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18.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un nuevo capítulo administrativo en el caso Marset: el excanciller Francisco Bustillo fue sometido a sumario, separado del cargo y se le retendrá el 50% de su salario como funcionario de carrera de Cancillería.

La resolución fue firmada por el canciller Mario Lubetkin y responde a las reiteradas negativas de Bustillo a declarar ante el Departamento Jurídico del ministerio, que investiga el faltante y la presunta destrucción de documentación vinculada al pasaporte uruguayo otorgado al narcotraficante Sebastián Marset en Dubái.

Bustillo fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, entre 2020 y 2023. Tras su salida de la Cancillería, continuó como funcionario de carrera del servicio exterior y actualmente se encontraba en pase en comisión como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola.

La investigación interna fue impulsada a partir de un pedido del fiscal Alejandro Machado, a cargo de la causa penal relacionada con el caso Marset. El fiscal solicitó a Cancillería reunir la mayor cantidad posible de documentación, registros e intercambios oficiales vinculados al trámite del pasaporte concedido al narcotraficante uruguayo mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos.

A partir de ese requerimiento, Lubetkin ordenó una investigación administrativa para determinar qué documentación faltaba, qué materiales pudieron haber sido destruidos y qué responsabilidades podían corresponder dentro de la estructura de la Cancillería.

En ese marco, el Departamento Jurídico convocó a declarar a funcionarios y exjerarcas vinculados al trámite y manejo posterior de la documentación. Bustillo fue citado, pero se negó a comparecer. Según informaron medios locales, ante una segunda convocatoria también rechazó presentarse y comunicó que no quería volver a ser contactado telefónicamente por los instructores.

Frente a esa negativa, y con asesoramiento jurídico interno, el canciller resolvió abrir el sumario con separación del cargo y retención de la mitad de los haberes.

La medida no implica una sanción definitiva ni prejuzga responsabilidades penales, pero sí constituye una decisión administrativa relevante. El sumario busca determinar si existió incumplimiento funcional y si corresponde aplicar sanciones dentro del régimen del funcionario público.

El caso Marset arrastra consecuencias políticas desde 2021, cuando el narcotraficante obtuvo un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en Dubái. El documento le permitió recuperar la libertad y abandonar Emiratos Árabes Unidos.

La entrega del pasaporte derivó en una de las crisis políticas más importantes del gobierno anterior. Bustillo renunció a la Cancillería en noviembre de 2023, luego de que la exvicecanciller Carolina Ache revelara intercambios y audios vinculados al manejo político del caso.

Ache había declarado ante Fiscalía sobre conversaciones mantenidas con el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en las que se advertía sobre la peligrosidad de Marset antes de la expedición del pasaporte.

La investigación también alcanzó la presunta destrucción de un documento protocolizado con chats entre Ache y Maciel. Ese material, según reconstrucciones administrativas previas, habría sido trasladado desde Cancillería a la Torre Ejecutiva y posteriormente destruido.

En octubre de 2025, Cancillería ya había resuelto iniciar un sumario administrativo contra Bustillo y el exdirector de Jurídica Carlos Mata por presuntas irregularidades vinculadas a ese episodio. La novedad ahora es la medida específica contra Bustillo por su negativa a declarar en la instrucción interna.

El punto central ya no es solo el trámite del pasaporte, sino el deber de colaboración de un funcionario de carrera con una investigación administrativa ordenada por su propio ministerio.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de Lubetkin busca mostrar que Cancillería pretende reconstruir la trazabilidad documental del caso y responder al pedido de Fiscalía. Para el gobierno, la falta de comparecencia de Bustillo obstaculiza ese proceso.

El exministro, en cambio, ha cuestionado en etapas anteriores la legitimidad del sumario y sostuvo que no puede ser sancionado nuevamente por hechos vinculados a su actuación política como canciller, luego de haber dejado el cargo durante el gobierno anterior.

Esa discusión puede abrir una nueva controversia jurídica: hasta dónde llega la responsabilidad funcional de un excanciller que, al mismo tiempo, es funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión también tiene impacto político. El caso Marset sigue siendo una herida abierta en el sistema político uruguayo, por sus derivaciones en Cancillería, Interior, Presidencia y Fiscalía.

La oposición podrá interpretar la medida como una utilización política de un episodio del gobierno anterior. El oficialismo, en cambio, la presentará como parte de la obligación institucional de esclarecer la pérdida o destrucción de documentos públicos.

Más allá de esa disputa, el sumario coloca nuevamente a Bustillo en el centro del expediente administrativo y mantiene vigente una pregunta que atraviesa todo el caso: qué sabía el Estado uruguayo sobre Sebastián Marset, cuándo lo supo y cómo se manejó la documentación que podía probarlo.

La investigación continúa abierta.

Imagen: Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores / MRREE.