial habla de un joven armado que apuntó a la Policía; la familia sostiene que estaba durmiendo y que no representaba una amenaza.

Imagen: Carlos Negro en conferencia de prensa / Presidencia de la República.