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18.06.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – Uruguay fue pionero mundial en la regulación del cannabis, pero más de una década después de aprobada la ley, el acceso al cannabis medicinal sigue avanzando con lentitud. Así lo planteó la médica internista y especialista en endocannabinología Julia Galzerano, entrevistada en Desayunos Informales, de Teledoce.

Galzerano sostuvo que el país dio prioridad inicial al cannabis recreativo, en respuesta a una demanda social y con el objetivo político de enfrentar al narcotráfico, pero que el desarrollo medicinal quedó rezagado.

“En nuestro país, a diferencia de otros lugares en que se regularizó el cannabis, se le dio más importancia al inicio al cannabis recreativo”, señaló. A su juicio, ese proceso fue legítimo porque respondía a una demanda de la sociedad civil, pero dejó pendiente una política más clara para pacientes, médicos e investigadores.

La Ley 19.172 fue aprobada en diciembre de 2013, durante el gobierno de José Mujica, y colocó a Uruguay como el primer país del mundo en regular de forma integral el mercado de cannabis. Sin embargo, la reglamentación específica vinculada al uso medicinal llegó recién en 2015.

Según Galzerano, allí apareció el primer problema práctico: el país tenía marco normativo, pero no contaba con médicos formados, medicamentos disponibles ni una estructura sanitaria preparada para incorporar el cannabis medicinal como herramienta terapéutica.

Desde el Sindicato Médico del Uruguay se impulsó en 2016 un proceso de formación profesional. Ese año se organizó un curso y el primer congreso internacional de cannabis medicinal, que luego dio lugar a la creación de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología.

A partir de entonces, médicos, investigadores y pacientes comenzaron a trabajar con productos importados desde Brasil, Suiza y Alemania, mientras Uruguay avanzaba lentamente hacia la disponibilidad de productos nacionales.

El primer producto de cannabis medicinal hecho en el país llegó en 2017 y, a partir de 2018, comenzaron a aparecer nuevas presentaciones. Pero Galzerano remarcó que el proceso siguió siendo lento y que el acceso quedó limitado por costos, disponibilidad y falta de incorporación plena al sistema de salud.

En diciembre de 2019, el Parlamento aprobó una nueva ley orientada a mejorar el acceso al cannabis medicinal y terapéutico, así como a promover la investigación. La expectativa era que esa norma permitiera ampliar la disponibilidad de tratamientos de calidad controlada y facilitar el uso de formulaciones magistrales.

Pero la pandemia de covid-19 frenó parte de ese impulso. Galzerano recordó que en 2020 el tema quedó “frisado”, porque el sistema sanitario debió concentrarse en otras prioridades urgentes.

El debate volvió a tomar fuerza en los últimos años. El Ministerio de Salud Pública cuenta actualmente con un Programa Nacional de Acceso al Cannabis Medicinal y Terapéutico, cuyo objetivo es incluir estos tratamientos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, se creó un comité técnico asesor en la órbita del MSP para trabajar sobre cannabis medicinal y terapéutico. Según informó Teledoce con base en El Observador, ese comité volvió a solicitar este año el ingreso del cannabis medicinal a la lista oficial, en lo que constituye un nuevo intento de incorporación al sistema.

El punto central es el acceso. Especialistas advierten que, pese a los avances normativos y productivos, muchos pacientes siguen enfrentando tratamientos costosos, dificultades para conseguir productos adecuados y falta de cobertura suficiente dentro del sistema de salud.

Ese escenario favorece también un riesgo sanitario: cuando los productos regulados son inaccesibles o insuficientes, algunos pacientes terminan recurriendo a preparados informales comprados por internet o elaborados sin controles de calidad, sin dosificación precisa ni seguimiento médico.

La discusión no es solo comercial o regulatoria. Para los médicos formados en endocannabinología, el cannabis medicinal debe ser tratado como un recurso terapéutico dentro de criterios clínicos, con indicaciones claras, productos trazables, farmacovigilancia y capacitación profesional.

Uruguay dispone hoy de licencias, laboratorios, empresas, conocimiento médico y un marco legal más desarrollado que el de muchos países de la región. Sin embargo, la distancia entre regulación, producción y acceso efectivo sigue siendo uno de los principales obstáculos.

El caso muestra una paradoja uruguaya: el país que se adelantó al mundo en regular el cannabis todavía discute cómo integrar plenamente su uso medicinal al sistema de salud.

Galzerano planteó que la insistencia de médicos, pacientes y especialistas apunta justamente a corregir ese desequilibrio. No se trata de retroceder en la regulación recreativa, sino de completar una política pública que nació integral, pero avanzó de forma desigual.

A más de diez años de la ley de 2013, el cannabis medicinal vuelve a reclamar lugar en la agenda sanitaria. La pregunta ya no es si Uruguay puede regularlo, sino si está dispuesto a garantizar un acceso real, seguro, controlado y clínicamente acompañado para quienes lo necesitan.

Imagen: cannabis medicinal / Ministerio de Salud Pública.